Desigualdad en la justicia
El Gobierno no sabe dónde están los 512 millones de las tasas judiciales

En respuesta al diputado Joan Baldoví, asegura además que "tampoco corresponde a la Agencia Tributaria del Estado la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa”.

13/02/15 · 14:13

El Ejecutivo no sabe a dónde han ido a parar los 512 millones de euros que, tal como indicó al diputado socialista Miguel Ángel Heredia en noviembre, ha recaudado desde el año 2012 en concepto de tasas judiciales. Es lo que ha comunicado en respuesta a la pregunta parlamentaria formulada al respecto por el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví. En concreto, el Gobierno afirma que “el Ministerio de Justicia no dispone de información al respecto”, además de apuntar que “tampoco corresponde a la Agencia Tributaria del Estado la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa”, ya que ésta “interviene en su gestión o recaudación, quedando fuera de su ámbito competencial cualquier otra cuestión, como la determinación de su importe o del destino de lo recaudado”.

En declaraciones a Diagonal, Baldoví, que califica la respuesta del Ejecutivo de “insatisfactoria”, asegura que desde el Grupo Mixto –en el que se integra Compromís-Equo– van a seguir preguntando “porque realmente no han cumplido lo que dijo el ministro que iban a hacer, o sea, financiar la justicia gratuita”. Además, recuerda que tampoco se han transferido dichos fondos a las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia. “Es una nueva mentira más del ministro que viene a sumarse a un decreto que nunca debería haber nacido”, declara.

Asimismo, el diputado afirma que desde su grupo redactarán una proposición no de ley “para que ese dinero tenga un carácter finalista y no vaya a las arcas del Estado con otros fines que no sea que la gente que no tiene recursos pueda tener una justicia gratuita”.

En la respuesta a Baldoví, el Ejecutivo asegura que “no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación, pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa”. Esto contradice la promesa de Gallardón de destinar ese dinero al pago de tasas judiciales para personas con escasos recursos. El Gobierno, a iniciativa del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, implantó el nuevo sistema de tasas judiciales en 2012.

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