¿Por qué no se debe excluir a un persona, sea cual sea su color de piel, de la sanidad?

Las decisiones de nuestros líderes nos definen, no dejemos que creen una sociedad de la que nos sitiamos avergonzados de pertenecer.

, @ecanrog - periodista
10/04/15 · 12:07
Acción de Yo Sí Sanidad Universal en el Ministerio de Sanidad.

La exclusión sanitaria de inmigrantes no es una cuestión de ideología, sino de sentido común. Todo debate político de calidad que desemboque en una ley necesita de datos, y más si afecta a casi un millón de personas. Las razones que se oponen a privar a los inmigrantes en situación irregular de la salud van desde el respeto a los derechos humanos hasta las recomendaciones de las ONU, pasando por el coste en vidas y el sufrimiento de miles de personas que implica esta medida. A favor del apartheid sanitario sólo se explica la posición de quien hace política con el color de piel o del que niega la realidad, ya que no hay ninguna prueba que demuestre que los inmigrantes saturan los hospitales. Tampoco que la ausencia de estos del sistema sanitario provoque un ahorro.

El Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el PP, que excluía a los inmigrantes irregulares de la atención sanitaria y les quitaba la tarjeta sanitaria, acaba de ser rectificado en parte. El maquillaje del Gobierno devuelve la atención primaria, pero no otorga la tarjeta sanitaria. Lo que implica no tener un historial médico y por lo tanto un médico de referencia que conozca el expediente del paciente. Tampoco reconoce el tratamiento para enfermedades como el cáncer, ni permite el acceso a medicamentos costosos vitales para la supervivencia de cualquier persona independientemente de donde haya nacido y de su color de piel.

Tres muertos y cientos de miles de afectados han hecho falta para que el Gobierno se mueva de su posición respecto a la exclusión sanitaria. Su movimiento no sólo evidencia que durante dos años ha estado equivocado, sino que se está usando algo tan elemental como la salud para distanciarse de un partido político. En este caso, Ciudadanos, al cual esta maniobra ha situado a la derecha de la derecha. Algo en lo que parece no tener reparo. La candidata del partido de Albert Rivera a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carolina Punset, consideró 'inviable' desde el punto de vista económico que la sanidad pública atienda a los inmigrantes ilegales. La flagrante ausencia de datos que uso para demostrarlo define cómo Ciudadanos se posiciona políticamente.

Nadie ha probado, ni siquiera el Ministerio de Sanidad, que con la exclusión se ahorra dinero

La falta de una justificación y memoria económica que precedió al real decreto aprobado por el PP ni se justificó entonces, ni se está haciendo ahora. El Gobierno atribuyó su decisión al ahorro de 500 millones de euros del gasto sanitario. En estos dos años en los que Ministerio de Sanidad ha retirado 873.000 tarjetas sanitarias, no ha hecho público ningún análisis sobre el efecto disuasorio de la reforma sanitaria en personas migrantes en situación administrativa irregular. De hecho, incluso el Tribunal Constitucional ha cuestionado en dos ocasiones el ahorro de excluir a estas personas de una atención normalizada.

La Defensora del Pueblo en su informe de 2013 cuestionaba el ahorro que alega el Ministerio si la atención está garantizada; el gasto simplemente sería derivado a las cuentas públicas de otras administraciones.

Por otro lado, los médicos de Atención Primaria apuntan que la población inmigrante está buscando esa atención sanitaria de la que se les priva a través de las Urgencias hospitalarias, que ya actúan por encima de sus posibilidad, lo que supone tratamientos más caros y pruebas innecesarias. Lo que muchos calificaron en su momento como un “apartheid sanitario” cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la decisión abre un brecha aún más profunda con los inmigrantes, de por si vulnerables.

Turismo sanitario y saturación de urgencias:

Otro de esos argumentos sobre los que aún no hay datos a favor es el de que los inmigrantes irregulares vienen a hacer turismo sanitario. Nadie escapa de África o de uno de esos países en continua guerra para operarse de apendicitis. Además, el gasto sanitario de estas personas está muy por debajo de la media de los españoles, como corresponde a perfiles jóvenes y al temor de las personas en situación irregular a exponerse a cualquier tipo de autoridad que pueda condicionar su estancia en España. Puede que haya mayores no comunitarios con problemas graves de salud, pero si están aquí es como consecuencia de un proceso de reunificación familiar perfectamente legal y están respaldados por los impuestos que pagan sus hijos.

