Según el informe presentado por las ONG Mundubat, Soberanía Alimentaria, Grain y Plataforma 2015, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) estaría participando junto a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el CDC Group de Reino Unido y otras instituciones financieras de desarrollo en la financiación, a través del Fondo Africano para la Agricultura, de Feronia Inc., una empresa agrícola canadiense productora de aceite de palma, "acusada de apropiación de tierras y abusos de derechos humanos en uno de los países más empobrecidos del mundo, la República Democrática del Congo (RDC)", declaran.

Las tierras que ocupa la empresa en este país, más de 100.000 hectáreas dedicadas al monocultivo de palma, "fueron apropiadas ilegalmente", según denuncian los líderes de la comunidad en el informe, que insisten en que "nunca dieron su consentimiento para la instalación de Feronia".

Como denuncian desde las ONG autoras del informe, "la palma africana se ha convertido en el monocultivo del s.XXI y su expansión no parece detenerse, arrasando con millones de hectáreas de bosques y tierras campesinas". El aceite de palma se utiliza en la industria agroalimentaria en miles de productos, que van desde cremas de queso y cacao para untar, a bollería y pastelería industrial, o cosmética.

El objetivo de la denuncia es poder iniciar las negociaciones para que la población local recupere sus derechos a las tierras, y así lo manifestaron el pasado 8 de marzo más de 60 jefes tradicionales de Yahuma, el distrito de Lokutu donde se encuentra el 90%o de la plantación de palma aceitera de Feronia, en un comunicado entregado a la organización local RIAO-RDC y a la organización internacional GRAIN. Los líderes comunitarios también hablaron de un régimen brutal de explotación de las personas trabajadoras, con salarios de 1,50 dólares al día, una cifra significativamente menor que el salario mínimo del país. Además, y según explica Fernando Fernández, de Mundubat, "el presidente de la organización de derechos humanos que lleva acompañando a las comunidades desde que el tema salió a la luz ha tenido que exiliarse y está en Senegal como refugiado".

En el informe, las organizaciones denuncian que "la aportación de 40 millones de dólares de la Agencia Española al Fondo Africano para la Agricultura, que a su vez rescató a Feronia, es una de las muchas inversiones parecidas que el Gobierno español realiza en el marco de sus planes de cooperación". Feronia, afirman, "viola claramente principios que agencias como la AECID deberían respetar escrupulosamente, pues su mandato es apoyar la mitigación de la pobreza en los países en desarrollo y deben operar dentro de estrictos principios que les impiden invertir en empresas que monopolizan la tierra, obligan a desplazamientos de muchas familias y violan la legislación laboral".

Y detrás de estos proyectos se encuentran los fondos de inversión que gestiona la AECID. Según Fernández, "la AECID no ha negado en ningún momento que esto sea cierto. Reconoce que es así. El problema es que el mecanismo de FONPRODE es de una opacidad tremenda y favorece todo este tipo de cosas". Fonprode es el Fondo para la Promoción del Desarrollo, uno de los principales instrumentos financieros de la Cooperación española, administrado por la AECID. "Se han habilitado en los últimos años una serie de mecanismos de financiación que computan como ayuda al desarrollo, que realmente son inversión pública en otros países, y que no tienen nada que ver con la ayuda al desarrollo sino con la inversión y la generación de beneficios. Hay una gran cantidad de ese tipo de fondos de financiación. Fonprode es el más importante, pero hay otros", denuncia Fernández, que explica que "aunque computa como ayuda al desarrollo, la Dirección General de Comercio participa muchísimo en la decisión de en qué proyectos se invierte".

El porcentaje de la ayuda al desarrollo que se gestiona a través de estos fondos de inversión se desconoce. "No lo podemos conocer porque no es un mecanismo transparente, y es una de las denuncias que hacemos", declaran desde Mundubat. Esta organización inició conversaciones con la AECID previas a la publicación del informe, con el objetivo de conseguir una salida al problema y atender a las reclamaciones de las organizaciones locales. Al cierre de este artículo, no hemos conseguido declaraciones por parte de la AECID.