Cuando Luis Garicano, cerebro económico de Ciudadanos, afirma que “el que paga impuestos, paga demasiados”, tiene razón: España tiene tipos impositivos muy altos a nivel europeo, pero un sistema recaudatorio muy ineficiente que no resuelve los altos niveles de evasión y elusión fiscales: recauda tan sólo un 33,3% del PIB, siete puntos menos que la media europea, con una economía en negro del 24% del PIB (entre 5 y 10 puntos más que la media europea).

Los ingresos fiscales son el gran tema pendiente de los países del sur de Europa

El grueso de la presión fiscal recae sobre todo en las rentas del trabajo medias y medias-bajas, mucho más fáciles de fiscalizar, mientras elude las rentas del ahorro y del capital, sobre todo grandes empresas y grandes fortunas. Así, el sistema fiscal español es regresivo tanto a nivel nominal como efectivo. Como comenta Conde-Ruiz, del think tank conservador Fedea, “tenemos un sistema impositivo muy ineficiente con tipos marginales muy distorsionantes que apenas recaudan y con tipos efectivos muy bajos debido a la gran maraña de deducciones fiscales existentes”. Ahora bien, el grueso de la reducción de desigualdad no se hace vía impuestos, sino vía transferencias del Estado de bienestar, que en España sobre todo realizan las autonomías; además del eje social, el eje territorial también es necesario para entender la fiscalidad española.

En el sexto año de la crisis, estos problemas siguen ahí, sobre todo por falta de voluntad política: seis años de déficits continuos han disparado la deuda pública al 100% del PIB a pesar de los duros recortes del gasto social. En ese sentido, los ingresos fiscales son el gran tema pendiente de los países del sur de Europa. De una recaudación fiscal del 33,3% del PIB, 12% son cotizaciones a la Seguridad Social; 10,6%, impuestos directos y 10,7%, impuestos indirectos. El impuesto directo más importante y el primero en volumen de recaudación es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con dos bases: general (que sobre todo grava rentas del trabajo, pero también actividades económicas e inmobiliarias) y ahorro (grava rendimientos del capital, como por ejemplo plusvalías, dividendos, compra-venta de activos…). En 2014 la base general tenía siete tramos (del 24,75% al 56%) y la base del ahorro tenía tres (del 21% al 27%): se grava desproporcionadamente el trabajo frente al ahorro. El IRPF, que debería ser progresivo, tiene efectos muy poco redistributivos en España en comparación con la media europea: esto es debido no sólo a la diferencia en tipos nominales entre la base general y del ahorro, sino también por la gran cantidad de deducciones fiscales permitidas (11.819 millones, un 17% de la recaudación en 2011) y el fraude en las rentas más altas y no salariales (estimado en alrededor del 40-55% en 2008). En la práctica, el tipo efectivo medio en 2011 era del 15.1%, casi diez puntos menos que el tipo marginal mínimo.

Educación y sanidad privadas, consumidos mayoritariamente por las clases altas, son servicios exentos de IVA

El impuesto indirecto más importante y segundo en volumen de recaudación es el Impuesto al Valor Añadido (IVA), que grava el consumo. De toda la Unión Europea, España es el país que recauda menos IVA: no por sus tipos (21%, con 10% de reducido y 4% de superreducido), sino porque la demanda interna está totalmente deprimida después de seis años de austeridad expansiva. Educación y sanidad privadas, consumidos mayoritariamente por las clases altas, son servicios exentos de IVA. Además, servicios de hostelería y la construcción de nuevas viviendas constan, curiosamente, como tipo reducido, a modo de enésimo incentivo fiscal para la construcción y el turismo.

Un caso muy parecido al del IRPF es el del Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios empresariales y constituye el tercer impuesto en volumen de recaudación: el tipo general es del 30% (PYME al 25%), mucho más elevado que el tipo nominal medio de la eurozona (25,9%). Ahora bien, el tipo efectivo fue del 21,1% sobre la base imponible (12,2% sobre beneficios), debido al gran número de deducciones fiscales (2514 millones, un 15% del total recaudado en 2011). Desde 2007 la recaudación de Sociedades está cayendo en picado: la aportación de los grandes tributos al impuesto cayó a la mitad, ya que cada vez están menos fiscalizados.