El fraude de los inmigrantes

Suele decir también aquel que trata de ganar votos a costa de la mal informada opinión publica que lo inmigrantes irregulares no pagan impuestos y que por tanto no deben tener acceso a los servicios de salud. También, que el fraude entre este colectivo es mayoritario.

Sí que es cierto que la mayoría de los ingresos de las administraciones públicas provienen de los tributos y las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero también lo es que no es posible evitar el pago de los impuestos indirectos, cuyo ejemplo lo constituye el IVA. Y si en algún caso fuera posible no hacerlo, no es una facultad exclusiva que corresponda al inmigrante irregular.

También es cierto que el inmigrante sin papeles no puede presentar la declaración del I.R.P.F. No obstante, en la mayoría de los casos, estas personas se encuentran en una situación económica bastante precaria y rara vez ingresan más de 22.000 anuales, un tramo impositivo que aún teniendo residencia legal no le obligaría a la realización de la declaración y pagaría el porcentaje retenido. Es decir, una cantidad relativamente menor.

El fraude fiscal atribuido a los inmigrantes no ha sido demostrado más allá de casos puntuales. El que sí ha sido puesto en evidencia es el que realizan cada año las grandes fortunas y multinacionales, que alcanza en España los 59.500 millones de euros según datos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacenda, Getsha. Como Oxfam Intermón ha denunciado, poner fin a al fraude fiscal permitiría la cobertura económica de la sanidad española.

Caos administrativo

La cobertura de los sin papeles varía sustancialmente en cada autonomía y las diferencias entre las Comunidades Autónomas son evidentes. Hay comunidades que se han negado públicamente a dejar sin asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación irregular, otras por el contrario han empezado a aplicar la nueva normativa. Andalucía, Principado de Asturias, Navarra, el País Vasco, Canarias y Cataluña presentaron, además, recursos de inconstitucionalidad al decreto del Gobierno.

Y lo que es peor, “la exclusión sanitaria ha provocado un carácter diferenciado por comunidades de un derecho de todas las personas como es la Sanidad”, sostienen desde Yo Sí Sanidad Universal.

Más allá de todas estas desventajas están algunas más complejas como la atención a inmigrantes sin tratamiento farmacológico, personas adultas con alta medicalización, que hasta antes de esta medida tenían asegurada una cobertura íntegra, llegan a sus consultas reclamando que se le quite alguno de los fármacos recetados porque no pueden pagarlo. El extremo más delicado de esta realidad es el de las personas que padecen las denominadas enfermedades crónicas, ya que deben hacer un uso continuado de la medicación durante toda su vida.

Críticas desde todos los sectores

Médicos del Mundo y Red Acoge poniendo sobre las mesa las denuncias de Naciones Unidas se oponen a la legislación incluso antes de que el Real Decreto se aprobara. En 2012, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó a España que la reforma legislativa no limitase el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera que fuese su situación legal. En enero de 2014, el mismo organismo destacó que esta reforma era contraria a la Carta Social Europea, de la cual España es Estado parte. SOS Racismo y otras muchas se han sumado a la denuncia, esta última denunció que en Madrid la exclusión del sistema de citas sanitarias a más de 6.000 menores, la mayoría hijos de inmigrantes.

Quién también se pronunció en su momento fue el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Discriminación, que calificó la legislación como una “novedad lamentable” y recomendó a España revisar la reforma sanitaria llevada a cabo en un contexto de crisis económica, con el fin de asegurar que la asistencia sanitaria es garantizada a todas las personas inmigrantes, con independencia de su situación administrativa.

Hay pocas cosas más miserables que hacer política con el color de piel. El último parche del Gobierno sobre la sanidad en los inmigrantes no es más que el más electoralista maquillaje de una medida que sigue siendo insuficiente y que establece dos tipos de ciudadanos, los de primera clase y los de segunda. También es deleznable la postura que han adoptado otros partidos que dicen situarse en el centro del tablero político ante una medida cobarde, ya que se dirige contra aquellos que no pueden defenderse. Las decisiones de nuestros líderes nos definen, no dejemos que creen una sociedad de la que nos sitiamos avergonzados de pertenecer.

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