Movimientos sociales en Perú
Máxima contra Yanacocha

La historia de Máxima Acuña, que se enfrentó a la multinacional Yanacocha, se ha convertido en un símbolo en Cajamarca y en Perú.

04/05/15 · 17:01
Panorámica de la ciudad de Cajamarca. / Termitas y Elefantes

En la montaña lucen dos grandes lemas: "Libertad para Goyo", presidente y dirigente campesino; y "no al Conga", muestra del rechazo al proyecto minero de la compañía estadounidense Yanacocha. Estamos en Cajamarca y no cabe duda de que ésta es una ciudad en lucha. En el departamento norteño de Perú gobierna el Movimiento de Afirmación Socialista (MAS), la única formación de izquierda en el poder en todo el país.

Gregorio Santos, líder del partido y en prisión preventiva desde hace dos años por presunta malversación de fondos públicos, ha sido electo por segunda vez con un 44% de apoyo. El MAS ha llevado a cabo una gestión política alternativa al Gobierno central, con un modelo de desarrollo basado en la agricultura, la ganadería y vinculado a lo comunal, en donde las comunidades tiene poder de decisión sobre los proyectos que les afectan.

En Cajamarca gobierna el MAS, la única formación de izquierda en el poder en todo el país

El actual presidente, Ollanta Humala, llegó al poder con apoyo de los movimientos sociales. Sin embargo, meses más tarde, ratificó su alineación con las fuerzas más conservadoras y con las políticas neoliberales que han definido el país en las últimas décadas. Según los resultados de las encuestas, actualmente las instituciones del Estado están totalmente desacreditadas. Sólo el 12% aprueba la labor del Congreso; un 20% la del presidente; y un 15% la del poder judicial.

A pesar de que Humala prometió en campaña revisar todas las concesiones de las empresas mineras, acabó avalando el proyecto Conga, que originó una fuerte protesta popular que concluyó con cuatro muertos.

De la explotación a la movilización

A diferencia del resto del país, desde los años 60 y 70 se ha ido fortaleciendo el tejido social entre las comunidades gracias, principalmente, a los movimientos campesinos e indígenas, así como también gracias a la teología de la liberación y la educación popular, que incidieron profundamente en la zona. Del 1,2 millones de personas que viven en este departamento, 500.000 forman parte de las Rondas Campesinas, una estructura nacida como comités de autodefensa, que ofrece hoy una alternativa de autogobierno, una muestra de la alta participación política y de movilización de su ciudadanía.

Esta mujer campesina, dedicada plenamente a la agricultura de subsistencia, se niega a vender sus 23 hectáreas

Cajamarca es un punto rojo en el norte de Perú, rodeado de zonas altamente explotadas por las multinacionales mineras, un lugar estratégico y atrayente para estas empresas. Según ha declarado el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Cajamarca es una de las regiones con los ríos más contaminados y en donde peligra el suministro de agua como consecuencia de la actividad minera. Esta situación de emergencia ha motivado que campesinos y organizaciones populares se hayan movilizado y bloqueado carreteras hasta conseguir la paralización total de la actividad extractiva.

Maxima Acuña, símbolo de resistencia

La multinacional estadounidense Yanacocha, mayoritariamente propiedad de Newmont Mining Corporation, es la minera de oro más importante de Sudamérica. A día de hoy protagoniza una pugna con los lugareños a raíz del proyecto minero Conga, que contempla operar en los terrenos de la Laguna Azul, lugar donde vive Máxima Acuña y su familia. Este proyecto representa la inversión más grande de Perú y prevé una mina de oro y cobre a cielo abierto de explotación que afectaría a cuatro lagunas de la zona, que abastecen poblaciones de Celendín y Cajamarca.

Esta mujer campesina, dedicada plenamente a la agricultura de subsistencia, se niega a vender sus 23 hectáreas, porque, como ha expresado en varias ocasiones, no quiere ver cómo destrozan las montañas y lagunas de su país. La familia Chaupe Acuña compró en 1994 los terrenos de Tragadero Grande, en la comunidad de Sorochuco. En 2011, Máxima denunció ante la fiscalía de Celendín a la empresa Yanacocha por las presiones recibidas para que abandone su propiedad. Acto seguido, la minera los demandó por haber usurpado estos territorios.

Tras varias sentencias, en diciembre de 2014, la Corte de Cajamarca le dio la razón a Máxima Acuña, aunque las presiones y amenazas no han cesado. El pasado mes de enero, el personal de seguridad privada de la División Nacional de Operaciones Especiales de la Policía (Dinoes) y trabajadores de Yanacocha destruyeron una nueva construcción de la familia Chaupe Acuña. La minera declaró que lo hizo como acto de "defensa posesoria". Dos meses más tarde, dañaron parte de sus sembrados y plantas.

En diciembre de 2014, la Corte de Cajamarca dictó a favor de Maxima Acuña, aunque las presiones y amenazas no han cesado

Diversas organizaciones populares han expresado su apoyo a Máxima y a su familia. Las propias Rondas Campesinas convocaron una marcha para ayudar a reconstruir la casa familiar y varios colectivos sociales de Lima se solidarizaron el 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tomando la consigna “Todos somos Maxima”.

Además, la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM) le otorgó el premio Defensora del Año 2014. Estas acciones de reconocimiento han generado una fuerte presión social dando a conocer este caso a nivel internacional.

Recientemente, la gobernación de Cajamarca concedió, bajo documento oficial, plenas garantías a Máxima y a su familia “con el fin de proteger el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución, así como las libertades que se derivan del ejercicio de derechos posesorios”. Asimismo, el gobernador de Cajamarca, Ever Hernández, confirmaba el retiro de la policía de los terrenos de Tragadero Grande.

Máxima Acuña y su familia son una muestra de resistencia ante los intereses económicos y los grandes grupos de poder que, a pesar de vulnerar los derechos de las personas, conservan el apoyo del Gobierno peruano, pero que la sociedad civil enfrenta ganando el pulso de la justicia social.

Más artículos de los autores:

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