El Parlamento Europeo ha aprobado esta mañana una resolución que "insta a la Comisión y al BEI a que tomen medidas a fin de evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar, bien mediante un déficit público más elevado, bien mediante el aumento de los costes de la energía, 1 300 millones euros en compensaciones por un proyecto precedido de una evaluación desastrosa".

Ha sido en el marco del Informe anual del Banco Europeo de Inversiones, que fue elaborado por el diputado Ernest Urtasun del Partido Verde Europeo (Verdes-ALE) aprobado con 350 votos a favor y 263 votos en contra.

El 3 de octubre de 2014, el Gobierno español aprobó mediante un RDL una indemnización de 1.350 millones de euros para la compañía Escal UGS (participada en un 66,6% por ACS, grupo de Florentino Pérez), propietaria hasta julio del almacén de gas submarino que se encuentra frente a las costas de Castellón y Tarragona.

El 14 de noviembre, Escal UGS cobró la indemnización de 1.350 millones, pero las consecuencias de la Plataforma no se quedan ahí: quince organizaciones de la sociedad civil que denunciaron la celeridad con la que se tramitó el pago a Escal UGS aseguran que el coste total será de más de 4.700 millones de euros, debido a los intereses, más unos 100 millones anuales por el mantenimiento de las instalaciones.

El texto aprobado hoy por el Parlamento pide a la Comisión "que siga las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo e investigue si las decisiones del Gobierno español sobre Castor pueden considerarse ayuda estatal prohibida".

El PP ha votado en contra del punto 33 del informe, que incluye una mención al Proyecto Castor "cuya evaluación de riesgos no tomó en consideración el riesgo de aumento de la actividad sísmica vinculado a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios que alertan claramente de los peligros potenciales de esta operación”. La puesta en marcha de Castor fue aprobada por el PSOE con Miguel Sebastián al frente de Industria y la indemnización ha sido impulsada desde el mismo Ministerio por José Manuel Soria.

"Con el proyecto piloto Castor se puede observar que cuando proyectos de infraestructuras se complican son los contribuyentes quienes finalmente asumen el riesgo y se crean deudas ilegítimas", ha declarado el eurodiputado Miguel Urbán, de Podemos-GUE/NGL. Para Urbán, el BEI, es una institución "peligrosa" que ha llevado a invertir fondos públicos para asumir el riesgo de los inversores de los mercados de capitales.