Las encuestas más recientes no pueden ser más desfavorables para Dilma Rousseff. El 69% de la población brasileña considera a la presidenta de Brasil corresponsable de la trama de corrupción de Petro­bras. Unos datos que se trasladan a su índice de aceptación: su popularidad se desplomó al 10,8%, mientras que el 77,7% de la población desaprueba su liderazgo.

Esos mismos estudios indican que el 92,8% de la ciudadanía está preocupada por el estado de la economía nacional. Según una proyección rea­lizada a primeros de marzo por el Banco Central de Brasil, el país sufrirá una contracción del 0,58% este año, su peor desempeño económico en las últimas dos décadas.

Corrupción en el PT

El 16 de marzo, el Minis­terio Público Federal imputó al tesorero del Par­tido de los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto, por corrupción y lavado de dinero. Junto a Vaccari, la tercera fase de la Operación Lava Jato (lavado exprés) conllevó denuncias a otras 26 personas, entre las que están varios exdirectivos de Petrobras acusados de recibir sobornos de empresas a cambio de la asignación de contratos de la petrolera. Existen “pruebas más que suficientes” de que Vaccari solicitó donaciones a exdirectores de compras y servicios de la petrolera estatal, así como a ejecutivos de empresas de ingeniería y constructoras involucradas en el desvío de dinero hacia políticos y partidos, según ha manifestado recientemente el fiscal Deltan Dallag­nol. El conjunto de los imputados está siendo acusado de crímenes por lavado de dinero, corrupción y asociación ilícita.

Según sostiene la Fiscalía, Va­cca­ri tenía contactos con directores de Petrobras, con quienes negociaba comisiones provenientes de los contratos, cuyos precios se inflaban. El tesorero del PT recibía el dinero “disfrazado” en forma de donaciones legales para campañas del PT.

Fruto de estas indagaciones, el Gobierno de Dilma Rousseff se ha visto obligado a autorizar una investigación sobre representantes de seis partidos políticos, entre ellos el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, ambos del Partido Movi­miento Demócrata Brasileño (PMDB).

La Operación Lava Jato motivó también que el procurador general de la República, Rodrigo Janot, entregase –a primeros del mes de marzo– al Supremo Tribunal Federal una lista con 28 preguntas dirigidas a los políticos involucrados en este esquema de financiación irregular.

Operación Lava Jato

Con origen en un surtidor de gasolina –de donde surge su nombre–, la Operación Lava Jato nació hace algo más de un año. A través de un operativo que involucra al Minis­terio Público, la Policía Fe­deral y el Tri­bunal de Cuentas de la Unión, se investiga una gran trama de lavado y desvío de dinero vinculado a contratos públicos con la petrolera estatal.

Una de las primeras detenciones realizadas fue la del contrabandista Alberto Youssef –con anterioridad nueve veces preso–, quien pasó de vender empanadas en la calle a manejar a través de diversos negocios de dudosa reputación miles de millones de reales. Una de sus más sonadas detenciones fue por su participación en el caso Banestado, una trama a través de la cual 19.000 millones de dólares fueron enviados ilegalmente en remesas desde Brasil a EE UU durante la segunda mitad de los 90.

Convertido en hombre de confianza del poderoso exdiputado del Parti­do Progresista José Janene, ­imputado en el Caso Mensalão (sobornos a varios diputados para que votaran a favor de los proyectos impulsados por el Gobierno de Lula), la muerte de éste en 2010 lo convirtió en el eje por el que se canalizó gran parte de la corrupción en Petrobras. Youssef se convirtió en el lobbista número uno de la petrolera estatal, en la “pieza” mediante la cual se lavaron no menos de 7.600 millones de dólares. La Policía Judicial descubrió en su despacho 750 contratos tramitados bajo su supervisión.

