Ferrovial se adjudica una planta de tratamiento de biogás
Botella no informó a Ahora Madrid sobre la adjudicación de una planta de Valdemingómez

El equipo que gobierne Madrid a partir del 13 de junio tendrá que indemnizar a Ferrovial si decide echar atrás una concesión firmada por el Gobierno en funciones de Ana Botella.

03/06/15 · 13:36
Fotografía de la planta de gasificación de Valdemingómez. / IES Manuel García Barros a Estrada

El Gobierno en funciones de Ana Botella ha adjudicado un contrato por once años y 16 millones de euros para la planta de tratamiento de biometanización del complejo de Valdemingómez. Bruno García Gallo publicó el 3 de junio en El País la información sobre esta contratación que hipotecará a los próximos tres gobiernos municipales.

En caso de que el Ayuntamiento que se forme a partir del 13 de junio decida paralizar la adjudicación estará obligado a indemnizar a Cespa, una filial de Ferrovial, la empresa adjudicataria. Inés Sabanés, concejal electa de Ahora Madrid, segunda opción más votada en las elecciones del 24M, ha confirmado a este periódico que el Ayuntamiento "no ha comunicado" a su partido esta operación –a pesar de que la candidata Manuela Carmena y la alcaldesa se reunieron a finales de abril– y recuerda que "cualquier actuación o acción que comprometa la acción de gobiernos futuros se tendría que haber informado como sería deseable en cualquier protocolo".

Sabanés considera que hay que ser prudente a la hora de valorar el acuerdo, pero recuerda el compromiso de su candidatura de, si llega a formar gobierno a partir del 13 de junio, evaluar los contratos firmados por el municipio para la prestación de servicios. "En todos los contratos vamos a ponernos serios", ha recalcado.

Contrato amañado

En enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) imponía a Cespa una multa de 13 millones "por su participación en múltiples acuerdos o actuaciones concertadas de reparto de mercado en el ámbito de la gestión de residuos industriales y saneamiento urbano". A raíz de la noticia publicada por El País, Ana Tudela ha publicado en Sabemosdigital.com una información en la que relaciona la adjudicación realizada por el Gobierno en funciones de Botella con el concurso amañado que sancionó la CNMC, que acarreó una multa de 98 millones al conjunto de empresas que llevaron a cabo el acuerdo.
 
La obra de las plantas de biometanización, financiada en un 80% por fondos europeos, tardó siete años en concluirse, con un coste final de 112 millones de euros, más del doble de lo contratado, para pasar a ser explotada por las mismas empresas que las habían construido por 93 –FCC– y 61 millones de euros –Sacyr y ACS–. Hasta el momento el gas recuperado por las plantas apenas ha alcanzado los dos millones de euros anuales.      

Denuncias por riesgos a la salud

Lo que se ha firmado esta semana es la apertura de la planta de tratamiento, que inyecta en la red el biogás que se procesa en dos plantas: Las Dehesas y La Paloma. En octubre de 2014, una denuncia anónima a través de la plataforma Fíltrala alertó de la situación de riesgos para la salud de la plantilla de la procesadora de Las Dehesas. La documentación establecía que "hay un riesgo alto por exposición a sulfuro de hidrógeno (H2Saq)" para parte de la plantilla.

Entre los riesgos de la exposición al sulfuro de hidrógeno provocados por estas plantas, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene explica que la exposición de corta duración a este químico tiene efectos como irritación de ojos y de tracto respiratorio: "La sustancia puede afectar al sistema nervioso central. La exposición puede producir pérdida del conocimiento. La exposición puede producir la muerte. La inhalación del gas puede originar edema pulmonar".

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comentarios

1

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    Vendetta
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    04/06/2015 - 8:14pm
    Muy buenas. Lo primero, quiero dar las gracias a este diario, ya que es el único que se interesa por este grave problema que es el parque tecnológico de valdemingomez. Y digo problema porque bajo mi punto de vista y el de los trabajadores de esta planta tanto la recogida como el tratamiento de residuos es un servicio al ciudadano, no un negocio pagado con dinero público, dinero de todos el cual se reparten las mismas empresas de siempre a las que les da lo mismo, tanto el estado de las instalaciones como los derechos de los trabajadores. Los vecinos del Pau de Vallecas llevan años quejándose de los malos olores que tienen en sus casas, algo que tiene que pasar si o si cuando no se aplican medidas que sean efectivas, el ayuntamiento les ha contestado que van a cerrar las puertas de las naves para que no les llegue a sus casas, los vecinos han notado que ya no huele tanto, a cambio de transformar la planta en una cámara de gas para los trabajadores. Con varios casos de asma y problemas respiratorios para los que allí trabajan. Ya está bien de hacer oídos sordos ante esta mafia que es el tratamiento de residuos, la externalizacion de estos servicios es el problema, luchemos por la institucionalización de las plantas del parque tecnológico de valdemingomez. Es el ayuntamiento el que tiene que gestionar todo esto para que sea posible la producción real y eficiente del gas, cumpliendo con el medio ambiente, cerremos el chiringuito que tienen montado estas grandes empresas corruptas y explotadoras.