Migraciones
El drama de la segregación

Si los emigrantes españoles no necesitan saltar muros ni entrar de manera clandestina a sus países de destino es gracias a su pasaporte. El mismo documento que cierra puertas a otros, y especialmente a quienes más lo necesitan.

11/05/15 · 11:55

Los dos últimos naufragios masivos en el mar Mediterráneo, en los que murieron ahogadas unas 1.200 personas que intentaban llegar desde Libia a las costas europeas, representan una espantosa fracción del enorme sufrimiento humano que están provocando las vigentes políticas migratorias europeas. Dejémoslo claro de entrada: todos esos seres humanos murieron porque nuestros gobiernos no les dejaron otra opción para poder llegar a Europa que viajar hacinados en buques precarios y en condiciones infrahumanas. Cuando no lo hacen encerrados en contenedores o incluso en equipajes de mano. Simplemente por tener una nacionalidad asociada a un color y a un determinado estatus en este mundo post o neocolonial. Si los emigrantes españoles no necesitan saltar muros ni entrar de manera clandestina a sus países de destino es gracias a su pasaporte. El mismo documento que cierra puertas a otros, y especialmente a quienes más lo necesitan. No hay “drama de la inmigración”, pues la migración es un hecho tan humano como lo pueda ser el pensamiento. El verdadero drama es el de la organización institucional de la desigualdad y de la discriminación.

La respuesta europea a los naufragios se ha venido centrando en dos dimensiones: la humanitaria y la policial-militar. Esto es, cuánto cabe invertir en el rescate de refugiados y migrantes en alta mar (cómo repartir ese coste entre los Estados) y cómo limitar su salida desde un vecindario europeo en descomposición. Esta última dimensión es la que privilegian los gobiernos europeos, que preservan la soberanía a la hora de controlar la entrada y la presencia continua de no nacionales en sus respectivos territorios, salvo ciertas limitaciones. No existe todavía una política migratoria y de asilo común europea, aunque las políticas nacionales se estén armonizando progresivamente.

“La mejor manera de evitar que la gente se ahogue es asegurando en primer lugar que no se suban a los barcos”, declaró el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk poco antes de la cumbre extraordinaria que convocó para el 23 de abril. Que no se suban a esos buques –que algunos proponen bombardear antes de que se llenen–, pero que tampoco tomen otros medios más seguros para llegar a Europa. El comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, exministro de Defensa griego, habla incluso de una "guerra contra los traficantes", rememorando otras guerras fraudulentas. Si logran embarcar y luego naufragan, los gobiernos europeos encargarán a Frontex que refuerce el control fronterizo con operaciones como Tritón, que tiene un mandato limitado por lo que se refiere a la asistencia a personas en alta mar. Para ello no dudan en explotar sin escrúpulos el juego de las cifras y de las percepciones. Pero los cientos de miles de personas que desean cruzar el Mediterráneo buscan llegar a la Europa de los quinientos millones de habitantes, no a la minúscula isla de Lampedusa o a Italia.

No dudan en explotar sin escrúpulos el juego de las cifras y de las percepciones
Muchas organizaciones no gubernamentales han criticado este talante represivo y reclaman en cambio que la balanza se incline del lado humanitario, para lo cual plantean una serie de medidas. Reivindican una operación Mare Nostrum europea y ampliada. Recuerdan que buena parte de las personas que recurren a los traficantes son refugiados con derecho a solicitar asilo y que los gobiernos deben garantizar una política de reasentamiento digna de tal nombre, como el programa internacional que se acordó en 1989 para reasentar a los cientos de miles de refugiados de Vietnam y Laos. Muchos señalan también la responsabilidad europea en conflictos militares y en la degradación económica de los países del sur para referirse a las "causas estructurales" de la migración. Y no falta quien resucita las viejas recetas del codesarrollo. Desgraciadamente, esta lista de recomendaciones y observaciones no parece cuestionar el razonamiento de base: ese que contempla la migración, la movilidad humana transnacional de determinadas personas, como un problema que se debe resolver o evitar, aunque sea de manera más amable. No puede deducirse otra cosa cuando se escamotea un aspecto crucial, el de las vías de acceso legal a Europa. Por este motivo, sorprende que el manifiesto que publicó la Campaña por el Cierre de los CIE no diga nada al respecto.

Visados humanitarios

Sin embargo, sin vías de entrada legal a Europa, esto es, que no obligue a viajar sin autorización previa, muchas personas continuarán arriesgándose a viajar en condiciones de extrema vulnerabilidad. Éste es el principal factor que alimenta el llamado tráfico de personas. La izquierda del Parlamento Europeo ha tenido el mérito de destacar esta cuestión. Algunos movimientos plantean la necesidad de visados humanitarios que permitan un acceso seguro a Europa o, como propone Watch The Med, la organización de ferries humanitarios que ayuden a las personas que se apelotonan en países como Libia.

Estas medidas urgentes son necesarias, dado el notable incremento en el número de personas que este año están intentando llegar a Europa como consecuencia principalmente de la proliferación de conflictos. Aun así, suelen reservarse para los potenciales refugiados, aquellas personas que merecen protección internacional según el Convenio de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967. Desgraciadamente, la aplicación efectiva del asilo sigue siendo muy restrictiva, no sólo porque se dificulta la llegada de los potenciales solicitantes de asilo, sino porque una vez que llegan y pueden iniciar el procedimiento las tasas de reconocimiento son bajas (en torno al 34% para toda la UE). Esto se debe a que la propia política de asilo está influenciada por una política migratoria de inspiración colonial que busca filtrar, separar y marginar.

