Dos años después de que el Gobierno aprobara la Ley de Tasas, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente de la cartera de Justicia, el Partido Popular ha decidido dar marcha atrás y retirar la obligación del pago de tasas judiciales para personas físicas, aprobada en noviembre de 2012, manteniendo las tasas para empresas.

La decisión, anunciada en el Debate del Estado de la Nación, se ha tomado hoy en el Consejo de Ministros. “Hemos estado en los últimos meses revisando y evaluando el impacto”, ha afirmado en la rueda de prensa posterior el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá. El ministro ha afirmado que, “según la información del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de la Abogacía, no puedo concluir que las tasas judiciales hayan ocasionado una disminución en la litigiosidad. Algunos órdenes jurisdiccionales, como el civil o el contencioso, se están incrementando pese a la tasa, y otros sin esta tasa han bajado”. Sin embargo, han decidido retirar el pago de las tasas para personas por las peticiones del sector de la abogacía.

La afirmación del ministro contrasta con los datos del informe del Consejo General del Poder Judicial de litigiosidad en 2013, que señalan un descenso del 15,5% en los casos que ingresaron los juzgados de lo civil y contencioso administrativo, jurisdicciones en las que se aplicaban las tasas judiciales, respecto al año anterior.

Lorena Ruíz-Huerta, jurista y meimbro de la Asociación Libre de Abogados (ALA), señala el anuncio de retirada de tasas judiciales de “medida de corte electoralista". La jurista ha señalado a Diagonal que la retirada de las tasas "llega tarde, porque ha impedido el acceso a la justicia a miles de ciudadanos, y es insuficiente, porque deja fuera a todas las empresas aplicando un rodillo, como si todas tuvieran una gran capacidad económica".

La Ley de Tasas estaba pendiente de varios recursos presentados ante el Tribunal Constitucional. Su puesta en marcha supuso que, a la hora de recurrir una sanción administrativa ante el juzgado contencioso-administrativo, se tuviera que pagar una tasa que, en muchas ocasiones, rozaba el importe de la propia sanción. Aunque el argumento del Gobierno para aprobar la Ley de Tasas Judiciales fue la financiación, con su recaudación, de la justicia gratuita, las comunidades autónomas, responsables de este servicio, no han recibido los fondos. Catalá afirmó el pasado 12 de febrero no saber dónde estaba el dinero recaudado a través de estas tasas. En la rueda de prensa de hoy, el ministro de Justicia, preguntado sobre estas declaraciones, ha afirmado que "claro que sabemos dónde están el dinero de las tasas, lo recauda Hacienda".

"La medida de Gallardón de la ley de tasas fue un camelo, quería ser el primero de la clase en materia de austeridad, anunciando que lo recaudado se destinaría a financiar la justicia gratuita, porque ni un sólo euro se ha destinado a esto", añade Ruiz-Huerta, quien señala que la justicia gratuita en todo el Estado ha supuesto un coste inferior a los 500 millones recaudados con las tasas judiciales y, aún así, "los abogados de oficio seguimos sin cobrar buena parte de los honorarios de 2014".