Barcelona, Madrid y Valencia son las tres provincias con mayor número de viviendas vacías del Estado, también las que sufren un mayor número de desahucios. Algo podría cambiar, sin embargo, en sus tres capitales, si las nuevas candidaturas que formarán gobierno en todas ellas cumplen con sus programas electorales en materia de vivienda. 
 

En la capital catalana, la candidatura de Barcelona en Comú, liderada por la exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Ada Colau, ha presentado desde el inicio el derecho a la vivienda como uno de sus frentes de batalla. De hecho, menos de 48 horas después de su investidura, el 15 de junio, Colau acudía a Nou Barris, el distrito con mayor número de desahucios de Barcelona, a paralizar uno de los nueve que había previstos. Todos ellos han sido parados. Una de las iniciativas de la futura alcaldesa será también reunirse con los jueces de Barcelona para “intentar parar los desahucios desde la salida”, explica Josep Maria Montaner, arquitecto y concejal electo por Barcelona en Comú. 
 

En cualquier caso, “cuando entremos vamos a activar la reserva de pisos de alquiler social para que, en caso de que al principio no se puedan detener, las personas desahuciadas sean inmediatamente realojadas en el mismo barrio en pisos municipales”. El parque de viviendas en alquiler social en la capital de Catalunya es de 10.600 viviendas, menos de un 2% del total de casas en alquiler, “una cifra muy baja en relación al estándar europeo”, dice Montaner, que indica que la intención del Ayuntamiento en los próximos cuatro años es “incorporar 2.000 viviendas nuevas –2.000 gestionadas directamente por el Ayuntamiento y otras 2.000 de operaciones nuevas–, y 4.000 viviendas vacías incorporadas a partir de propietarios privados, rehabilitación, bancos, etc., para incrementar este parque tan reducido de vivienda social”. Con ello se pretende hacer frente a la dificultad de acceso a la vivienda y a los desahucios en la ciudad, de los cuales entre un 60% y un 70% son por impago de alquiler. Además, según indica Montaner, la puesta en marcha de un importante parque de alquiler social ayudará a empujar a la baja los alquileres con precios de mercado, que en la actualidad no cesan de subir en la ciudad.

 

Desde la PAH, indica su portavoz en Barcelona, Carlos Macías, “celebramos que varias candidaturas hayan incorporado en sus programas electorales las demandas de la PAH en la parte de vivienda y que hayan llegado a los gobiernos municipales”, pero recalcan que esta plataforma es apartidista y “vamos a hacer como hemos hecho hasta ahora con todos los gobiernos y grupos: poner encima de la mesa nuestras demandas, colaborar para que se puedan llevar a cabo, pero, si no se cumplen, exigir, presionar y señalar”. 
 

Una de las exigencias de esta plataforma sigue siendo las sanciones a pisos vacíos en manos de entidades financieras, algo ya previsto en la Ley catalana del Derecho a la Vivienda de 2007, además de en el anteproyecto de Ley del Impuesto a las Viviendas Vacías, pero sólo aplicado en algunas localidades. En un año y medio sólo se han detectado 16 viviendas vacías de las 88.000 que hay en Barcelona, denuncia Macías, que afirma que ha habido “una clara falta de voluntad política para aplicar esta medida”. Una medida también prevista en el programa electoral de Barcelona en Comú. Montaner indica que el primer paso en este sentido será tratar de convencer “amistosamente” a las entidades financieras para que cedan parte de su parque de viviendas para destinarlo al alquiler social. “La idea es siempre negociar en positivo y, si no hay manera, presionar con los medios legales que tengamos a mano desde la administración municipal”, explica. 
 

De momento, las entidades financieras han reaccionado a los cambios de gobierno en ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia prometiendo poner en alquiler las 4.500 viviendas que aún siguen vacías de las 6.000 que cedieron al Fondo de Vivienda Social del Gobierno, unas cifras ridículas si se tiene en cuenta que este fondo se creó hace dos años y medio y que desde 2007 se han iniciado más de medio millón de procedimientos de desahucio en España.
 

“Nosotros tenemos que seguir en la calle más fuertes que nunca”, dice Carlos Macías, que añade que mientras no se consiga poner en marcha las reformas legales necesarias para abordar la emergencia habitacional, desde la PAH seguirán parando desahucios, realojando familias en bloques vacíos de entidades financieras a través de la campaña Obra Social y arrancando daciones, condonaciones y alquileres sociales a los bancos. Por otro lado, “si realmente nos encontramos con gobiernos municipales valientes y que tomen medidas encaminadas a responder a nuestras demandas, es necesario que en la calle haya presión suficiente por si sufren un bloqueo de diferentes partes, que vean que hay un apoyo social, no hacia un partido en concreto, sino  hacia el cumplimiento de estos objetivos”, finaliza.
 

“Nos vamos a encontrar con el expolio de la vivienda pública en Madrid, eso lo tenemos claro”, dice Carolina Pu­lido, de la mesa de coordinación de Ahora Madrid y procedente de la PAH. Y es que en los últimos cinco años, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), una de cuyas principales labores es en teoría permitir el acceso a la vivienda a personas en riesgo de exclusión, ha vendido más de 2.500 viviendas –de las 8.500 de las que disponía– a fondos buitre como Lazora o Blackstone, y ejecutado cientos de desahucios. 
 

