Iniciativas legislativas populares en Catalunya, la otra agenda

Los movimientos sociales catalanes luchan por incluir temas sociales en la agenda electoral.

02/09/15 · 8:00
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Manifestación a favor de la ILP de la PAH en febrero de 2013 en Barcelona. / Joan Alvado

Catalunya vive un momento excepcional. El 3 de agosto, Artur Mas convocaba unas elecciones autonómicas para el 27 de septiembre que la mayoría de partidos han catalogado de históricas y que, según aseveran las formaciones independentistas, están dotadas de un carácter plebiscitario. Asimismo, desde la candidatura Junts pel Sí, integrada por Convergencia, ERC y miembros de entidades civiles soberanistas, explican que estos comicios brindarán la posibilidad de crear “un nuevo país que mejore la vida de las personas”.

Lo cierto es que la realidad social va más allá de la creación de un nuevo Estado. Según datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2015, la tasa de desempleo en Catalunya es del 19,1%, con un total de 726.200 de parados. En 2014, además, un 20,9% de la población catalana vivía por debajo del umbral de la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística.

La ILP contra los desahucios y la pobreza energética, tras conseguir 143.000 firmas, fue la primera en ser aprobada

Para hacer frente a esta situación de emergencia social, desde diversas plataformas han surgido en los últimos tiempos tres iniciativas legislativas populares (ILP), que necesitan de 50.000 apoyos para iniciar su trámite parlamentario. La ILP contra los desahucios y la pobreza energética, tras conseguir 143.000 firmas, fue la primera en ser aprobada, por unanimidad, en el Parlament catalán el pasado 23 de julio. Las ILP que defienden un renta garantizada para la ciudadanía, con 121.000 apoyos, y por la educación pública, con 95.000 firmas, son las otras dos propuestas que luchan por incluir los temas sociales en la apretada agenda electoral catalana.

Momentos de confluencia

Ramon Franquesa, miembro de la comisión promotora del Foro de Alternativas al Paro, la Pobreza y la Desigualdad, denuncia que en los últimos años se ha hablado de otros temas mientras los recursos públicos se iban privatizando y los derechos sociales se degradaban progresivamente. Franquesa esgrime que es fundamental que los movimientos sociales hagan pedagogía sobre la existencia de soluciones que difieren del pensamiento hegemónico.

“Exis­te una minoría que ha impuesto el discurso de que cualquier intento de salir del camino que marcan los recortes nos conducirá al caos. Es falso. Nuestra misión es señalar cuál es el objetivo de los recortes, el origen de la deuda, y cuáles son las soluciones posibles”, sostiene.

Uno de los momentos de confluencia fue la Tercera Marcha por una Catalunya sin Paro, Preca­rie­dad, Pobreza y Desigualdad, iniciada el 6 de julio en Badalona. Tras pasar por Granollers, Terrassa, Abrera y Martorell, acabó tres días después en la puerta del Parlament. Desde asambleas de parados hasta Attac, pasando por los Iaioflautas y la Marea Pensionista, la movilización contó con el respaldo de numerosas organizaciones con reivindicaciones diversas.

Para Albert Pallàs, activista de la Pla­taforma de Afec­tados por la Hipo­teca de Barcelona y miembro de la Comisión Pro­motora de la ILP contra los desa­hucios y la pobreza energética, muchas de las demandas tienen en común que son batallas para recuperar derechos fundamentales. “La confluencia de movimientos es necesaria porque estas luchas se ganan en la calle”, sentencia.

Desde la marcha se demandó la aprobación de las tres iniciativas legislativas populares, la revalorización de las pensiones y una reducción de la jornada laboral. También se mostró una férrea oposición al Tratado Trans­atlán­tico de Comer­cio e Inversiones (TTIP).

Otro momento de confluencia fue el Foro de Alternativas al Paro, la Pobreza y la Desigualdad –germen de la tercera marcha– que se celebró el pasado mes de abril en Barcelona, y en el cual más de 60 entidades generaron “un espacio común de debate y reflexión” con medio centenar de talleres.

Educación, sanidad y vivienda

Los colectivos impulsores de las ILP de vivienda y educación volverán a aunar esfuerzos en una marcha conjunta los días 18, 19 y 20 de septiembre. “El objetivo principal de esta iniciativa es poner sobre la agenda electoral todas estas cuestiones sociales”, apunta Oscar Simón, miembro de la Comisión Promotora de la ILP de educación, “en un escenario en el que, escépticamente hablando, todo podría quedar disuelto en la dialéctica Cata­lunya-España”, matiza.La marcha constará de tres columnas, que saldrán de Sabadell, Sant Vicenç dels Horts y Mataró, tematizadas individualmente por la vivienda, el paro y la educación.

Los colectivos impulsores de las ILP de vivienda y educación volverán a aunar esfuerzos en una marcha el 18, 19 y 20 de septiembre

Cada bloque llevará banderas de diferentes colores. “Los partidos y sindicatos que participen irán detrás del conjunto de banderas. No queremos que sea una manifestación partidista”, señala Simón. Una cuarta columna, promovida por la Marea Blanca, empezará el recorrido directamente desde la misma ciudad condal, donde también acabarán las demás, con la defensa de la sanidad pública, universal y gratuita como principal demanda.

