América Latina
Nicaragua: el Gran Canal de la discordia

Nicaragua inicia las obras del canal interoceánico entre acusaciones de ceder parte de su soberanía a campitales chinos radicados en paraísos fiscales.
Texto de Diego Cobo

, @dcoboc, Managua
16/02/15 · 16:58
El lago Cocibolca, por donde está previsto que pase el Canal, es la reserva de agua dulce más importante de Centroamérica. / Amir Illusion

Nicaragua se retuerce un poco más. Tras el inicio de las obras a finales del mes de diciembre del Gran Canal Interoceánico, un proyecto histórico que unirá los océanos Pacífico y el Atlántico, aumenta la resistencia de una sociedad que se ha vuelto más escéptica a medida que se han agotado los plazos hasta llegar a la situación actual.

“La discusión de tener un Canal Interoceánico, que es un proyecto que está en la mitología popular, es legítima, pero este proyecto es controvertido por el procedimiento utilizado para su aprobación”, denuncia Mónica López Baltodano, abogada independiente que lidera un frente judicial contra este proyecto gigantesco y autora del libro Recurso por Inconstitucionalidad: 25 Verdades sobre la Concesión del Canal Interoceánico de Nicaragua.

López Baltodano, hija de la histórica guerrillera sandinista Mónica Baltodano, menciona como ejemplo el proceso de discusión del proyecto en el Parlamento, que apenas duró tres horas de debate. “Y esa concesión representa la más onerosa concesión de explotación de recursos naturales que se haya entregado nunca en la historia política de Nicaragua”, recalca.

El gran Canal ha ido tomando forma escalonada hasta llegar a lo que se anunció el pasado 7 de julio: que el Canal que conecta ambos océanos seguiría la llamada Ruta 4, desde Punta Gorda hasta Brito, pasando por el lago Cocibolca y los humedales de San Miguelito. Llegar aquí desde la aprobación en “condiciones positivas”, según López Baltodano, de la ley 800 en julio del año 2012 –donde se creaba el régimen jurídico del proyecto y la Autoridad del Canal– hasta la ley 840 un año después, ha exigido un reguero de actuaciones que no han pasado desapercibidas y que han reventado el contenido de la primera de esas leyes.
 

 La pregunta que se hace en voz alta toda Nicaragua es por qué el gobierno se está comportando con unos niveles de discrecionalidad y opacidad extraordinarios
Al megaproyecto, que finalmente contiene otros seis subproyectos (un puerto en cada océano, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio, centros turísticos y el canal húmedo) también se han añadido otros proyectos llamados necesarios: una fábrica de cemento, una de acero e, incluso, la posibilidad de una de dinamita. A eso hay que sumarle una red de carreteras, una planta hidroeléctrica para el abastecimiento de energía y un lago artificial de 400 kilómetros cuadrados en la región del Caribe.

A cargo del Gran Canal Interoceánico y los proyectos adyacentes se encuentran tres empresas con importantes lazos entre sí: DKN Group, constituida en las Islas Caimán; HKC, con sede en Hong Kong, y Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras (EDGI), creada el 15 de noviembre de 2012 en Nicaragua y a quien se concedió el proyecto. Un cóctel donde la opacidad ha sido la norma. “Nadie sabe quiénes están involucrados”, opina la jurista, “ya que legalmente se entregó a EDGI, que se supone que fue comprada por la empresa que está en Islas Caimán, que teóricamente es propietaria de una empresa de HKC, la empresa de Hong Kong”.

Con el papel en la mano y hasta que se definió la ruta el pasado mes de julio, todo el país fue entregado virtualmente a la empresa, ya que una cláusula del artículo 12 de la ley 840 establece que “el concesionario tiene la entera discreción para decidir si solicita a la Comisión la expropiación de una propiedad requerida y en qué momento”. López Baltodano se hace una pregunta: “¿Cómo es posible que a un inversionista privado que nadie conoce y en menos de una semana que la Asamblea entregue con ese nivel de discrecionalidad, todos los recursos del país?”.

