El juez pablo Ruz ve indicios de 18 años de financiación ilegal
Cierre en falso de los papeles de Bárcenas

Las acusaciones señalan que el juez ha esquivado investigar si las empresas donantes cometieron delitos de cohecho y presentan recursos ante el cierre de la investigación.

, Redacción
31/03/15 · 8:00
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Donaciones en negro de empresas adjudicatarias de la Administración; pagos, con este mismo dinero, de seis campañas electorales; más pagos en negro de obras en las sedes... El auto con el que Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional, pone fin a la instrucción de ‘los papeles de Bárcenas’ señala que hay indicios para acreditar que durante 18 años –de 1990, un año después de su creación, hasta 2008– el Partido Popular mantenía un entramado de financiación ilegal. Dos decenas de empresas –entre las que figuran las principales contratistas de obra pública: FCC, OHL o Sacyr– habrían aportado dinero en negro al partido, que después pasaría a su circuito económico oficial o serviría para pagar sobresueldos a sus miembros y otros gastos.

Indicios de que todo fue verdad. Sin embargo, el auto de Ruz sólo apunta como imputados a los gerentes o tesoreros del partido –Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y Cristóbal Páez–, señalando al Partido Popular como responsable civil subsidiario –lo que podría traducirse en un futuro desembolso económico– y al responsable y a algunos empleados de Unifica, encargada de las obras de reforma de la sede en Madrid. Pablo Ruz manda a los juzgados de la región la instrucción sobre la contrata de basuras en Toledo. Las imputaciones del resto de empresarios quedan sobreseídas provisionalmente. Y de las responsabilidades penales y sobresueldos del resto de cargos del partido ni se hace mención.

Desde las acusaciones populares han recurrido el cierre de la instrucción. “Es un auto que jurídicamente es endeble y técnicamente tendencioso”, afirma Gonzalo Boyé, letrado del Observatori Desc, una de las acusaciones personadas en la causa de los 'papeles de Bárcenas'. Boyé explica a Diagonal que, por un lado, el juez de la Audiencia Nacional ha descartado delitos en base a un plazo de prescripción mal aplicado, al no considerar los hechos de los que el propio auto de cierre de la instrucción da como "indiciariamente probados" como un delito continuado. Por otro, el magistrado ha denegado diligencias tan importantes para probar la responsabilidad de los empresarios como el análisis de los contratos públicos a los que han tenido acceso en los años en los que aportaron dinero al Partido Popular.

Ana Méndez Gorbea, letrada de la acusación presentada por la Asociación Libre de Abogados, inserta en la 'Querella contra Bárcenas', añade que el auto declara el cierre de la instrucción antes de que la Audiencia Provincial haya resuelto sobre el recurso presentado “precisamente contra la denegación de diligencias en cuanto a los contratos de las empresas donantes”. También van a alegar la responsabilidad de los secretarios generales del Partido Popular durante los años en los que hubo financiación ilegal: María Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy, Ángel Acebes y Fracisco Álvarez-Cascos. “Niegan haber estado al tanto del sistema de la caja b, pero eso no se puede justificar. En los estatutos del partido vienen definidas las tareas de los secretarios generales, y entre sus obligaciones está la dirección de todos los departamentos de gestión y la jefatura de personal”, explica Méndez.

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