En apenas una semana muchas cosas han cambiado en Grecia. La victoria electoral de Syriza el pasado 25 de enero no concedió ni un minuto de autocomplacencia a Alexis Tsipras, ni a sus promesas de poner fin a las políticas de austeridad y llevar a cabo un rescate ciudadano.

Pocas horas después el líder de izquierda daba por zanjadas las dudas sobre la formación del nuevo Gobierno presentando a su socio de coalición, el partido conservador-nacionalista Griegos Indepen­dientes (Anel), y prometiendo el cargo de primer ministro.

La ceremonia de investidura estuvo cargada de simbolismo en relación a lo que se pretende que sea el nuevo gobierno. En presencia del presidente de la República, Karolos Papulias, Tsipras prometió ante la Constitución pero en ausencia, como hasta ahora era habitual, de la alta jerarquía de la Iglesia ortodoxa, el crucifijo, la biblia y hasta la corbata. Inaudito en Grecia. Igual de sorprendente resultó que, minutos después, el primer acto oficial de Tsipras fuera en el distrito de Kessariani para realizar una ofrenda floral a los miembros de la resistencia asesinados por los nazis durante la ocupación. 200 comunistas, víctimas de una de las peores matanzas llevadas a cabo por las tropas alemanas en la capital griega, fueron homenajeados por el primer ministro y un grupo de descendientes de los partisanos, dando lugar a un hecho sin precedentes.
 

Países como Francia aceptan la posibilidad de un trato que relaje las condiciones de devolución de la deuda
La doble prioridad del nuevo Gobierno griego ha sido expresada en diversas ocasiones por Tsi­pras e incluye, hacia el exterior, la negociación sobre la deuda con los socios europeos y, en clave interna, la puesta en funcionamiento cuanto antes de las medidas necesarias para poner fin a la “emergencia humanitaria” en la que se encuentra una buena parte de la población.

“Llegamos para cambiar radicalmente el modo en el que las políticas y la administración se hacen en este país”, afirmó Tsipras durante su primer consejo de ministros. “Nuestra prioridad es también una nueva negociación con nuestros socios, buscando alcanzar una solución justa, viable y mutuamente beneficiosa para que el país salga del círculo vicioso de deuda excesiva y recesión”, añadió.

La remodelación del Gobierno ideada por Syriza contempló la reducción de 18 ministerios a 10, mediante la concentración en cuatro de ellos de muchos departamentos antes dispersos. La designación de sus responsables no estuvo exenta de polémica por cuanto no se designó a ninguna mujer para los puestos principales.

Sin duda la toma de posición más arriesgada llevada hasta el momento por el Ejecutivo de izquierda fue expresada por el ministro de Fi­nanzas, Yanis Varufakis, al rechazar la legitimidad de la troika (Co­mi­sión Europea, Banco Central Eu­ropeo y Fondo Monetario Inter­nacional) para llevar a cabo la negociación sobre la deuda y los 7.200 millones de euros pendientes de pago. Tras el encuentro celebrado en Atenas con el jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, Varufakis expresó su disposición a colaborar con las instituciones de la UE y con el FMI, pero no “con una comisión de tres miembros, con una lógica antieuropea y que es la encargada de supervisar la aplicación de un programa que rechazamos”. El ministro hacía de ese modo una referencia implícita al informe sobre la troika elaborado por el Parlamento Eu­ropeo a principios de 2014, y en el que se señalaba que el impacto de las medidas de austeridad y la falta de la base legal para llevarlas a cabo eran dos argumentos de peso que justificarían el desmantelamiento de la troika.

Deuda impagable

Un día después, el ministro de Economía griego, Yorgos Statha­kis, insistía en que la deuda griega es impagable en las condiciones actuales y proponía vincular el pago a la progresión de la economía del país. “Actualmente gastamos en torno al 5% de nuestro PIB en devolver nuestra deuda”, explicó en una entrevista al diario alemán Der Spiegel, y “sería mejor si vinculásemos esos pagos con el crecimiento: si el crecimiento es alto, pagamos más; si es bajo, pagamos menos”. Algunos países europeos, como Francia, ya empiezan a considerar la posibilidad de una negociación que relaje las condiciones de la devolución; otros, como España y Portugal, se oponen ferozmente; pero incluso la canciller alemana ha dejado claro que sólo se opone a llevar a cabo una quita y a que Grecia salga del euro, el resto es negociable siempre que Atenas se comprometa a seguir adelante con las reformas y que éstas tengan algún tipo de supervisión.

Al mismo tiempo el Gobierno comenzó a desgranar sus propuestas destinadas a poner freno a la debacle social en la que se halla el país y relanzar la economía en beneficio de los ciudadanos. Muchas de ellas requerirán de la aprobación parlamentaria para ser llevadas a efecto, otras dependerán de cómo evolucionen las negociaciones con la UE, pues dependerán de su financiación para poder ser llevadas a la práctica.

En materia laboral se anunció el incremento del salario mínimo (de 586 euros a 751), la restitución de los convenios colectivos y la negociación con los sindicatos, la derogación de la figura de los despidos colectivos y la readmisión de 3.500 funcionarios que habían sido despedidos ilegalmente sólo para satisfacer las exigencias de la troika.
 

Varufakis expresó su disposición a colaborar con las instituciones de la UE y con el FMI, pero no con la troika
Desde el Ministerio de Recons­trucción Productiva, Medio Am­bien­te y Energía, su titular, Pana­yiotis Lafazanis, aseguró que se cancelarán de forma progresiva todas las leyes aprobadas al dictado de los acreedores y, en ese sentido, anunció la paralización del proceso de privatización de la compañía estatal de electricidad (DEI), que pasará a ser “una empresa de interés público que funcionará con criterios no lucrativos”. Igualmente señaló que “vamos a tratar de hacer la corriente más barata para impulsar la competitividad y ayudar a las familias”, en el marco de un plan que prevé suministrar electricidad gratis a 300.000 familias que se hallan bajo el umbral de la pobreza.

El viceministro de Marina, Teo­doros Dritsas, también comunicó la revocación de la venta del puerto del Pireo, hecho que causó malestar en las autoridades chinas, pues el grupo estatal COSCO era el principal candidato para su compra, dado que ya cuenta con una concesión de 30 años en las terminales de carga II y III.

A su vez, el responsable de Sani­dad y Seguridad Social, Panayiotis Kurumplis, aclaró que el sistema público de salud volverá a ser gratuito y universal, ofreciendo cobertura a los más de tres millones de personas que se habían quedado fuera, y retirando para ello las tasas de un euro por receta y cinco por consulta médica.

Pero algunos de los cambios más significativos vinieron sin duda desde el Ministerio de Interior con el anuncio de que se concederá la ciudadanía a los niños extranjeros nacidos o criados en Grecia, los denominados inmigrantes de segunda generación, una demanda de años que afectaba incluso a la importante comunidad greco-alba­nesa. Ade­más se decretó el cierre de las cárceles de máxima seguridad (tipo C) por contravenir principios básicos de derechos humanos y se avanzaron algunos de los principios que regirán los cuerpos policiales, con respecto a su comportamiento y a las armas con las que contarán. El primer ejemplo de la nueva política de seguridad ciudadana tuvo lugar el sábado 31 de enero. La ausencia (visual) de unidades antidisturbios y de cualquier tipo de barrera o protección física del Parlamento fue suficiente para que una numerosa manifestación antifascista recorriera el centro de Atenas sin que tuviera lugar ningún tipo de incidente.

Algo empieza a cambiar en el panorama de Grecia.