Amigos de la tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/ BirdLife lanzaron el pasado 29 de mayo tres propuestas a los grupos políticos que van a gobernar los próximos cuatro años. Plantean tres pilares de actuación medioambiental. Por una parte, incorporar las propuestas del documento Un Programa por la Tierra. Justicia social y ambiental para hacer frente a la crisis, que detalla un catálogo de actuaciones en materia social y ambiental que van desde la energía, la biodiversidad, medidas contra el cambio climático, al empleo digno y la participación ciudadana. En segundo lugar, las organizaciones ambientales piden la creación de consejerías de Medio Ambiente a nivel autonómico y, por último, llevar a cabo un diagnóstico ambiental en cada territorio para detectar las prioridades en cada comunidad autónoma y actuar en consecuencia.

La ecología es transversal

Estas organizaciones insisten en “el carácter transversal” de la ecología, aplicable a todas las decisiones políticas y que afecta a todos los órdenes de la vida. Aunque el 80% de las leyes sobre ecología se generan en el Parlamento Europeo, las organizaciones ecologistas insisten en la capacidad de legislar de ayuntamientos y comunidades en materia ambiental. Tras el 24M, estas propuestas se producen en un nuevo marco político, que las organizaciones ecologistas consideran “satisfactorio” e “ilusionante”, según han manifestado a Diagonal.

“En los últimos años, las grandes obras que se han llevado a cabo han sido para favorecer los intereses de unos determinados empresarios y de unas determinadas empresas. No sólo a nivel estatal, también autonómico y municipal. Mientras, se ha recortado en cuestiones tan importantes como sanidad o educación”, señala Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. Además, considera que la política de infraestructuras ha sido desarrollista, despilfarradora e insostenible. Segura sostiene que “éste es un momento muy importante porque supone el fin de las mayorías absolutas que han utilizado el rodillo para aprobar auténticas barbaridades”. En los últimos cuatro años, el Gobierno del PP ha firnado, gracias a su mayoría absoluta, la Ley de Costas, la Ley de Parques Nacionales, Ley de Montes o Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Contra estas medidas existe consenso entre los grupos de la oposición: deben ser derogadas si cambia el color político en las generales.

Pero no sólo. A nivel municipal y autonómico se han implementado también políticas consideradas nefastas por los grupos ecologistas. Segura cree que ahora será distinto, aunque cree que eso no implica que vaya a ser más sencillo “introducir políticas ambientales”.

En este sentido, espera que el anuncio que han hecho las candidaturas de unidad popular que acaban de llegar a los ayuntamientos y parlamentos autonómicos de “crear órganos de participación sea una rea­lidad y no un florero”. E insiste en que desde Ecologistas en Acción van a “seguir con el mismo grado de exigencia, sea una Administración del PP o de otros grupos políticos”.

La contaminación mata

Para María José Caballero, responsable de campañas de Greenpeace, éste es un momento en el que “se abre una ventana muy buena”, porque en “estos cuatro años el medio ambiente ha sido el gran vilipendiado”. Una etapa nueva “para hacer una sociedad más justa y disminuir la pobreza, pero también para crear empleo de calidad, respetuoso con el medio ambiente”. Sobre la urgencia para actuar en las grandes ciudades Caballero considera prioritario mejorar la calidad del aire. “De 23 capitales europeas, Madrid es la quinta por debajo, y Barcelona ocupa el puesto octavo, también por la cola, en cuanto a calidad del aire. Eso tiene que ver con potenciar y mejorar el transporte público, no contaminante, y con el uso de la bicicleta”, dice Caballero. Según datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, cada año mueren 16.000 personas en el Estado español por la contaminación atmosférica, y un tercio de ésta está generada por el humo de los coches. Las causas son el dióxido de nitrógeno, un gas tóxico que afecta al sistema respiratorio, así como las partículas en suspensión. La contaminación puede producir sinusitis, bronquitis, asma, cáncer de pulmón y problemas cardiovasculares.

