La gestión del agua entra en la campaña de las municipales. El servicio público, de competencia local, está en más de la mitad de los municipios bajo el control de empresas privadas.
“Recuperaremos el control ciudadano de la gestión del agua”, afirmaba Eloi Badía, experto en agua y número 12 de la lista de Barcelona en Comú en una entrevista publicada recientemente en este medio. “Desprivatizar el servicio del agua” fue también una de las promesas de la candidata a la Junta de Andalucía por Podemos, Teresa Rodríguez. Los proyectos ciudadanos de cara a las municipales surgidos en cientos de municipios, como Alacant en Comú o Somos en Avilés también han subrayado su apuesta por la recuperación de servicios públicos como el agua y hasta BGN se ha comprometido recientemente a rescatar el servicio en Vigo.
Mientras, en la Comunidad de Madrid, Podemos ha propuesto crear un Banco del Agua a través del cual, con los beneficios de Canal de Isabel II, financiar proyectos de innovación tecnológica sobre, por ejemplo, energías renovables. Una propuesta no vista con buenos ojos desde muchas organizaciones en defensa del derecho del agua, que reclaman que los beneficios que resulten de la gestión de este servicio vayan a parar al propio ámbito del agua.
El modelo de gestión del servicio municipal de agua se ha convertido en uno de los temas que protagonizan la campaña electoral, empujado por el Pacto del Agua, un manifiesto impulsado por alrededor de 300 organizaciones civiles de todo el Estado, entre las que se incluyen Ecologistas en Acción, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, Aigua és Vida, FACUA, CC OO o la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).
“La mayoría de las organizaciones que han apoyado el manifiesto son locales”, señala Luis Babiano, gerente de AEOPAS, quien explica a Diagonal que el objetivo de el Pacto del Agua es presionar a los partidos políticos de cara a las próximas elecciones municipales para que apuesten por un modelo de gestión de agua de carácter público, transparente y participativo.
Hasta ahora, la iniciativa está dando buenos resultados. Grupos locales de la mayoría de partidos políticos han reaccionado asumiendo el compromiso por el agua según en qué municipios, en especial las candidaturas ciudadanas que han surgido en los últimos meses. “Hasta el Partido Popular de Priego de Córdoba lo ha aprobado”, comenta Babiano. “Los que nunca han firmado el pacto han sido Ciudadanos”. En algunos sitios incluso se ha puesto ya en práctica. En País Vasco, el consorcio Aguas de Gipuzkoa se ha comprometido a gestionar el agua de forma pública y participativa; en Xàbia –único municipio de Alicante con el agua bajo gestión pública– han aprobado el mínimo vital de 60 a 100 litros por persona que defiende el pacto. Hace pocos días, el Parlament de Catalunya apoyaba también el Pacto del Agua -con el único voto en contra del Partido Popular, y con ERC y CiU desmarcándose de la intención de recuperar la gestión pública-.
Recuperar la gestión del agua
La forma más fácil de remunicipalizar el servicio del agua viene por esperar a que se cumpla el periodo del contrato con la empresa adjudicataria y que el Ayuntamiento decida no renovarlo. “Ahí, el coste es 0”, subraya Babiano. En Pontevedra, el candidato de Marea Pontevedra ya ha anunciado que, si consiguen el Ayuntamiento, recuperarán la gestión de las manos de Viaqua cuando expire el contrato en 2017.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, la fecha en los que los contratos con concesionarias dejen de estar vigentes son a muchos años vista. Guanyem Elx, por ejemplo, ha incluido en su programa la remunicipalización del servicio, pero el contrato con la empresa Aigües d'Elx –Aquagest, grupo Agbar– no acaba hasta 2042; en Oviedo, el contrato con FCC no expirará hasta 2045 y en Jerez de la Frontera, el contrato firmado en 2013 también con FCC estará en vigor hasta 2038 ¿Cómo recuperar la gestión del agua cuando en su mayoría los contratos son por periodos de hasta 40 o 50 años?
Babiano señala que, la siguiente opción es llevar a cabo un control por parte del Ayuntamiento, organizando un equipo de profesionales que detecte negligencias en el desarrollo del contrato. Fue lo que consiguió el Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) el pasado año, cuando técnicos del ayuntamiento detectaron que Aquagest (FCC) manipulaba los contadores y hacía contratas irregulares con empresas de su propio grupo. Barcelona en Comú ya ha anunciado que harán una auditoria del contrato de agua en la ciudad para encontrar irregularidades y, así rescindirlo.
Podemos también ha anunciado la realización de auditorias para remunicipalizar los servicios públicos externalizados que no funcionen correctamente o tengan sobrecostes. Hasta ahora, el control del servicio del agua por parte del Ayuntamiento no es habitual, según explica Babiano. “En vez de tener un equipo que supervise, los ayuntamientos eliminan ese tipo de controles cuando privatiza el servicio”. En otros casos, como en Sanlúcar de Barrameda, ni las denuncias ante la justicia por parte de la ciudadanía, también por la manipulación de los contadores, ha llevado a que el Ayuntamiento, hasta hace pocos meses en manos del diputado de Ciudadanos en la Junta de Andalucía Juan Marín, rescindiera el contrato.
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