Un oficio remitido por el inspector del Grupo IX de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Policía Nacional recomienda al magistrado del Juzgado de Instrucción 48 de Madrid el traslado de la investigación sobre la venta de 2.935 viviendas públicas al fondo de inversión Goldman Sachs a la Fiscalía Anticorrupción. La petición de la policía, parte de la investigación ordenada en diciembre por el Juzgado de Instrucción 4 de Madrid, ha sido recibida como una buena noticia por parte de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas IVIMA (AVVI). En conversación telefónica con Diagonal, Enrique Villalobos, portavoz de esta asociación, dice que el auto de la policía manifiesta que se ha tenido indicios suficientes para el traslado de la sospecha a la fiscalía, por lo que reclama que se investigue en profundidad si ha habido un enriquecimiento derivado de la venta de estas casas y que se haga con rapidez: “El tiempo va pasando y para los afectados es una espada de Damocles”, denuncia Villalobos.

La Comunidad ha defendido que no se han producido desahucios en las promociones de viviendas afectadas por la venta a Goldman Sachs, que opera como “casero” a través de Encasa-Cibeles. Sin embargo, Villalobos denuncia que hay mucha presión por parte de Encasa: la empresa sigue tramitando los desalojos acogiéndose a la figura del “desahucio exprés”, los lanzamientos siguen ordenados y sólo se retrasan porque estamos “a las puertas de unas elecciones autonómicas”. Villalobos explica que la situación difiere mucho entre unos y otros inquilinos, pero que los hogares afectados viven en una "angustia permanente". Prácticamente todos han visto denegadas las ayudas al alquiler "y la inmensa mayoría ya tiene una deuda con Encasa-Cibeles", la entidad creada por Goldman Sachs y la gestora Azora.

Para este representante vecinal, la investigación por parte de la policía y la presión ciudadana ha servido para “paralizar” el proceso de desalojo masivo de viviendas abierto en agosto del 2013. Villalobos considera que hay motivos para pensar que hay una trama en torno a la operación, y recuerda que la propia directora gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), Ana Gomendio, en su testimonio como imputada en septiembre de 2014 indicó que la operación de estas viviendas a fondos buitres estuvo diseñada por su antecesor al frente del IVIMA, el exsenador y diputado autonómico Juan Van Halen.

Pero el principal señalado por la venta a Goldman Sachs es el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, quien utilizó la expresión eufemística "rotación de activos" para justificar el paso de titularidad pública de la vivienda a los fondos Goldman Sachs y Blackstone, protagonista de otra operación, en esta ocasión con la EMV, empresa municipal madrileña. Cavero, que entró en política tras su periplo como directivo del Grupo Barclays en España, participa junto a varios miembros de su familia en la SICAV Bussola 99, gestionada por BBVA Patrimonios Gestora, gestionada a su vez por Goldman Sachs, principal beneficiada de la venta de 32 promociones del Plan Joven del IVIMA por 201 millones de euros, a 67.000 euros por unidad. “Cualquiera pensaría que algo hay ahí”, indica Villalobos.