Mónica ha tratado de compilar todos los documentos que existen sobre la concesión. Sin éxito. “No existe ningún documento sobre la constitución de esas sociedades, sus estatutos, sobre la relación societaria. Si, por ejemplo, el Estado quisiera demandar a la empresa por un desastre ambiental masivo, no queda claro quién es el responsable. Esas son las trampas que pueden hacerse. La propia empresa nicaragüense podría ser la responsable. Existe una gran indefensión del Estado de Nicaragua”, aclara la abogada. No obstante, las conclusiones de una larga investigación de la jurista han sacado a la luz “la existencia de una telaraña de más de 15 sociedades vinculadas al proyecto en cinco países diferentes”, según comenta ahora en un correo electrónico.

Un proyecto anunciado

Las alarmas empezaron a sonar en junio del año 2013, pocos días antes de la aprobación de la ley 840, que sustituía a la 800. “La creación de la ley 800 resultó ser una burla. Se creaba la Autoridad del Gran Canal, que era la máxima responsable, pero después se derogaron muchos puntos. Si primero se obligaba a estudios especializados de los territorios para poder expropiar por parte del Estado, ahora quien lo decide es el concesionario”, detalla Maura Madriz Paladino, oficial del área de incidencia en políticas públicas ambientales del Centro Humboldt, una de las organizaciones ambientalistas que comenzaron a denunciar los abusos ambientales junto a medio centenar de asociaciones. Hoy forma parte del Grupo Cocibolca, una organización compuesta por nueve ONG.

En pocos días se introdujeron cambios revolucionarios que rompían el espíritu del proyecto: el 4 de junio del 2013 entró la iniciativa del proyecto en el Parlamento adjuntando el acuerdo suscrito el 5 de junio entre HKC, EDGI y la Autoridad, creado con la ley 800 un año antes; un acuerdo que anticipaba la validez de una ley, la 840, para el 14 de junio.

Y así fue: tras un debate de tres horas, se aprobó y sancionó una ley que creaba la Comisión del Canal (entidad con poder sobre la Autoridad). Esa misma tarde, se firmaba con el inversor el Acuerdo Marco de Concesión (MCA): Wang Jing, el ahora todo poderoso hombre de negocios chino, ya estaba en Nicaragua ese día. Se había aprobado un acuerdo con rango de ley fuera de la Asamblea: de ahí la denunciada inconstitucionalidad.
 

El proceso de discusión del proyecto en el Parlamento apenas duró tres horas
Alejandro Serrano Caldera, uno de los filósofos más reputados de Nicaragua y América Latina sostiene en un texto llamado Consideraciones jurídicas sobre la Ley 840 y el acuerdo marco de concesión e implementación (MCA), y en sintonía con muchos de los críticos, la forma oscura en que se han realizado los procesos de concesión y proyección que “lesiona la soberanía y los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política”.

Serrano Caldera, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, indica en dicho texto "el establecimiento de un régimen de privilegios legales para quien recibe la concesión”, además de reseñar la violación de al menos 17 artículos de la Constitución. A continuación, pasa a argumentar dichas violaciones. Una de las transgresiones más palpables la recoge el artículo 13 de la ley, que dice: “No aplicarán sanciones administrativas ni económicas de ninguna Entidad Gubernamental, ni el Inversionista ni ninguna parte de Subproyecto estarán sujetos a sanciones civiles como resultado del incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Inversionista o cualquier parte de Subproyecto en virtud de las disposiciones de esta Ley o los términos del MCA”. Algo que, para el también profesor universitario, “crea un régimen de excepción, hace de la Comisión un poder omnímodo, transforma al MCA en un instrumento por encima de la Constitución, las leyes, y el sistema institucional nicaragüense, y deja demolido cualquier vestigio de lo que podría considerarse el Estado de Derecho”.

Estos hechos chocan con algo muy diferente en una experiencia reciente: la ampliación del Canal de Panamá. En dicho proceso se celebró un referéndum, se llevó una larga maduración en el plano legislativo y uno de los artículos subraya que el canal es un “patrimonio inalienable” de los panameños.