Junto a la ILP de educación, la otra propuesta de ley que se está tramitando actualmente en el Par­la­ment es la ILP de la renta garan­tizada de ciudadanía, que pretende asegurar un ingreso mínimo que cubra las necesidades fun­da­mentales. Concre­tamente, la iniciativa propone una renta de 664 euros para las personas que no perciban ningún ingreso en 12 meses. Diosdado Toledano, uno de los portavoces de esta iniciativa, relata que se desmarcaron de la marcha de septiembre porque las fechas “no eran buenas” al coincidir con la campaña electoral. En estos tiempos “se produce una desmo­vilización de lo social prác­ti­camente ine­vitable”, apunta.

Fruto de la presión ejercida, sostiene Toledano, han conseguido el compromiso por parte de Iniciativa, las CUP, Bar­celona en Comú, Esque­rra Unida i Alter­nativa, Procés Consti­tuent, Podemos y el PSC para que después de las elecciones del 27S el contenido de la propuesta de ley –sin enmiendas que devalúen su contenido– sea lo primero que se vote en el Parlament. “Para movilizarse hay que esperar primero a ver si cumplen su palabra. En caso contrario, o si percibimos actitudes negativas, será el momento de quemar el cartucho. No ahora”.

Oscar Simón destaca el apoyo social que han conseguido las tres iniciativas legislativas, construidas “desde el convencimiento de que contienen unas reivindicaciones totalmente justas y legítimas”.

“Si bien es cierto que la implicación social ha sido alta, no podemos decir lo mismo de la insti­tucional”

Sin embargo, Toledano denuncia una “actitud obstruccionista” por parte de CiU con la colaboración de otras fuerzas: “Si bien es cierto que la implicación social ha sido alta, no podemos decir lo mismo de la insti­tucional”. Apunta asimismo que el partido de Artur Mas está alargando premeditadamente el proceso para desmovilizar a la opinión ciudadana.

Por lo que respecta a la ley de vivienda, el texto presentado fue consensuado por todo el arco parlamentario, excepto por Ciutadans –que en un principio la había dado por buena– y el Partido Popular, quienes interpusieron demandas parciales. En relación a la iniciativa legislativa popular por la educación pública, Simón explica que desde el principio cuenta con el apoyo de las CUP y de Podemos, pero que Convergencia y el PP se han pronunciado en contra. “Ahora toca negociar, presionar y movilizar. Hemos de centrar el debate y evitar que nos hagan una enmienda a la totalidad de la ley, como ya pasó con la ILP de la soberanía alimentaria”, concluye.

En las sesiones plenarias después del 27S se verá si realmente existe una voluntad política para aportar “pan, techo, trabajo y dignidad”.

Iniciativas Legislativas Populares

ILP contra los desahucios y la pobreza energética

La iniciativa legislativa popular contra los desahucios y la pobreza energética fue aprobada el pasado 23 de julio, después de que se entregaran 143.380 firmas al Parlament y de que todos los partidos votaran a favor. Con este número de apoyos, la comisión promotora casi triplica el mínimo de firmas necesarias, unas 50.000, para la tramitación de una ILP. Para acabar con la pobreza energética y la emergencia habitacional propone cinco medidas: dar una segunda oportunidad a las personas sobreendeudadas o deudoras de buena fe; ningún desahucio para las familias en ejecución hipotecaria; ofrecer alquileres sociales para las familias en régimen de alquiler con riesgo de desahucio; la creación de un parque público de alquiler y no más cortes de luz, agua o gas. 
 

143.000 firmas, 38.098 cortes de luz y 3.698 desahucios

El pasado 28 de mayo se presentaron las más de 143.000 firmas que avalaban la ILP contra los de­sahucios y la pobreza energética, elaborada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC. En ese momento, la comisión promotora puso en marcha en su web un contador con tres columnas: en la de la izquierda anotaba los ­días que llevaba la ILP en proceso de tramitación, y en las dos de la derecha contaba los cortes de suministro y los desahucios que se habían producido en ese tiempo. Desde aquel 28 de mayo hasta el 21 de agosto, el contador marcaba 86 días sin ILP,  38.098 cortes de suministros y 3.698 desahucios.
 

Educación pública de la guardería a la universidad

La ILP por la educación pública nació en el verano de 2013 a partir de una propuesta de la ‘asamblea amarilla’ para crear una nueva ley de enseñanza, en el contexto de la primera marcha por la educación pública, que tuvo lugar en agosto del mismo año, en un contexto de reivindicaciones del Estado del bienestar y luchas contra los recortes en el mundo de la docencia. Esta ILP reivindica un sistema educativo laicista, donde el catalán sea la lengua vehicular, donde se apueste por la igualdad de género y la recuperación de la gestión democrática de los centros y su progresiva desmercantilización. En este sentido, se oponen a cualquier tipo de privatización y reivindican la gratuidad de la matrícula universitaria. La ILP, que se encuentra en proceso de debate parlamentario, ha conseguido 95.000 firmas.

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