Ley de Segunda Oportunidad
Las trampas de la reforma del PP

El autor, abogado y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, explica el cambio normativo anunciado.

, Abogado y activista social.
25/03/15 · 8:00
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Con la piadosa denominación de Ley de Segunda Oportunidad, el Gobierno ha adoptado una serie de reformas supuestamente encaminadas a paliar la situación de sobreendeudamiento de miles de familias.

Las medidas, vigentes desde el 1 de marzo, se han instrumentado mediante reformas del Real Decreto-ley 6/2012 –Código de Buenas Prácticas Bancarias–, de la Ley 1/2013 –moratoria antidesahucios– y sobre la Ley Concursal. Las únicas medidas relevantes adoptadas con la modificación de las dos primeras normas han sido la ampliación del plazo de suspensión de lanzamientos hipotecarios hasta marzo de 2017 y la inclusión en el colectivo de “especial vulnerabilidad” de los deudores de 60 años o más.

El aspecto más significativo es la reforma de la Ley Concursal, que consiste en la articulación de un procedimiento largo, complejo y caro, por el que, tras acreditar el cumplimiento de un buen número de requisitos personales y objetivos, y previo intento de un procedimiento de mediación ante notario y liquidación de su patrimonio, el deudor persona física pueda solicitar al Juzgado de lo Mercantil la exoneración de la deuda, que la podrá acordar –si se cumplen los requisitos– de modo imperativo para los acreedores. El procedimiento requerirá de la asistencia de abogado, notario, mediador concursal y, en su caso, de un administrador concursal. Todos ellos profesionales que no cobran del erario público, sino de la masa activa del concurso, es decir, del patrimonio del deudor. El procedimiento consta de cuatro fases: acuerdo extrajudicial de pagos, liquidación del patrimonio del deudor, exoneración provisional del pasivo insatisfecho (Bexpin) y un periodo de vigilancia de cinco años en que el deudor debe cumplir unos requisitos y satisfacer las deudas no perdonadas, antes de obtener la exoneración definitiva de la deuda.

El expediente de acuerdo extrajudicial de pagos es un proceso previo a la vía judicial aprobado en 2013 con la Ley de Emprendedores y que ahora se extiende a las personas físicas. No pueden instar el acuerdo los que hayan sido condenados en los últimos diez años por delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico –hurto, robo, usurpación, daños, etc.– o por falsedad y delitos tributarios. Tampoco los que hayan llegado a un acuerdo de refinanciación de su deuda en los últimos cinco años.

La retribución del notario o mediador que lo tramita será un porcentaje sobre el importe del activo y el pasivo del deudor, lo que puede condicionar su imparcialidad, ya que en caso de controversia respecto a la cuantía de la deuda, el mediador tendrá interés en que se fije la más alta.

Una vez intentado el acuerdo sin conseguirse, el mediador o el deudor –a través de un abogado– deben instar al juez a la apertura de concurso. Sólo tras perder todo su patrimonio, incluida la vivienda garantizada con hipoteca, el deudor puede pedir al juez la exoneración de la deuda que quede, si cumple con los requisitos de no haber cometido delitos, no haber rechazado oferta de empleo en los últimos cinco años, ni haber refinanciado su deuda.

El Bexpin no afecta a los créditos contra la masa ni a los calificados como privilegiados, como los generados por la propia tramitación del procedimiento (abogado, notario, mediador, costas, tasaciones) o con Hacienda y Seguridad Social. Si el deudor no ha podido satisfacer estos créditos, tiene que aceptar un plan de pagos para hacerlo durante los siguientes cinco años. El Bexpin tampoco protege a los obligados solidariamente con el deudor, fiadores ni avalistas. En los cinco años posteriores a la concesión, si el deudor ha cumplido el plan de pagos y su situación económica no ha mejorado, puede solicitar al juez la exoneración definitiva de la deuda.

La mayoría de los afectados por el sobreendeudamiento tienen principalmente la deuda hipotecaria, para cuya resolución no es necesario el sistema de la Ley Concursal. Se podría haber optado por un sistema sencillo, eficaz y gratuito para el deudor, que articulase el procedimiento ante un órgano administrativo, tal como recomendó la Defensora del Pueblo. En lugar de eso el Gobierno ha optado por “externalizar” la gestión del problema a agentes privados y la fiscalización del mismo a los Juzgados de lo Mercantil.

Tags relacionados: Hipotecas Número 242
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