La inmediatez de unas leyes aprobadas por la mayoría sandinista en la Asamblea y las condiciones tan beneficiosas para el inversionista que explícitamente recoge el Acuerdo Marco son algo que hacen desconfiar a Madriz Paladino: “Se violan todos los convenios internacionales, la legislación nacional desde el punto de vista de la autonomía, las propiedades comunales, las leyes indígenas. No ha habido un proceso de consentimiento libre. ¡Se puede cometer cualquier acto de violación a la normativa y no va a pasar nada! El artículo dice: las entidades gubernamentales no aplicarán sanción administrativa”, exclama alarmada.

A los abusos legales se les une la preocupación medioambiental por las consecuencias del trazado de la ruta, puesto que, además de atravesar el lago, está previsto que discurra por el corredor biológico mesoamericano, cortando el paso de especies endémicas. El gobierno, denuncia el Centro Humboldt, esgrime que este proyecto ayudará a conservar las cuencas hídricas, pero la oficial de incidencia lo niega: “Dicen que vamos a conservar las aguas con este proyecto y ni siquiera hemos sido capaces de regular las diferentes actividades que se han estado desarrollando anteriores como la minería, el monocultuivo o las grandes hidroeléctricas. Para poder mantener sostenible una cuenca no es posible un proyecto de reforestación, sino dejar de hacer estas concesiones”.

El coste de este viejo sueño, cuya primera manifestación se asomó en le etapa colonial, está previsto en más 50.000 millones de dólares, una cantidad mareante cuya incógnita es su procedencia. Algunos ven al gobierno chino y a su política expansionista en América Latina tras esta operación.
 

 Madriz Paladino: “Se violan todos los convenios internacionales, la legislación nacional desde el punto de vista de la autonomía, las propiedades comunales, las leyes indígenas..."

“Si yo te estoy trayendo para invertir 50.000 millones tengo que dar facilidades”, opina Wilfredo Navarro en el transcurso de una entrevista informal en su casa de Managua. Navarro, actual diputado del Partido Liberal Constitucionalista y el único político de la oposición que apoyó la ley 840, fue ministro de Trabajo en el malogrado gobierno de Arnoldo Alemán. “Yo voté por el Canal porque es la panacea”, comenta antes de admitir que quizá existan ciertas cláusulas abusivas en el MCA, pero confía que se limarán a la hora de fijar las condiciones finales.

Pero la pregunta que se hace en voz alta toda Nicaragua es por qué el gobierno se está comportando con unos niveles de discrecionalidad y opacidad extraordinarios. Y nadie tiene una respuesta segura: hay quien piensa que es el beneficio personal de un presidente que acumula cientos de críticas. La opinión de Navarro es la del respaldo de China, pues cree que un proyecto a largo plazo no le interesa a un presidente que ya supera la barrera de los 70 años.

Más allá de lo escrito en los papeles no se sabe nada más. “La orden es que no se aborde este tema en ninguna universidad pública”, explica Madriz Paladino. En su opinión, tampoco los delegados territoriales se han informado, ni los medios de comunicación lo han abordado –exceptuando alguno opositor. Tampoco se ha implicado a los expertos nacionales e incluso la Corte Suprema desestimó en diciembre del año 2013 los 31 recursos de inconstitucionalidad presentados cinco meses antes.

Dudas técnicas

A mitad de camino entre el oficialismo y la oposición se encuentra Salvador Montenegro, hasta ahora director del Centro de Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA). Su discurso es templado y didáctico, algo que de poco le ha servido a una de las mayores autoridades en materia de agua en el país, puesto que no está en el Comité del Canal, de designación política, y que relevó a la Autoridad del Canal en la controvertida ley 840. Monetenegro acaba de perder las elecciones como director del CIRA el pasado mes de noviembre; y lo hizo entre denuncias de presiones e injerencia política en la universidad, un reducto en que se mantenía cierto margen de maniobra.

“Lamentablemente sigue siendo una guerra de posiciones, pero yo estoy de acuerdo con los dos bandos y en descuerdo con los dos bandos: la objetividad científica está en medio de ese campo minado”, explica el también fundador del CIRA en su despacho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).