La mera entrada como turista está vetada para buena parte de los nacionales africanos y asiáticos, que precisan de un visado obligatorio de corta duración para poder entrar en la zona Schengen, y conseguirlo es muy difícil. Especialmente para los jóvenes, poco o nada cualificados o sin que puedan demostrar recursos financieros suficientes. A ello se suma una elevada discrecionalidad de los agentes consulares a la hora de aceptar o no las solicitudes. Los canales legales de migración laboral extracomunitaria (que permitan permanecer más de tres meses sin caer en la irregularidad administrativa) son aún más limitados, con preferencia para las personas "altamente cualificadas". En fin, la reunificación familiar también se ve complicada por farragosos procesos burocráticos. Un conjunto de obstáculos que, pese a la retórica, fomenta en realidad que las odiseas que terminan bien sean sólo de ida y definitivas.

No es sino desde los acuerdos de Schengen que se reforzó el control de la "frontera exterior" de la UE
Nuestra memoria es corta y selectiva. Hemos olvidado que la base de la legislación internacional de protección de los refugiados nació en los años cincuenta del pasado siglo justamente para ayudar a los europeos blancos desplazados por la II Guerra Mundial, con algunas modificaciones tras la descolonización. O que el régimen de visados apenas tiene un siglo de existencia, que los países europeos extendieron su uso a partir de los años setenta para gestionar la movilidad internacional como parte de la transformación neoliberal de sus mercados de trabajo y que no es sino desde los acuerdos de Schengen (1985, 1990) que se reforzó el control de la "frontera exterior" de la UE. Un dispositivo, el de la frontera, que integra un sistema más amplio de control de la movilidad y de los asentamientos concebido para producir segregación social. De hecho, el establecimiento de visados para los países del norte de África es muy reciente y data de principios de la década de 1990. Desde entonces el negocio de los boat people no ha dejado de aumentar, así como las muertes por naufragio, ahora masivas por las economías de escala que buscan los traficantes. Paralelamente, nuestros gobiernos han venido adoptando medidas que antaño hubiesen sido consideradas como propias de la extrema derecha.

Así pues, una solución justa no puede pasar por impedir cierta emigración mediante la externalización de los controles fronterizos en los países de tránsito. Este deseo, explicitado por nuestros gobiernos, atenta contra el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos : "Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio". Un derecho que se ha vaciado de contenido al no completarlo con el derecho a entrar en cualquier país (inmigración), con la excepción –en teoría– de los refugiados (artículo 14). La única manera de solucionar este callejón sin salida sería reconociendo el derecho a migrar, o la libertad de movimiento, aunque sea de manera incipiente o progresiva, lo cual depende en última instancia de cada Estado. Las restricciones por razones de seguridad deberían ser la excepción y no la regla.

Esto es lo que se terminó por aceptar al interior de Europa, pese a sus profundas desigualdades económicas, con la libre circulación de ciudadanos comunitarios. En Europa el reconocimiento de dicho derecho sucedió a la circulación efectiva (el éxodo) que antes ya habían practicado los europeos, produciendo una realidad económica transnacional cuyo desarrollo en la posguerra precisaba de una gobernanza supranacional (muy incipiente en el espacio euromediterráneo). Al principio por razones económicas, vinculadas a la movilidad de los trabajadores, y por tanto al empleo, y progresivamente como derecho ciudadano en tanto que requisito ineludible para la articulación de una comunidad política de iguales. Pues bien, al igual que sucede con el derecho de asilo, el derecho a la libre circulación de los ciudadanos europeos se encuentra hoy amenazado por una misma concepción de los movimientos migratorios.

Urge, pues, otro enfoque que supere las actuales políticas punitivas y segregacionistas. Y éste no puede partir del utilitarismo económicom, sino de una exigencia de igualdad de derechos y de justicia, así como de un reconocimiento de la capacidad y el derecho de las personas migrantes para decidir sobre sus propias vidas, aunque provengan de determinados países. Lo que estas personas osan expresar, con gran determinación, mediante su práctica material y cotidiana, y frente a todas las adversidades, es nuestra humanidad común. Resulta por ello vergonzoso que una élite transnacional, que se mueve sin problemas entre Madrid, Bruselas, Davos y el Sur global, plantee que los derechos de determinadas personas dependan de las exigencias de los Estados o de las corporaciones que dirigen. Pero también es triste que desde posiciones más democráticas se niegue en ocasiones la libre movilidad o la igualdad de derechos apelando a los condicionantes macroestructurales de los movimientos migratorios. Porque estos en realidad se ven permeados por una compleja interacción entre elementos macro, meso y también microestructurales (redes sociales, familiares y comunitarias). Y porque los migrantes y refugiados de hoy, de ahora mismo, no pueden esperar a que terminen expolios, guerras y dictaduras, o que se alteren sustancialmente las condiciones de intercambio mundial para intentar vivir como quienes tenemos la fortuna de emigrar sin que nos traten como a subhumanos.

Este debería ser el punto de partida del debate. La asunción, pues, de algo tan sencillo –y por ello tan contundente en sus implicaciones políticas– como lo que reconoce el artículo 40 de la Constitución ecuatoriana de 2008: "Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria".

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