En la actualidad, la mitad de recaudación de IRPF e IVA va al Estado central y la otra mitad a las Comunidades Autónomas, mientras que el 100% de la recaudación de Sociedades va al Estado central. Otros impuestos relevantes son Patrimonio (IP) y Sucesiones y Donaciones (ISD), que la reforma de la financiación autonómica de 2009 transfirió a las autonomías, y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que gestionan los municipios a nivel local. La reforma de 2009 supuso una descentralización fiscal muy importante sin parangón en Europa: eso tiene sentido, dado que el gasto en educación y sanidad recae en las autonomías y se fomenta la responsabilidad en el gasto, aunque incentiva una carrera hacia abajo para fijar los impuestos más bajos posibles, el llamado dumping fiscal. Así, el ISD está prácticamente eliminado en Madrid, Castilla La Mancha o Cantabria, mientras se mantiene en Andalucía, Murcia o Asturias. El IRPF más bajo (y menos redistributivo) está en Madrid y la Rioja, mientras que está más alto en Andalucía y Catalunya. En fase de retirada, el Impuesto de Patrimonio, exento para valores inferiores a 700.000 euros y eliminado en Madrid, es extremadamente relevante en el país de la burbuja inmobiliaria, donde el patrimonio medio es de los más altos de Europa.

Propuestas electorales

Anticipando las elecciones generales, el PP reformó el IRPF para 2015 y 2016: reducen los tramos de 7 a 5 y se bajan todos los tipos, lo que combinado beneficia relativamente a las rentas más altas. En Sociedades, se impone un tipo único al 25% para 2016. Para el PP, el modelo fiscal es Madrid: impuestos bajos y poco progresivos y permisividad fiscal (recordemos los casos Bárcenas o Gürtel), incluyendo además el uso de la hacienda pública con fines políticos (casos Pujol o Monedero), sin enfrentarse a los grandes problemas fiscales del país.

Las propuestas en materia fiscal de los otros partidos en liza, el PSOE, Podemos y Ciudadanos, presentan interesantes puntos en común. Por lo que respecta a las diferencias entre tipos efectivos y nominales, tanto Podemos como Ciudadanos plantean compromisos creíbles en la lucha contra el fraude fiscal, dado que han incorporado la experiencia del sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA) en el caso de Podemos y la de Francisco de la Torre, ex portavoz de los inspectores de Hacienda, en el caso de C’s. Este compromiso, que ya se espera en Podemos, se agradece en el caso de un partido de derechas como Ciudadanos, en contraste con el PP. Igualmente, los tres partidos aspiran a atajar el dumping fiscal llevado a cabo por las autonomías y eliminar las amplias deducciones fiscales tanto en IRPF como Sociedades. Para C’s, eso implica la oportunidad de bajar los tipos nominales (sólo tres tramos del IRPF: 18%, 28% y 42%; Sociedades, único del 20%).

A nivel nominal, tanto PSOE como Ciudadanos dicen inspirarse en el prestigioso informe Mirrles, pero sus conclusiones se notan mucho más en las propuestas del PSOE, mucho más ambiciosas, que en las de Ciudadanos. Así, el PSOE plantea recuperar Patrimonio y unificarlo con el IRPF, al igual que Holanda y Suecia, para que sea un impuesto sobre las rentas globales del contribuyente y no se perjudique a las salariales. Esto se podría combinar con la relevante idea de Podemos de bajar el límite de Patrimonio a 400.000 euros. PSOE y Podemos coinciden en la necesidad de conseguir una fiscalidad efectivamente progresiva, pero Podemos es más nítidamente socialdemócrata en su propuesta de subir los tipos a las rentas de más de 50.000 euros y subir los impuestos medioambientales, los más bajos de toda la UE. En cambio, C’s ya ha prometido revisar su compleja y regresiva propuesta, que incluye la propuesta estrella del complemento salarial (con éxito probado en países anglosajones, pero muchísimo menor en Suecia y Alemania), cuando se reveló que perjudicaba las rentas entre 16.000 y 19.500 euros, algo que podría afectar a 475.000 personas.