"¡Yo asilo, yo asilo!", gritaba Abdoulaye Mara la noche del pasado 11 de marzo, encaramado a la última de las alambradas que componen la valla de Melilla.

El joven malíense de 22 años pudo descender y siguió pidiendo auxilio a gritos, ya con sus pies en suelo español. Sus palabras no fueron lo bastante claras: los agentes de la Guardia Civil lo maniataron y lo devolvieron a Marruecos.

Su testimonio, que sustenta esta narración, ha servido para denunciar al Estado español ante el Comité de Discriminación Racial de las Naciones Unidas. De esta manera pretenden los denunciantes, del Comité René Cassin, tratar de frenar una praxis fronteriza que obstruye a las personas de origen subsahariano la posibilidad de acceder a las oficinas de asilo y las devuelve al otro lado de la frontera en caso de elegir la única alternativa restante: la entrada ilegal.

En efecto, para la inmensa mayoría de las personas que intentan cruzar esta frontera no es una alternativa, como tampoco lo es quedarse en Marruecos, cuyas fuerzas de seguridad no dudan en aplicar la violencia contra ellos.

Según Frontex, el 80% de las personas que llegan a Europa son potenciales beneficiarias de asilo: huyen de la guerra, la violencia o la persecución

Según la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), el 80% de las personas que llegan a Europa son potenciales beneficiarias de asilo: huyen de la guerra, la violencia o la persecución.

Desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) insisten en la importancia trascendental de delimitar los conceptos. Los migrantes, especialmente aquellos que lo hacen por motivos económicos, eligen desplazarse para mejorar sus vidas. Los refugiados, por el contrario, tienen que hacerlo para ponerse a salvo o conservar su libertad.

No obstante, si bien existe un consenso en torno a esta diferenciación de términos, los cambios experimentados en el seno de los Estados, así como los del sistema internacional, emborronan este trazado.

La violencia se transforma y, con ella, las situaciones en las que las personas ven en peligro su seguridad. Honduras es, según la ONU, el segundo país con mayor tasa de homicidios del mundo (90,4 por cada 100.000 habitantes). Siria es el primero. Los migrantes hondureños son continuamente deportados desde Estados Unidos. ¿Por qué no se habla de refugiados y, por tanto, de protección internacional en esta parte del mundo? Como guerra no declarada, Honduras no tiene refugiados.

Jorge García Burgos, investigador en migraciones y desarrollo de Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid (IUDC-UCM), entiende al migrante como una categoría "demográfica y objetivable" y al refugiado como categoría "política". Entrevistado por Diagonal para este reportaje, incide en las limitaciones de esta concepción de "refugiado" para integrar, por ejemplo, a desplazados internos o a migrantes por causas ambientales.

¿Quién muere en las embarcaciones que surcan el Mediterráneo? ¿Quién se expone a la violencia fronteriza para tratar de atravesar las vallas de Ceuta y Melilla? Desde ACNUR critican que el asilo esté ausente en el discurso oficial de la política española.

Ministros españoles como Fernández Díaz (titular de Interior) o García-Margallo (de Asuntos Exteriores) han indignado a activistas y organizaciones implicadas al menospreciar la presencia de refugiados en estos flujos de población.

Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia y antiguo presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, insiste en la evidencia empírica de un cambio cualitativo en estos movimientos: "Si hasta 2011 los flujos se relacionan con la desigualdad económica y el desequilibrio demográfico (el Mediterráneo como la falla demográfica más grande del planeta), en los tres últimos años se deben sobre todo a los conflictos y la inestabilidad política, lo cual nos obliga a hablar, como mínimo, de flujos mixtos de inmigrantes y refugiados".

ACNUR considera 2014 como el año con mayor número de desplazamientos forzosos de la historia

En efecto, los datos de ACNUR contradicen el discurso gubernamental. 2014 ha sido, según el organismo dependiente de las Naciones Unidas, el año con mayor número de desplazamientos forzosos de la historia. En todo el mundo hubo 19,5 millones de refugiados, 38,2 millones de desplazados internos y 1,8 millones de personas a la espera de la resolución de sus solicitudes de asilo.

Las personas que están llegando de manera irregular al continente europeo proceden en su mayoría de Siria, Eritrea, Afganistán y Somalia. "Refugiados de manual", comenta de Lucas en la entrevista concedida a este periódico.

El discurso oficial negacionista no se limita a la simplificación de los movimientos. El auge del Daesh (siglas del Estado Islámico en árabe) y los recientes atentados terroristas llevados a cabo dentro de las fronteras europeas han dado mecha a un discurso securizador que no tiene reparos en criminalizar a los migrantes.

No es casualidad que Fernández Díaz afirme que entre los inmigrantes irregulares "se cuelan también terroristas yihadistas" ni que su homólogo francés, Manuel Valls, recupere la "guerra de civilizaciones" de Samuel Huntington.

