El representante de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear denuncia que Enresa pretende adjudicar las obras sin tener los permisos del Consejo de Seguridad Nuclear.
Job Moya es uno de los representantes de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, vive en Tresjuncos, municipio conquense que cuenta con algo más de 300 vecinos, y que es uno de los afectados por la decisión arbitraria de la instalación del ATC en la comarca de la Mancha Alta. Son muchos los pequeños pueblos afectados. No se les ha pedido opinión y por eso muchos forman parte de esta plataforma. Viven de la agricultura y en muchos de ellos se han instalado cooperativas y pequeñas empresas de agricultura y ganadería ecológica que con el cementerio nuclear se vendrán abajo.
¿Es posible que no se construya el ATC en Villar de Cañas tras las críticas del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)?
Podemos y debemos ser optimistas. No se puede seguir jugando con los residuos más peligrosos, duraderos y cancerígenos que existen. El CSN tiene sobre su mesa un informe encargado a URS, una consultora estadounidense independiente, que concluye que los terrenos para el ATC no son aptos para este tipo de instalaciones y que la expansividad de las arcillas del terreno con el agua es muy grande. Esto hace que los terrenos se contraigan y se dilaten con los cambios de temperatura y los cimientos pueden sufrir muchos daños. No lo dice la plataforma, lo dicen técnicos independientes; ni siquiera españoles, son estadounidenses.
Por tanto, tras varios informes en contra, sería una irresponsabilidad si el Gobierno no los tiene en cuenta. Los residuos radiactivos, como el uranio y el plutonio, tienen una duración de más de 450.000 años, son eternos, más de 20 veces la historia de la humanidad. Es como si los neandertales nos hubieran dejado una bomba de relojería encendida.
Los principales riesgos del proyecto son el transporte de los residuos y la inestabilidad que estos terrenos presentan No se contaba con la elección de Villar de Cañas en la lista de los ocho municipios candidatos.
Está claro que ha sido una decisión política. No es necesario nuclearizar otra zona más, existen ya ocho zonas nucleares en el Estado español. Además, todos los informes ratifican que los terrenos de Villar de Cañas están formados por yesos, dolinas (hundimientos) de colapsos... Enresa lo sabe y está ocultando información. Por ejemplo, no ha aportado al Consejo de Seguridad Nuclear el informe Golder, [Golder Associates y ATSG] hecho a petición de la propia Enresa. El informe Golder señala que existe un proceso de disolución del terreno por karstificación que puede generar colapsos.
¿Por qué tantas prisas para iniciar las obras?
María Dolores de Cospedal ha puesto al frente de Enresa a Francisco Gil-Gómez, exalcalde de Ciudad Real (PP). Enresa, que es una empresa pública, está en manos del PP. Lo que quieren es adjudicar las obras antes de las elecciones para usar el dinero para tratar de ‘ilusionar’ a la gente de la región, pero sobre todo, por si la región cambia de manos este año y finalmente el cementerio nuclear no se hace. Así las empresas adjudicatarias cobrarían un 6% del presupuesto, lo mismo que ha ocurrido con el Castor.
El lobby nuclear ejerce una gran presión
Sí, las eléctricas tienen mucho poder. Tres empresas controlan el 90% de la producción en nuestro país y no permiten las renovables porque se les acabaría el negocio. De hecho, somos el tercer país de Europa con la factura de la luz más cara, tras Chipre e Irlanda. Además, ¿Por qué seguimos pagando el déficit tarifario, si una central nuclear se amortiza a los once años? El problema son las puertas giratorias. Los gobiernos le permiten a las eléctricas que paguemos tanto porque hay ministros y expresidentes de los dos partidos (PP y PSOE) que están en los consejos de administración de las eléctricas cobrando un dineral. Es un auténtico robo, de hecho gran parte del cementerio nuclear ya lo hemos pagado los ciudadano a las eléctricas en el recibo de la luz, en el apartado de residuos.
El Gobierno ha dicho en el Congreso que la elección del ATC es correcta y que el Consejo de Seguridad Nuclear no debe intervenir.
Si el Gobierno sigue adelante con el cementerio nuclear sería una muestra de grave irresponsabilidad. Primero por el transporte de los residuos radiactivos, que supone un grave riesgo, ya que no existe ninguna central nuclear cerca de aquí. Ya se sabe que éste es uno de los mayores peligros. Por otro, por la inestabilidad que estos terrenos presentan.
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