Las grandes constructoras se llevan repartiendo el mercado de la basura durante más de una década. Esto ha provocado que Competencia les haya impuesto una multa de casi 100 millones de euros, 72 de los cuales recaen sobre las cinco mayores: Urbaser (ACS), FCC, Cespa (Ferrovial), Valoriza (Sacyr), y Saica. La sanción supone tan sólo el 3% del total de los beneficios de las empresas investigadas, aunque el regulador no niega que el perjuicio económico podría ser mayor.

"El 3% de la cantidad facturada es un peaje ridículo. No es una sanción ejemplarizante, sino más bien al contrario. Esto se puede seguir haciendo, que no pasa nada", valora Rubén Sánchez, portavoz de Facua.

El expediente abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a 39 empresas y tres asociaciones de gestión de residuos y saneamiento urbano revela que el llamado cártel de la basura se repartía el pastel a través de prácticas prohibidas tales como intercambiar información comercial sensible, firmar pactos de no agresión, manejar precios, etc. También utilizaba a las asociaciones sectoriales para someter al resto de empresas bajo las mismas prácticas.

Madrid ha sufrido en un solo contrato infracciones por valor de 542 milones de euros. Se trata del de los residuos urbanos sólidos de la periferia, en el que FCC, Cespa y Urbaser firmaron un acuerdo para coordinarse de cara a una licitación un 35% superior al servicio que ya prestaba FCC, que quedó desierta. La CNMC destaca que en numerosos casos las prácticas infractoras impactan con fuerza en el contribuyente, que sufraga estos servicios con sus impuestos.

Desde Facua se hace un llamamiento a que cada administración pública afectada, "por dignidad y respeto", rompa los contratos y excluya a estas empresas. "Lo que ha ocurrido debería tener consecuencias y los partidos tienen que pedir explicaciones", insiste Rubén Sánchez. En su opinión, "si se probara que ha habido sobornos a políticos, la gravedad sería mucho mayor". Sin embargo, el regulador no ha derivado a lo Penal ninguna pieza del expediente y niega haber detectado relación con tramas de corrupción.

"No hay que olvidar que el sector de la construcción [constructoras e inmobiliarias] es, junto al financiero, el gran responsable de la gran estafa de la burbuja inmobiliaria", recuerda Sánchez, quien advierte que las mismas empresas operan también en muchos otros nichos de mercado sensibles, como la gestión del agua. Según su experiencia, la fórmula de las concesiones se resume así: "Cuanto menos transparentes, más sospechosas".