Desde el momento en que Tony Blair escogió Aylesbury Estate, en el desfavorecido distrito londinense de Walworth, para hacer su primer discurso público tras la aplastante victoria del Partido Laborista en 1997, la zona se convirtió en un símbolo de los grandes planes de regeneración urbana de su gobierno. El barrio, construido en los años 60, fue incorporado a un ambicioso plan del nuevo gobierno, estimado en 78 millones de euros, destinado a derribar todos los bloques de pisos y reemplazarlos por casas modernas de baja altura. Aylesbury era conocido por el nombre de “la sala de espera del infierno”, todo por su alta tasa de delincuencia y por su gris y brutalista arquitectura. Ahora el Gobierno prevé llenarlo con una mezcla de viviendas privadas y municipales para crear un ambiente más “económicamente mixto”. El vecindario, cuyos residentes “habían sido olvidados por los gobiernos” –según las palabras de Blair en el famoso discurso–, iba a ser recuperado, según los planes urbanísticos, de las garras de la decadencia urbana para encabezar la campaña de regeneración y establecer un nuevo estándar para todo el país.

En 2013, un grupo de 29 madres solteras lideraron un movimiento que consiguió torcer la mano al Ayuntamiento

Las promesas de rescatar a los residentes de Aylesbury del olvido no llegaron muy lejos. Las reformas de los espacios comunes del barrio se quedaron cortas para el grandioso proyecto de regeneración y los siguientes gobiernos continuaron pasando la pelota a la Administración local por falta de recursos. A pesar de casi 20 años de incertidumbre y la persistente reputación del barrio como un semillero de delincuencia, los prohibitivamente caros precios de alquiler en otras partes de la ciudad hicieron que la mayoría de los residentes de Aylesbury rechazaran el proyecto de regeneración. Aunque el más reciente plan prevé un aumento del número total de viviendas en el barrio por la demolición de las estructuras existentes, el número de pisos sociales disminuiría significativamente, lo que inevitablemente provocaría un éxodo de la clase trabajadora que tradicionalmente ha habitado el barrio desde que fue construido. La población ha respondido con protestas y ocupaciones, renombrando los planes de regeneración. Lo llaman “limpieza social”.

Historia de otra burbuja

La historia de Aylesbury es sintomática de la generalizada crisis en la que está inmerso el sector inmobiliario londinense. Desde los años 50, cuando el término “aburguesamiento” fue acuñado para describir cómo la clase trabajadora que habitaba las zonas centrales de la ciudad iba siendo expulsada a las afueras por la emergente clase media, el proceso no sólo se aceleró vertiginosamente sino que también adoptó una variedad de nuevas formas.

Sin embargo, la invasión de la clase media en los tradicionales bastiones urbanos de la clase obrera en los años 50 fue compensada hasta un cierto grado por la existencia de zonas en los barrios populares que aseguraron que, incluso con los pocos recursos económicos disponibles, podían seguir viviendo en la capital. Las viviendas sociales se convirtieron en uno de los pilares del sistema de bienestar británico, junto con el acceso gratuito a la atención sanitaria. A lo largo de las décadas de los 70 y 80, las zonas habitadas por la clase trabajadora seguían siendo remodeladas con el objetivo de ser convertidas en casas privadas, oficinas de lujo y centros comerciales. A diferencia de los años 50, ahora la mayoría de las modificaciones del paisaje urbano no fueron impulsadas por los individuos miembros de las clases altas sino por el Estado tras un pacto entre los promotores comerciales y las autoridades locales.

Al mismo tiempo, el papel de la vivienda social iba siendo debilitado aún más por el Gobierno conservador de Margaret Thatcher. La introducción del ‘right to buy’ (derecho a comprar), una ley que permitió a los residentes de los bloques protegidos comprar las casas en las que habitaban a precios de ganga, redujo la cantidad de pisos sociales en más de 2,2 millones en apenas dos décadas. Muchos de los propietarios que adquirieron sus viviendas a través de right to buy volvieron a venderlas a precios mucho más altos que los originales. Mu­chos otros las están alquilando en régimen privado. El impacto de esta altamente controvertida medida se puede sentir en la actualidad: las restantes viviendas sociales están concentradas de una manera muy desproporcionada en áreas con menor demanda de vivienda y menos oportunidades laborales, algo que, junto con la escasez de nuevos pisos sociales, ha causado un estado de emergencia en las principales ciudades del país.

La ciudad del 1%

El actual Gobierno conservador de David Cameron ha introducido varias medidas que agudizaron la ya muy grave crisis de la vivienda. En particular, el controvertido Bed­room Tax (impuesto al dormitorio), un gravamen a los inquilinos de las viviendas sociales que tengan una habitación desocupada en su piso. Del mismo modo, la reducción de ingresos de las clases bajas ha empeorado la situación de la población económicamente más desfavorecida a la hora de acceder a una vivienda.

Sin embargo, los afectados por la crisis de la vivienda no se quedan con los brazos cruzados. En agosto de 2013, un grupo de 29 madres solteras que vivía en un albergue para personas sin hogar en el este de Londres recibió órdenes de desahucio. Cuando se dirigieron a las autoridades locales para pedir un alojamiento alternativo en la zona, las madres fueron informadas de que no había viviendas sociales disponibles en esta parte de Londres y que tenían que mudarse con sus hijos pequeños a ciudades tan lejanas como Man­chester o Birmingham. Las mujeres lanzaron una campaña llamada Focus E15 Mothers. Con la ayuda de decenas de activistas, la campaña logró forzar a las autoridades a proporcionarles pisos dignos en una zona cercana para sus familias y de las escuelas de sus hijos.

De las nuevas viviendas construidas en Londres, sólo en Londres, sólo un 39% fueron compradas con el fin de ser habitadas

Aunque la clase trabajadora fue la primera afectada, la crisis de la vivienda está cobrándose cada vez más víctimas de la clase media. Durante décadas, el proceso fue conocido como aburguesamiento. Pero en los últimos años ha crecido de una forma tan rápida y exagerada que los expertos han encontrado otro término para describir el fenómeno: la “plutocratización”, es decir, todos salvo los mega ricos están forzados a abandonar el centro de la ciudad y se ven obligados a mudarse a las zonas cada vez más lejanas. Muchos coinciden en que Lon­dres, cuya economía está viviendo su propia vida independientemente de la del país debido a la presencia de un sector bancario-financiero excesivo, está experimentando una burbuja inmobiliaria. Según un informe de la Federación Nacional de Vivienda, los precios de los pisos en la capital crecerán un 42% hasta el año 2020. Y los alquileres aún más.

Aunque los precios de las viviendas no pueden crecer eternamente sin producir consecuencias graves, no se ve un final cercano de la popularidad de Londres entre los inversores extranjeros. La ciudad se está convirtiendo en una especie de oasis para las grandes fortunas a costa de la mayoría de la población.

De las nuevas viviendas construidas en la capital en los últimos años, solamente un 39% fueron compradas con el objetivo de habitarlas. El restante 61% han sido adquiridas por inversores. Según Toby Harbertson, un activista y participante en la ocupación de Aylesbury, sólo la resistencia popular puede parar este “fenómeno absurdo donde el Gobierno está construyendo viviendas para los ricos y expulsando a los pobres a las afueras”.