La firma de ese acuerdo por parte de los sindicatos CC OO y UGT, la patronal de las grandes empresas, CEOE, y la de las pymes, CEPYME, deja sin resolver una de las incógnitas que planean sobre el acuerdo social desde el fin de la fase de conflicto que tuvo lugar tras la segunda huelga general de 2012: si esto significa que los salarios se van a descolgar definitivamente del índice de precios al consumo. Pero, a falta de saber si la ruptura con el “patrón-IPC” es definitiva, el acuerdo marca el límite hasta el que podrán subir los salarios en la negociación colectiva: un 1% en 2015, un 1,5% en 2016 y un “ya se verá” en 2017. “Efectiva­mente, en ese acuerdo se ha dado un paso importante en una tendencia de desvincular el aumento del salario al IPC”, explica Juan Escribano, profesor de Derecho del Trabajo en la Univer­sidad de Almería, pero “la utilización del IPC tampoco garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo salarial ya que no todos los productos tenidos en cuenta en el cálculo del IPC tienen el mismo peso en el día a día de las clases trabajadoras”.
 

Mikel de la Fuente, profesor de la UPV-EHU, considera “insuficiente” la subida pactada en junio y advierte de que “además de escasas, son subidas máximas no garantizadas”. El acuerdo sólo marca su límite por arriba, de forma que, como ya anunció Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, caben subidas “hasta el 1%” y bajadas “hasta el infinito”. Pero, recuerda De la Fuente, “incluso aunque los incrementos estuvieran garantizados”, las recientes normativas permiten descuelgues en distintas materias, “entre ellas el salario, incluso de subidas pactadas garantizadas”.      

Escribano incide en que, en una realidad como la del Estado español, en la que el poder negociador de los trabajadores es escaso por el peso de las empresas pequeñas y medianas –que generan el 70% del empleo–, la negociación confederal “queda en papel mojado”. Serán las circunstancias de cada empresa las que, en última instancia, determinarán los niveles salariales. 
 

Tradicionalmente, la situación de una inflación por debajo del 1% bajo la que se firmó el acuerdo no se mantiene en un contexto de recuperación, recuerda el profesor de Dere­cho del Trabajo José Luis Carretero. Un aumento del PIB suele llevar aparejado un alza de los precios por el aumento de la confianza de los consumidores que no necesitan esperar a una situación propicia para comprar. Para Carretero, el acuerdo se explica porque la patronal “intenta anclar la posibilidad de recuperación para que no se produzca en el marco de las rentas salariales sino que vaya para el bolsillo de las rentas derivadas del capital”.        

Las previsiones de crecimiento del PIB (+1,5% en 2014 y +3% en 2015) en que se basa el discurso de la recuperación económica muestran esa política de reparto cicatero hacia las rentas del trabajo, que no se verán recompensadas vía salarios y que pueden incluso disminuir si se alcanzan cifras de inflación consideradas “normales” como el 2%. Un nivel fácilmente recuperable si se detiene la caída de los precios del petróleo o si aumenta el gasto de los hogares, explica Raúl Lorente, profesor de So­ciología del Trabajo de la Uni­ver­sidad de Valencia. “El problema está básicamente en la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido en la última década”, sintetiza Lorente, para quien la reforma laboral de 2012 tenía el objetivo no confesado de llevar a cabo una devaluación salarial sobre la que ya se advierte desde organismos internacionales y foros empresariales. No por una cuestión de filantropía, sino porque la recuperación no se aborda “desde bases endógenas, sobre el mercado interno y la reactivación a través de la demanda interna” dice Lorente.
 

El 16 de junio, Expansión titulaba en una información que el Gobierno se plantea “hacer un guiño salarial” a los funcionarios. Hacienda habría mostrado disposición para negociar con los representantes del sector público un aumento de la tasa de reposición, que ha supuesto la destrucción de puestos de trabajo y el aumento de carga laboral para los supervivientes, y la devolución de la paga extra suprimida a mayor gloria de las exigencias de la austeridad. En cualquier caso, señala Carretero, las medidas que se han filtrado a la prensa no suponen un aumento del poder adquisitivo, sino una devolución de lo que en derecho se debe a los trabajadores de lo público.      