“Se abre una ventana porque estos cuatro años el medio ambiente ha sido el gran vilipendiado”

En enero de este año, Ecologistas en Acción denunció que en Madrid ya se había superado el límite anual marcado por la UE para el dióxido de nitrógeno. Sólo en esta ciudad, se estima que cada año mueren más de 2.000 personas por contaminación. Además, las mediciones de la polución en Madrid se han maquillado en los últimos años. En 2009, Ana Botella, entonces concejal de Medio Ambiente, cambió la ubicación de las estaciones que reflejan la calidad del aire con el argumento de que es necesario “no ser catastrofistas”. En Barcelona, un estudio del Departamento de Medio Ambiente de la Ge­ne­ralitat, alerta de que se producen unas 3.500 muertes cada año sólo en el área de Barcelona.

Desde Amigos de la Tierra se apunta que “con el surgimiento de nuevos actores políticos se abren nuevas perspectivas, y las organizaciones ecologistas debemos hacer un esfuerzo para que incorporen nuestras demandas”, explica Liliane Spendeler. Aunque se manifiesta con cautela, asegura que si bien son “grupos políticos preocupados por las personas, y, al fin y al cabo, lo social y lo ecológico van de la mano, es positivo [el cambio]”. Sobre las políticas a desarrollar, señala que son muchos los frentes abiertos, pero en el momento actual se abre una oportunidad para reducir las emisiones y volver a las energías renovables. “No sólo por el cambio climático, también por una cuestión de eficiencia, y para reducir en términos absolutos el consumo de energía”. Spendeler explica que los ayuntamientos pueden contribuir al uso de energías comunitarias, por ejemplo, con paneles solares. “Existen muchas experiencias en este sentido”, dice. Además, explica que los consistorios pueden actuar en movilidad, para reducir emisiones, también “en reciclaje, donde los ayuntamientos tienen un papel muy importante y cuentan con las competencias. No es tolerable que el 70% de la basura acabe en los vertederos y no se recicle. Pero también en la reducción de basura pueden hacer mucho, con incentivos fiscales, por ejemplo, y en fomentar la reutilización y el reciclaje”, señala la portavoz de Amigos de la Tierra. Spendeler manifiesta que igual ocurre a la hora de ceder terreno para huertos comunitarios, donde los ayuntamientos pueden hacer mucho a la hora de “fomentar la compra directa a agricultores y así recuperar soberanía alimentaria, ya que gran parte de nuestra alimentación está en manos de multinacionales”.
Exigir energías limpias

Y dentro de esas capacidades de los ayuntamientos para influir en el medio ambiente, resalta que éstos deben “exigir energías limpias y para ello apoyar y unirse a los movimientos sociales que rechazan el fracking o las prospecciones en el mar”, detalla Spendeler.

Para WWF, otra de las organizaciones ambientales firmantes, los equipos de gobierno deben dar un giro en sus políticas. “Es buena la regeneración democrática, lo que nos preocupa es que entre estos nuevos partidos hasta ahora no se habla mucho de temas ambientales”, afirma Enrique Segovia, director de conservación. Segovia señala que “venimos de una situación delicada de recortes que también han afectado al medio ambiente, porque los temas sociales y ambientales están imbricados”. Y coincide con el resto de organizaciones en la urgencia de reducir las emisiones de CO₂ desde la movilidad y la eficiencia energética. “También es necesario poner en el centro la biodiversidad. Los ayuntamientos deben contemplarla en las actuaciones que hagan en los ríos, los bosques...”, señala Segovia.

Asun Ruiz, directora ejecutiva de SEO BirdLife, afirma que “las políticas ambientales deben estar en el centro político, porque “se ha demostrado que son las más justas y las más rentables a largo plazo”. También hace referencia a la importancia de la biodiversidad. Esta organización ha publicado recientemente una revisión de la Lista Roja de las Aves –inventario sobre el estado de estas especies en el Estado español– y de ella se desprende que en la actualidad una de cada cinco aves está en peligro de extinción. Ruiz explica que si hasta ahora se hace el seguimiento de unas determinadas especies, “en la actualidad nos encontramos también con que aves comunes se empiezan a encontrar en peligro, como es el caso de los gorriones, que están desapareciendo, o las golondrinas, de las que se pierde un millón al año”, afirma Ruiz. “Se están usando en exceso los plaguicidas. Si mueren las aves ligadas al campo, de donde salen nuestros alimentos, si la calidad del medio no es saludable para las aves, ¿lo es para las personas?”, se pregunta.