Deniegan la tarjeta sanitaria a Santos Blasina, hondureña de 81 años, residente en España y enferma de Parkinson

El colectivo Yo Sí Sanidad Universal demanda que se reconozca el derecho a la tarjeta sanitaria a Santos Blasina, hondureña de 81 años residente en España y enferma de Parkinson, que se le ha denegado varias veces.

28/07/15 · 12:13
Acción contra el Decreto-Ley 16/2012. en abril de 2014. / David Fernández

La plataforma Yo Sí Sanidad Universal ha presentado una demanda para reclamar el derecho de Santos Blasina, hondureña de 81 años con permiso de residencia en España, a tener la tarjeta sanitaria que le ha denegado el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Guadalupe Cordova, hija de Blasina, con doble nacionalidad española y hondureña, trajo a su madre en febrero de 2013 a España para cuidarla, ya que está enferma de Parkinson.

Blasina ha solicitado en reiteradas ocasiones el derecho a la asistencia sanitaria en el INSS. En marzo se realizó la solicitud por registro y ante la respuesta negativa recibida por escrito se realizó una reclamación administrativa, previa a la vía judicial, que también ha sido rechazada.

Para agravar la situación, Blasina recibió en mayo una carta de la Oficina de Extranjería donde se le informaba de que habían tenido noticia de la denegación por parte del INSS de su solicitud de tarjeta sanitaria, advirtiéndola de que si en el plazo de 15 días no presentaba alegaciones con respecto al seguro médico que debía tener contratado, se procedería a la extinción de su tarjeta de residencia en España.

El seguro médico del que habla la Oficina de Extranjería no le fue requerido jamás cuando solicitó la tarjeta de residencia que le fue concedida en abril de 2014 por una duración de cinco años.

Yo Sí Sanidad Universal considera "inmoral que la Oficina de Extranjería solicite este seguro ante informaciones remitidas por el INSS, cuando éste está precisamente denegando la tarjeta sanitaria a una persona que cumple los requisitos legales para obtenerla" y explican que, llegado el caso, pedirán la suspensión cautelar de la extinción de la tarjeta de residencia hasta que concluya el proceso.

En cuanto a plazos de resolución, en el colectivo calculan en torno a los doce meses. "Ahora tiene que contestar el INSS, suponemos que no habrá conciliación y se celebrará la vista judicial de aquí a un año".

Ganar esta demanda, explican desde la plataforma, supondría un precedente legal, unido a los casos ya ganados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en el de Castilla y León, y ayudaría a visibilizar la arbitrariedad del Real Decreto-Ley 16/2012,
que supone la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias.

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