 

Para Mikel de la Fuente, es posible que el aumento del PIB anunciado para el cierre del año haya que enmarcarlo en el contexto de “noticias positivas” previo a la campaña electoral. Asimismo, la relativización de los objetivos de déficit es para De la Fuente una medida temporal que “muy previsiblemente va a terminar en el supuesto de que haya una mayoría partidaria del statu quo en el próximo Gobierno”.
 

Carretero cree que otra de las constantes de los ciclos electorales no se está dando en esta ocasión: “En un contexto de recuperación y de escenario electoral, en el que se da la posibilidad de que aumenten las rentas y, por tanto, para presionar para recuperar el poder adquisitivo y al mismo tiempo se da una situación de debilidad de la clase dirigente y el empresariado por el propio contexto electoral, lo normal es que se estuvieran produciendo muchas huelgas y muchos embates de la clase trabajadora”. Pero el retroceso de los conflictos es la tónica: tras los repuntes en 2012 y 2013, el año pasado el número de jornadas no trabajadas con motivo de huelgas cayó de un millón a 600.000.
 

La descomposición del mundo sindical y del trabajo no sale reforzada de la firma de acuerdos como el alcanzado en junio, dado que “ir a acuerdos con la patronal no hace más que retirar apoyo social a los sindicatos”, señala Lorente. 

El problema es que “cuando hablan de medidas incentivadoras para la contratación de jóvenes no se establecen compromisos claros”, señala Mikel de la Fuente. Para Lorente, “en la parte de salarios los acuerdos quedan muy bien fijados, pero en las contrapartidas de creación de empleo quedan totalmente difusos, con lo cual estás dando un cheque en blanco”.
 

Personas que trabajan en un laberinto de subcontrataciones; que encadenan trabajos a tiempo parcial; con bajos salarios –un 13% de la población cobra el salario mínimo interprofesional, un 17% en el caso de las mujeres– y pocas perspectivas –“si no tienes garantía de continuidad en una determinada actividad ¿por qué te vas a formar”, argumenta Lorente– son las víctimas propiciatorias de la política de degradación salarial y del empleo en marcha. 
 

“Esta situación no depende de los salarios negociados sino, especialmente, de la precarización del mercado de trabajo con el brutal aumento del trabajo parcial”, explica Escri­bano, “por ello, no creo que sin invertir la situación, garantizando empleos dignos, un incremento de los niveles salariales de los funcionarios pueda generar un aumento del resto de las clases trabajadoras”.
 

Hay, indica Lorente, un problema de camuflaje terminológico, como la extensión de contratos indefinidos “que de indefinidos sólo tienen el nombre” o el recurso retórico al “cambio de modelo productivo” empleado por los actores sociales. Un cambio que, señala este profesor, debe pasar por una dignificación del empleo mediante la convergencia salarial con el resto de Europa, por el aumento del valor añadido de lo producido –relacionado con unas mejores condiciones de trabajo– y no por la dudosa competencia con los Go­biernos de Marruecos o Turquía para imponer con más disciplina la degradación y la pérdida de derechos en el marco de la empresa.

¿Cuáles son los cimientos sobre los que crear los empleos del futuro? Para Mikel de la Fuente, una actuación sobre las necesidades sociales insastisfechas, “concentradas en servicios de cuidado, educación, sanidad, cultura, protección a la dependencia, de regeneración ambiental y rehabilitación de vivienda protegida” puede aportar una nueva mirada sobre el problema del desempleo crónico y la degradación del empleo existente. Hasta que comience a extenderse esa mirada será difícil escuchar la palabra recuperación sin echarse la mano al monedero.