Hay datos que involucrarían también al exministro José Dirceu, preso por el escándalo Mensalao

Tres días después fue detenido Paulo Roberto Costa, exdirector de compras de Petrobras entre 2004 y 2012. Costa era investigado por supuestas irregularidades en la compra por Petrobras de la refinería Pasa­dena (Texas) en 2006. Reco­noció haber aceptado 1,5 millones de dólares por facilitar dicha operación, delatándose ingenuamente ante la Policía Fe­deral tras haber recibido en marzo de 2013 un lujoso vehículo como “regalo” de Alberto Youssef.
Ambos firmaron un acuerdo de colaboración para reducir sus eventuales condenas a cambio de detallar ante la Justicia el funcionamiento de la trama corrupta en Petro­bras. Por sus declaraciones han sido involucrados legisladores, empresas y distintos directivos de la compañía. Según los colaboracionistas el sistema de sobornos, abastecía las cajas del Partido de los Trabaja­dores (PT), el Partido Mo­vimiento De­mocrático Brasileño (PMDB), el Par­tido Progre­sista (PP), Solidari­dade (SD) y el Par­tido Labo­rista Brasileño (PTB).

Tras las declaraciones de los delatores, el primero en ser afectado fue el diputado federal André Var­gas, quien a su vez ejerció como secretario nacional de comunicación del PT. Vargas, quien por la información que maneja es considerado por el petismo como una “bomba ambulante”, está siendo investigado por intermediar en las relaciones de Youssef con Petro­bras, otras instituciones y el Minis­terio de Salud en la adjudicación de contratos fraudulentos y comisiones canalizadas a través de empresas fantasmas.

En noviembre de 2014 arrancaría la segunda fase de la Operación Lava Jato, en la que fueron implicadas importantes transnacionales brasileñas. Las denuncias realizadas motivaron la orden de detención de otras 39 personas, entre las cuales no se encuentra ningún político, dado que éstos poseen un foro privilegiado que implica al Su­premo Tribunal Fe­deral como único órgano competente para poder investigarlos y proceder con su detención.

Entre las informaciones reveladas por la Fiscalía aparecen datos que involucrarían también al exministro José Dirceu, actualmente preso por el escándalo Mensalão; así como un documento en el que se detalla el pago de 1.200 millones de reales en sobornos al PT, a los exdirectores de Petrobras Paulo Rober­to Costa, Renato Duque y Nestor Cerveró, y al exgerente de la estatal Pedro Barusco.

Cártel de empresas

Dos de las empresas investigadas por estos millonarios desvíos de dinero, Setal Engenharia y SOG Óleo e Gás, se acogieron recientemente a un acuerdo con las autoridades antimonopolio de Brasil a través del cual admitieron haber formado parte de un cártel para repartirse los contratos de Petro­bras. Dicho acuerdo de confesión consiste en el suministro de información a cambio de la reducción de las sanciones que les serán impuestas por violación de las leyes de libre competencia.

Estas firmas admitieron formar parte de un cártel constituido desde finales de los años 90 e integrado por 23 compañías que se distribuían los contratos públicos a cambio del pago millonario de sobornos. Este “club de empresas” actuaba coordinadamente en las licitaciones de Petrobras desde la época del Gobierno de Fer­nando Henrique Cardoso, prolongando su modus operandi hasta inicios del año 2012.

“Esas conductas fueron desarrolladas, principalmente, por medio de reuniones presenciales, contactos telefónicos y SMS entre los representantes de las empresas, centrados en la supresión y reducción de competitividad en las licitaciones de contrataciones realizadas por Petrobras en obras de montaje industrial onshore (producción en tierra), con previo acuerdo con el ganador del contrato respecto a precios presentados, condiciones, división de lotes, abstenciones y propuestas de cobertura, entre otros”, según se lee en la declaración.

Las empresas participantes del cártel, además de las declarantes, son: Camargo Correa, Andrade Gu­tié­rrez, Odebrecht, Mendes Junior, MPE Montagens y Projetos Espe­ciais, Promon, Techint, UTC En­gen­ha­ria, OAS, Engevix, Galvao Engen­haria, GDL, Iesa Óleo e Gás, Queiroz Galvao y Skanska Brasil. Aunque el acta recoge también otras que “participaban esporádicamente de estas combinaciones”: Alusa Engenharia, Construcap, Fi­dens, Jaraguá Engen­haria, Scha­hin y Tomé Engeharia.

En la declaración de Augusto Mendoca, exrepresentante de Se­tal, se indica que “el cártel pasó a ser más efectivo a partir de 2004”, tras la llegada del PT al poder.