Frente a esto, el programa con el que se presentó la candidatura liderada por la futura alcaldesa, Manuela Carmena, plantea la recuperación de la EMVS como garante de la función social de la vivienda, así como la “reversión de la venta de viviendas” realizada por esta entidad. “Hasta que no lleguemos al Ayuntamiento y veamos qué nos vamos a encontrar va a ser difícil empezar a plasmar sobre el papel muchas cosas, así como saber qué hay y qué se va a poder recuperar de la EMVS”, reconoce Pulido, que añade que la reversión de la venta a fondos buitre dependerá también de la deuda que el Gobierno municipal del PP ha dejado. Por ello, esta formación ha prometido realizar una auditoría de la deuda de la EMVS para “determinar responsabilidades en la compraventa de terrenos durante la burbuja inmobiliaria y su relación con la deuda del Ayuntamiento”. 
 

Uno de los puntos que más se han perfilado en los últimos días en Madrid es la creación de una oficina que, explica Pulido, mediará entre las entidades bancarias y las personas afectadas “en relación siempre con los servicios sociales para evitar que nadie se quede en la calle”. De momento, la propia Carmena ha iniciado contactos tanto con la judicatura como con las entidades financieras para tratar, por un lado, de frenar los desahucios ya en los juzgados y, por otro, de que los bancos pongan al servicio del Ayun­tamiento su stock de viviendas va­cías. Después de una primera reunión con José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, “de momento no hay ningún compromiso, ha sido una primera toma de contacto”, dice Pulido.
 

“Hay otras muchas medidas que aparecen en el programa, y para elaborarlas hubo mucha gente que está en el movimiento de vivienda, no sólo de la PAH, que participaron en poner encima de la mesa estas demandas”, indica Pulido. Sin embargo, el papel de los movimientos en lucha por la vivienda, desde las PAH hasta los grupos de vivienda de barrio, “sigue estando en la calle, haciendo esa labor de vigilancia que es fundamental. Tienen que seguir haciendo contrapoder, aunque les resultará mucho más fácil participar y presionar desde fuera porque las herramientas se van a poner en marcha”, concluye. De momento, la que con mucha probabilidad será responsable de vivienda en el Ayuntamiento, Marta Higueras, ya ha solicitado una reunión con la plataforma.  
 

También en Valencia una de las primeras medidas que deberá tomar el nuevo gobierno municipal, surgido de un acuerdo entre Compromís, València en Comú y el PSOE, será la creación de una oficina de intermediación entre entidades financieras y afectados, además de la negociación con los bancos, especialmente aquellos que han sido rescatados, y la Sareb, para que pongan a disposición del Ayunta­miento su stock de viviendas va­cías, señala Isabel Lozano, concejal electa por Compromís. Luis Alis, de la PAH de Valencia, dice que una de las exigencias de la plataforma es “que haya realmente un parque de vivienda en condiciones”, tanto de la Administración como de las entidades bancarias, para hacer frente a los desahucios. 

 

Hay posibilidades de acción en caso de que los bancos se nieguen. Una de ellas, dice Lozano, es que “como Ayuntamiento, a la hora de contratar servicios financieros, lo hagamos con entidades que no lleven a cabo desahucios o que estén colaborando en esa medida de poner a disposición de un alquiler social su stock de vivienda”, una medida similar a la que varios municipios de distintas comunidades han tomado en los últimos años, retirando o amenazando con retirar sus cuentas de los bancos que ejecutasen desahucios en esas localidades. 
 

A todo esto se sumaría la “revisión a fondo” de la gestión de la empresa municipal de vivienda, AUMSA, y rea­lizar una gestión más transparente y participativa de la entidad, según reivindica la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública. De momento, Lozano reconoce que en cuatro años el grupo municipal de Compromís no ha conseguido averiguar cuál es el stock de vivienda social de la ciudad, “dada la opacidad del gobierno municipal del PP”. 
 

“No necesitamos crecer con políticas de vivienda de nueva construcción hacia fuera de la ciudad, sino que hay que replantearse la ciudad que ya existe”, dice Lozano. De hecho, en Valencia existen entre 50.000 y 60.000 viviendas vacías, por lo que esta concejal considera prioritario catalogar viviendas y edificios que necesitan una rehabilitación urgente, llevar a cabo esta rehabilitación, promover la vivienda pública y fomentar el alquiler como “modalidad más sostenible económica y socialmente”. Y para ello proponen  también una oficina del alquiler que medie entre propietarios e inquilinos y proporcione una garantía jurídica para que más viviendas vacías salgan al mercado. 
 

También Luis Alis considera positivo un cambio de gobierno en la ciudad, aunque recalca que “la PAH no tiene que tener un color municipal, su papel es exigir y denunciar, porque desde las instituciones no hay todavía ningún mecanismo que evite los desahucios, y su papel sigue estando en la calle, delante de las casas y ante las entidades bancarias”.