Periodismo
Colombia: violencia política y falsos positivos judiciales

Distintas organizaciones denuncian que miembros del movimiento estudiantil están siendo detenidos bajo la acusación de pertenecer a la guerrilla ELN por un "afán de mostrar resultados".

, @antonio_giron
14/07/15 · 8:00
Acción en Bogotá el 9 de julio para denunciar las detenciones.

Universidad Nacional, Bogotá, 20 de mayo de 2015. En el cruce de la carrera 30 con calle 45, en la entrada oriental de la Universidad, un grupo de alrededor de 40 encapuchados, parapetados con escudos, cascos y máscaras antigás, se enfrentan con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.  Después de tres horas de enfrentamientos, los hechos son considerados por las autoridades como los más graves de los últimos años. De modo que el rectorado suspende temporalmente las clases. La Universidad Nacional de Colombia, lamentablemente, tiene una larga historia de violencia política.

Casa de Nariño, 3 de julio de 2015. Después de la explosión de dos petardos en la capital, que afectan sedes del fondo de pensiones Porvenir, el presidente Santos se dirige a la nación en comparecencia de prensa. “Todas las hipótesis apuntan a que la guerrilla del ELN sería la responsable de los recientes atentados”.

La declaración del presidente colombiano aleja las sospechas sobre la responsabilidad de las FARC, cuyos negociadores aseguran desde la mesa de negociación en La Habana: “Muchos hechos se le atribuyen a las FARC, aunque no lo sean, pareciéndose más a una pesca en río revuelto de una extrema derecha que no quiere el progreso de los diálogos".

A pesar de llevar un año reportando atentados en la capital, con 14 explosiones en localidades como Chapinero, Teusaquillo, Usaquén, Kennedy, Santa Fe y Engativá, será el 2 de julio de 2015 cuando se elabore una orden de trabajo coordinado entre la nación y el distrito. Para ello, la Policía saca a la calle a 500 uniformados, mientras que 2.000 soldados rondarán en las afueras de la ciudad para reactivar el "plan candado". A esto se sumará, por descontado, el trabajo mancomunado de las agencias de inteligencia.

En el breve transcurso de unos días, las autoridades colombianas informan: ya se han obtenido los primeros resultados. Luego de revisar las cámaras de seguridad, se cuenta con retratos hablados de los presuntos autores y se está tras la pista de una mujer que habría dejado uno de los dos artefactos.

8 de julio de 2015. Integrantes del movimiento estudiantil y social de Bogotá rechazan la captura de 16 jóvenes en la capital, en su mayoría estudiantes, que desde el gobierno y diversos medios de comunicación son presentadas como integrantes del ELN.

“Las personas que están siendo detenidas no van a tener responsabilidad alguna frente a los últimos hechos en Bogotá”, asegura Franklin Castañeda, presidente de Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, “es lastimoso que cuando se habla de paz el gobierno profundice en actos de persecuciones políticas sistemáticas para dar respuesta a los atentados”.

Alberto Castilla, senador del Polo Democrático Alternativo, exige al gobierno que responda por el asesinato del líder campesino Carlos Pedraza, en lugar de presentar "falsos positivos judiciales". En Colombia se recogen actualemente más de seis mil casos probados de los llamados "falsos positivos", una práctica sistemática donde fuerzas de seguridad del estado presentan bajas civiles como resultado en la lucha contrainsurgente. Los falsos positivos, presentados ante la Corte Penal Internacional por la Federación Internacional de Derechos Humanos, involucran al expresidente Álvaro Uribe, pero también al que fuera su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, actual presidente colombiano.

Los señalamientos de medios de información y del Gobierno a los jóvenes capturados limitan la independencia judicial y el poder público, condicionan la acción de los jueces
Por su parte, la vocera del Congreso de los Pueblos, Alexandra Bermúdez, afirma que los señalamientos de medios de información y del Gobierno a los jóvenes capturados limitan la independencia judicial y el poder público, condicionan la acción de los jueces "anticipando una condena, al señalarlos como miembros de la guerrilla del ELN" y exige garantías mínimas: respeto al debido proceso y derecho a la presunción de inocencia.

El secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Augusto Choachí, afirma que la comunidad universitaria viene siendo blanco de "falsos positivos judiciales" e indica que los estudiantes de la universidad capturados, “se encontraban fuera de la ciudad, en Fusagasugá, preparando actividades académicas” en el momento de las explosiones de cuya autoría son acusados.

Durante la misma rueda de prensa, se denuncian más de 13.000 demandas administrativas por errores judiciales. Así mismo, entre el 2009 y el 2012, 8.600 personas fueron vinculadas a la insurgencia, pero más del 75% de los capturados ya fueron declarados inocentes.

Voceros del movimiento social y político de la capital colombiana afirman que las capturas de los líderes estudiantiles y sociales obedecen al "afan de mostrar resultados" más que a investigaciones serias y eficientes para establecer los verdaderos responsables de las explosiones.

Entre los capturados, se encuentran Heiler Lamprea, representante del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional;, Lorena Romo Muñoz, líder estudiantil del proceso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE); el periodista Sergio Segura, corresponsal de la Agencia Colombia Informa o Paola Salgado, reconocida abogada defensora de derechos humanos, con un gran reconocimiento en el movimiento feminista,  por su labor de litigio e investigación sobre violaciones a los Derechos Civiles y Políticos, infracciones al DIH y violencia contra las mujeres.

"Hoy no es un buen día para hacer justicia en un país de mierda", afirman desde Kinorama, agencia de comunicación independiente vinculada a la Red Audiovisual Alternativa de Bogotá. El 9 de julio de 2015 producen el video que presentamos a continuación. En las puertas de los juzgados bogotanos de Palo Quemao, familiares de los detenidos alertan sobre los "falsos positivos judiciales".

Acompañados de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, ambientalistas y defensoras de derechos humanos, denuncian que los "falsos positivos judiciales" constituyen un ataque contra los derechos de asociación, protesta, debido proceso, expresión y frente al derecho a defender los derechos humanos en Colombia.

 

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