Cada fin de semana, decenas de familias provenientes del Magreb llegan a las islas del sur de Grecia huyendo de la miseria. En algunos de estos archipiélagos la imagen de la desesperanza contrasta con la opulencia que exhiben sus residentes, empresarios y turistas de Europa del Norte que aprovechan estos resortes privatizados para pasar unos días de lujo y relajación total. La situación en Grecia ilustra las penurias que pasa la inmigración en situación irregular, la mayóría de la cual termina confinada en uno de los cinco centros de detención para extranjeros de que dispone el país helénico.

El pasado 25 de febrero, el suicidio de un joven paquistaní internado en el Centro de Amygdaleza (norte de Atenas) hizo que el ministro adjunto de Protección Ciudadana, Yanis Panusis, decretara la liberación progresiva de los 3.500 internos (entre los que se había 216 menores no acompañados). Sólo las personas indocumentadas con delitos pendientes o con una orden de expulsión bajo el brazo han continuado recluidas.

Pero la situación en Grecia no es muy diferente a la de otros países. Es el caso de Italia, donde el 3 de octubre de 2013, medio millar de inmigrantes provenientes de Sudán, Eritrea y Etiopía –muchos de ellos menores de edad– murieron ante sus costas cuando intentaban llegar en lanchas a la pequeña isla de Lampedusa.
 

En 2012, se contaron 473 CIE en la UE con una capacidad para 37.000 personas

Lampedusa está acostumbrada a recibir diariamente familias que huyen asustadas de los conflictos que acosan el Magreb y el África subsahariana. Las que no consiguen llegar son engullidas por el Mediterráneo, en un macabro recuento que hace avergonzar la comunidad internacional. Y, las que lo consiguen, pasan a engrosar uno de los 29 Centros de Identificación y Expulsión (CIE) italianos, según datos de Migroeurop correspondientes al año 2012.

Mientras es confinado en estos espacios, este contingente sufre un verdadero cautiverio, que incluye la penosa experiencia de ser fumigado con el objetivo de prevenir la sarna. Así ha pasado en Lampedusa, pero también en otras instalaciones de Italia, como el CIE de Ponte Galeria, situado cerca del aeropuerto de Fiumicino. Allí, el 21 de diciembre de 2013, cuatro jóvenes de origen tunecino se cosieron la boca en protesta por los abusos y las pésimas condiciones higiénicas a que se veían sometidos. En estos CIE, la proliferación de incidentes ha evidenciado la insuficiencia de un sistema de encarcelamiento del que numerosas ONG exigen su inmediata derogación.

Los corredores de la vergüenza

Los CIE son el tronco de la arquitectura legal que la Unión Europea (UE) diseñó los años 80 para ahuyentar la inmigración que llega sin tener la documentación en regla. Una vez suscrita la política migratoria con los Acuerdos de Schengen (1985-1990), se empezaron a edificar estos espacios de reclusión temporal, que no han dejado de aumentar. Tanto es así que, en 2012, se contaron 473 con una capacidad para 37.000 personas; y esto incluye tanto las instalaciones que se encuentran dentro del territorio comunitario como las repartidas a los países limítrofes, donde se produce buena parte del tráfico de migrantes.
 

Desde los Acuerdos de Schengen la presencia de estos espacios de reclusión no ha dejado de aumentar

Algunos de estos espacios –casi un centenar– están situados en zonas aisladas, como el desierto de Argelia o Libia, los pasos fronterizos entre Egipto e Israel, las montañas de Turquía o las líneas de demarcación con Chipre. Igualmente, hay en los aeropuertos, en las cárceles ordinarias o en los buques de marina mercante. En total, se calcula que 600.000 personas sin papeles son encerradas anualmente en algún CIE para, más tarde, ser repatriadas a sus países de origen, mientras que medio millón permanecen retenidas a la espera de ser rechazadas.

Impunidad sin fronteras

Según Migreurop, estos campamentos fortificados han convertido en un instrumento privilegiado para la gestión de las poblaciones emigrantes. "Las personas están detenidas sin cargos ni juicio, simplemente porque no han cumplido con las normas relativas al cruce de fronteras y de residencia", explican.

De todos los países señalados por lesionar los derechos humanos, destacan Italia –denunciada a raíz de los episodios de Lampedusa y Ponte Galería– y Francia –donde el Comité Interestatal de Apoyo a los Evacuados cuantifica 37.000 internos de media–. Los casos más graves, sin embargo, se encuentran en Alemania, Suiza o Austria: la opacidad de los respectivos gobiernos impide conocer el número personas confinadas y, cuando se averigua, se observa que a menudo es superior a la capacidad que pueden absorber las instala instalaciones.
 

También en Grecia y Chipre, donde el número de CIE se eleva a 52 y 33 respectivamente, Migreurop ha recogido casos de violación de los derechos fundamentales, así como la presencia de niños y niñas apiñadas y en condiciones paupérrimas. Un extremo que ha sido admitido por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por el propio Parlamento Europeo.

El incremento de CIE de los últimos años también ha venido aparejado con un endurecimiento legislativo que ha alargado el periodo de las personas confinadas. En Francia, la duración de la reclusión ha pasado de 32 a 45 días; en España, de 40 días a dos meses; en Italia, de dos a dieciocho meses, y en Grecia, entre los tres y los dieciocho meses. Una extensión del arresto preventivo por el que se destina recursos públicos y que va en la dirección contraria a los derechos fundamentales. Así lo denuncia Migraeurop, organización según la cual el encarcelamiento masivo de personas inmigrantes sólo provoca la estigmatización de este colectivo y, de rebote, alimenta el veneno del racismo y la xenofobia.

Pese a que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha advertido que los CIE "no deberían funcionar", dado que las recluidas no han cometido ningún delito, en la práctica se han convertido en espacios de castigo. Guantánamos donde se lesionan los derechos humanos y que, como aseguran los expertos, son inútiles para controlar los flujos migratorios; el objetivo que llevó a construirlos hace dos décadas.