"Las políticas migratorias se basan en dos obsesiones", señala de Lucas, "por un lado, la adecuación de la inmigración a los puestos de trabajo; y, por otro, la presentación de la inmigración como un problema de orden público, que en la actualidad ha pasado al terreno de la seguridad y la defensa. Antes era un problema de orden público, con el viejo argumento de que la inmigración era un puente que engrosaba el ejército de reserva de la delincuencia. Hoy esa tesis ha pasado a los términos de la defensa, con el argumento que repiten todos los gobiernos conservadores de que con los inmigrantes lo que vienen son terroristas, en este caso de Al-Qaeda o del Daesh. Yo no digo que no exista esa posibilidad, pero no hay que olvidar que los terroristas que cometieron los atentados del 11-S no fueron en patera a Frankfurt, sino que viajaba en condición de turista normal".

El concepto de securización, forjado por los estudios críticos de seguridad, descarta el carácter objetivo de las amenazas y pone el énfasis en quién decide qué es una amenaza, por qué y para qué.

Kalir Barak, profesor de la Universidad de Ámsterdam, defiende que estas acciones de territorialidad fronteriza conforman un acto simbólico de control estatal. En un contexto de desmantelamiento del Estado de bienestar, el aparato estatal pierde la soberanía ante los ojos de los ciudadanos, al considerar éstos que aquel es incapaz de solucionar sus problemas. Las deportaciones o la militarización, por tanto, de la frontera pretenden sustentar la fantasía de un Estado soberano.

García Burgos insiste en la perspectiva: "Solo importa lo que pasa en las fronteras". De esta manera, el discurso político y mediático, que según el investigador está "fuertemente ideologizado", logra difuminar la realidad de las migraciones. "Un planteamiento amplio debería incluir no solo la seguridad de las fronteras; también la seguridad económica, alimentaria, política o medioambiental de las regiones de origen de los migrantes", añade.

El último pulso entre los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión, institución que encarna la supranacionalidad comunitaria, ha puesto de relevancia la hipocresía de las democracias europeas a la hora de afrontar la cuestión de los refugiados. El "espectáculo de bazar", como lo llama el catedrático de Lucas, terminado en un plan de reparto voluntario, se desencadenó por una cifra de 40.000 demandantes de asilo llegados a Grecia e Italia desde abril.

En la reunión de ministros de Interior en la que se negoció este reparto el pasado lunes 20 de julio, no se logró alcanzar el acuerdo prometido a finales de julio. La falta de voluntad de los líderes europeos ha dejado fuera del reparto a más de 7.000 personas.

España ha sido uno de los países que ha roto los cálculos: se limita a abrir sus puertas a 1.300 de los 4.288 que Bruselas le había pedido. El acuerdo sobre la reubicación de los 7.000 restantes se posterga hasta diciembre. En este contexto, que la UE asuma un compromiso comparable al que a día de hoy mantienen países como Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Etiopía o Jordania, todas naciones que superan el medio millón de refugiados en su territorio, parece un horizonte utópico: ningún Estado miembro acoge a más de 300.000 refugiados.

De Lucas insiste, no obstante, en el error que supone incurrir en la "cuestión humanitaria" de los refugiados: "Al mismo tiempo que admiro muchísimo el trabajo de buena fe de tantas miles de personas ejemplares que militan en ONG y que ofrecen su trabajo y tiempo, lo considero, con todos mis respetos, un tiro en el pie, pues es la coartada perfecta para que los Estados se desentiendan".

Cita como ejemplo el desmantelamiento de los servicios públicos de los últimos años y la asunción de estas funciones por las familias u ONG. "Insisto en el máximo respeto y la máxima admiración por los voluntarios que trabajan en la ayuda a inmigrantes y refugiados", continúa, "ahora bien, considero que lo que hay que exigir es el cumplimiento de deberes jurídicos. Todos los Estados europeos son parte del sistema de derecho internacional de refugiados; por lo tanto, tienen obligaciones jurídicas a la hora de dar oportunidad a las personas que quieran hacerlo de plantear una demanda de asilo, de cursarla y de reconocerla si tiene fundamento. Además, todos los Estados tienen el deber de salvar la vida de las personas que estén en el mar. No hay que apelar a la buena conciencia, sino a las obligaciones, y exigir responsabilidades".

Los refugiados huyen de situaciones en las que su vida está en peligro. La solución, por tanto, no debe perder de vista el contexto que fomenta estos movimientos. "En España y otros países europeos se utilizaron las políticas de cooperación para el desarrollo como elemento de contención de la migración, con poco resultado", señala el investigador García Burgos.

Resulta llamativo que los conflictos o la violencia en Siria, Afganistán o Somalia, así como las violaciones de derechos humanos por regímenes dictatoriales como el de Eritrea, o las desigualdades estructurales dentro y entre los países, brillen por su ausencia en el debate sobre qué hacer con estas personas. "Mientras no se aborden sus causas, no tiene sentido que estemos hablando de políticas migratorias o de asilo", sentencia el profesor de Lucas.