Estaba prevista desde antes, pero la conferencia de ministros de Interior y Seguridad de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá no pudo tener mejor fecha que el 11 de enero, cuatro días después del ataque a Charlie Hebdo. Su conclusión fue que es “urgente” aumentar la vigilancia en internet y en las fronteras: que los proveedores de internet aseguren que los gobiernos pueden monitorizar contenidos “que inciten al odio y al terror” y aumentar el control de los desplazamientos, aunque haya que restringir el espacio Schengen. Las medidas serán concretadas en una próxima cumbre de ministros europeos el 12 de febrero y en otra con sus homólogos norteamericanos el 18 del mismo mes.

Consenso bipartidista

A España, la urgencia llegó un día después: el 13 de enero, el PP y el PSOE anunciaron un pacto para sacar de la negociación de nuevas leyes, una batería de medidas que sean respaldadas sin fisuras. Por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal agilizará la interceptación de comunicaciones, el acceso a los datos personales y los registros de ordenadores. La Ley de Seguridad Ciudadana se engrosará con una enmienda para establecer ficheros de viajeros en aeropuertos que permitirán establecer “perfiles de riesgo”, según explicó el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Por último, mientras se tramita el nuevo Código Penal, se aprobarán disposiciones penales en forma de ley orgánica para, por ejemplo, elevar la pena del enaltecimiento del terrorismo y agravarla cuando sea en internet. Se intenta así evitar que haya webs que inciten a participar como yihadistas en conflictos existentes.

Europa Press ha publicado que la mayoría de jueces de la Audiencia Nacional apoyan buscar “nuevas fórmulas” para castigar el yihadismo pero dudan sobre la penalización del autoadiestramiento en webs y recuerdan que no basta con la intención de cometer un delito para ser condenado por ello. El paquete antiterrorista del Gobierno se completa con un plan “contra la radicalización”, también con especial atención al adoctrinamiento en internet, que se presentará en las próximas semanas, y con un aumento de los controles en las fronteras cuya forma no ha sido concretada aún.

La alarma post Charlie Hebdo ya había sacudido al Ministerio de Interior con el aumento de la alerta antiterrorista en un nivel, hasta el 3-bajo (el quinto en una escala de ocho). Fernández Díaz explicó que es “transitorio, sin que exista ningún elemento objetivo que permita hablar de un riesgo adicional de atentado”. Varias circulares han llegado a las comisarías recordando medidas de protección para organismos oficiales. Más allá fue el comisario antiterrorista de Sevilla, que, en un documento que publicó eldiario.es, recomendaba vigilar a “personas de origen árabe” e indicaba que si se les ve con un ordenador en un coche deben ser identificadas porque pueden estar “crackeando una red wifi” para consultar webs yihadistas sin dejar rastro. La Dirección General de la Policía se desmarcó de este documento, pero existe un precedente cercano de ciertos usos de internet que pueden convertir a una persona en sospechosa: en el informe de los Mossos que tuvo en cuenta el juez para mandar a prisión a siete de los once anarquistas detenidos en la Operación Pandora el 16 de diciembre se contemplaba que “utilizaban correos electrónicos con medidas extremas de seguridad como los de Rise Up” (un servidor activista norteamericano) como prueba de su peligrosidad.

Atajos tecnológicos

En Francia, las detenciones ideológicas llegaban a 54 arrestos y 12 sentencias de cárcel por “apología del terrorismo” sólo dos días después del atentado. Algunas de ellas se debían a alegrarse del ataque en Facebook. El primer ministro, Manuel Valls, prometió una nueva ley de vigilancia: “Tenemos que centrarnos en internet y las redes sociales, que se utilizan ahora más que nunca para reclutar, organizar y difundir saberes técnicos para cometer actos terroristas”. Las fuerzas de seguridad francesas ya tienen instrumentos para ello: desde 2013 pueden ver lo que hacen los usuarios sin necesidad de orden judicial y en 2014 se extendieron las competencias antiterroristas para aplicar mano dura contra la incitación al odio. Además, desde 2011, la Ley LOPPSI 2 autoriza a los funcionarios policiales a bloquear webs con contenidos violentos para evitar que los vean menores.

En Italia, el ministro de Interior, Angelino Alfano, también reaccionó con la promesa de perseguir los mensajes “radicales” en internet. El primer ministro británico, David Cameron, aprovechó para relanzar otra idea: que su Gobierno pueda burlar la encriptación en servicios de mensajería como Whatsapp. “No debería haber ningún medio de comunicación que no podamos leer”, explicaba tras reunirse con el presidente de EE UU el 17 de enero. Obama no se ha mostrado favorable aún a forzar a las empresas de su país a facilitar un atajo técnico a los gobiernos, pero sí a reforzar la cooperación en este campo “dado el creciente riesgo de ciberamenazas”.

Estas declaraciones suenan a reconciliación después de que la UE escenificara un descontento con la Agencia Nacional de Seguridad por el escándalo de escuchas revelado por Edward Snowden en junio de 2013. Entonces, el Parlamento Europeo pidió suspender temporalmente los acuerdos para compartir datos de pasajeros de aviones intercontinentales (Passenger Name Record) y de movimientos financieros (SWIFT, firmado para perseguir la financiación del terrorismo), pero la Comisión Europea quiso continuar con ellos y con las negociaciones del TTIP, que incluyen más colaboración en materia de datos.

Eficacia dudosa

Desde que George Bush aprobara la Patriot Act tras el 11S, las regulaciones procontrol suelen ser inmediatas tras grandes atentados. Sin embargo, el análisis de su aplicación revela que sus fines no tienen por qué ser “antiterroristas”: la Electronic Frontier Foundation averiguó que la Patriot Act sólo fue utilizada en 2013 en 51 casos de presunto terrorismo, frente a 9.410 casos relacionados con drogas, de un total de 11.129 demandas. Por otro lado, es dudoso que la acumulación masiva de datos mediante escuchas sistemáticas garantice la prevención de delitos: el big data sirve para predecir tendencias colectivas, no decisiones individuales.

Además, las “puertas traseras” que pretende Cameron podrían ser aprovechadas por organizaciones con intereses alejados de la seguridad ciudadana. En esta batalla, los gobiernos tienen de frente, además de a activistas pro derechos humanos, a gigantes como Google, Facebook, Yahoo o Apple. Como explica Microsoft en una campaña promocional: “La gente no utilizará tecnología de la que no se fía. Los gobiernos han puesto en riesgo esa confianza y tienen que restaurarla”.