Sus palabras traslucen una profunda tristeza a pesar de compartir el espíritu del proyecto; esto es, el impulso que lleva a construir un canal en un país con el 40% de su población por debajo de la línea de pobreza. Pero su paso por el lago Cochibolca, la reserva de agua dulce más importante de Centroamérica en unos tiempos donde el agua se perfila como un elemento codiciado, impugna el proyecto. “Estamos avanzando hacia una tragedia nacional”, opina Montenegro, quien añade: “La gente cree que yo estoy preocupado por el lago, pero no es cierto: estoy más preocupado por el proyecto, pues es una inversión gigantesca que se si llega efectuar, su riesgo de colapso es muy alto”.
 

Desde el anuncio del trazado definitivo del Canal se han sucedido 15 grandes marchas en diferentes partes del país para detener las obras

Y esgrime muchas razones técnicas por las que un canal así debería de discurrir por tierra. Actualmente, este lago del tamaño de la Comunidad de Madrid, tiene una profundidad media de trece metros. Y los inmensos cargueros para los que está destinado este paso entre los dos océanos calados de más de 22 metros. Aunque técnicamente es viable, el director del CIRA lo considera insostenible. “Mantener libre ese cauce va a ser una tarea titánica. Si los americanos hubieran construido a finales del siglo XIX, en estos 115 años habrían tenido que rehacer 23 veces el cauce por el lago. No se trata de dragados, sino de reconstrucción por la cantidad de sedimentos. No es sostenible ni ambiental, ni rentable, ni económicamente”, explica el experto.

Tampoco obvia los peligros de una construcción elefantiásica en un entorno de fuertes movimientos sísmicos. Todo recaería en una gigantesca presa sujetando las aguas en el río San Juan para así poder aumentar el nivel del lago por lo que “una inversión que va a hipotecar el futuro de Nicaragua depende de un simple movimiento sísmico que aquí no falta”, se lamenta.

Desde el anuncio del trazado definitivo del Canal se han sucedido 15 grandes marchas en diferentes partes del país para detener unas obras que se comenzaron doce días después de la última multitudinaria manifestación: la protesta del 10 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos.

Unas denuncias que han pretendido, sin demasiado éxito, que este párrafo de Gioconda Belli en su autobiografía El país bajo mi piel siguiera inamovible: “En el pasado de mi país, como una herida, existe la memoria de un canal interoceánico que nunca se construyó pero que atravesó y cambió nuestra historia (…)”.

Más textos de Digo Cobo en su web.

Tags relacionados: HKC medio ambiente Nicaragua
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comentarios

2

  • |
    Diego.
    |
    24/02/2015 - 8:06pm
    Llevas razón, Jaime. Nunca hay que obviar las opiniones de la ciudadanía, pero creo que las asociaciones las representan. De hecho, como se dice, el grupo Cocibolca representa a una docena de ONG. Hay otros reportajes que han cubierto las marchas y han hablado con campesinos; éste no lo trata, pues de lo que se trataba -creo- era de explicar la maraña legal, así como los aspectos técnicos y ambientales del proyecto. No he pretendido nada más que lo que tú has dicho: traducir los hechos al periodista y, en consecuencia, a quien lea este texto. No lo he camuflado con otro sentido, es lo que es. Gracias por la aportación Saludos.
  • Tristemente este artículo ha sido elaborado sin tener en cuenta a los protagonistas sociales, aunque se insinúa su existencia y que la preocupación es "por ellos", lo que no quiere decir que la hija de la ex comandante Baltodano no tenga esas preocupaciones. Parece ser que algunos medios solamente buscan interlocutores que traduzcan los hechos sociales al periodista. Son cientos de miles los campesinos, indígenas y afrodescendientes que verán afectado su hábitat y sus formas de vida comunitaria, esto es, el carácter destructivo de este proyecto orteguista en contra de la madre tierra, simplemente para responder a los requerimientos del capital globalizado. Así el análisis de la contradicción entre los que están a favor y en contra queda superficial, ya que el antagonismo se está expresando entre las comunidades, la madre tierra y las formas de vida comunitaria en contra del progreso capitalista. Los gobiernos progresistas de nuestro continente Abya Yala hacen de caballos de Troya del capital para introducir a los agresores en las filas de la población mediante elecciones "populares". Ya está bueno que los medios terminen de hacer listas casuísticas superficiales de los hechos y tomen al antagonismo por las astas. La necesidad de clientela es muy peligrosa.