Finalmente, las aguas vuelven a su cauce y se dará un pequeño respiro a las calles madrileñas. A las 4.30 horas de la madrugada del viernes al sábado se desconvocaba la anunciada huelga indefinida prevista para el sábado 3 de enero y convocada por la plantilla del servicio de recogida de residuos no orgánicos de Madrid capital, tras el acuerdo de convenio colectivo alcanzado entre el sindicato UGT, representante de los trabajadores, y las empresas adjudicatarias Urbaser (ACS), Cespa (Ferrovial) y FCC.

La huelga, convocada por FSP-UGT para equiparar las condiciones laborales de este sector a las disfrutadas por la división de residuos orgánicos, afectaba a la recogida de papel, vidrio, cartón, envases, contenedores voluminosos, puntos limpios de móviles y otros residuos no orgánicos del municipio de Madrid. Tras una dura negociación, los 160 trabajadores que conforman este sector ratificaban por unanimidad el preacuerdo alcanzado y por el que obtendrán las mismas condiciones laborales que sus compañeros de recogida de basura orgánica (unos 1.600 empleados), como dos libranzas semanales, la totalidad en la prestación de baja y progresivos aumentos de salario.

Si bien en el contrato aprobado el pasado año por el Ayuntamiento se aceptaba un mismo pliego de condiciones laborales para los trabajadores de residuos orgánicos y no orgánicos –regidos hasta entonces por convenios diferentes–, “la realidad era muy diferente”, según UGT. Ya entonces, Moisés Torres, secretario del sector servicios de FSP-UGT para la Comunidad de Madrid, denunciaba que el sector de residuos no orgánicos adolecía de algunos derechos que sí disfrutaban el resto de grupos de recogida de basuras de la ciudad, como “la disparidad de horas trabajadas (40 horas semanales frente a las 36,5 del servicio de residuos orgánicos) o el acceso a la jubilación”. “Buscamos la equiparación al convenio laboral de recogida orgánica e igualar los derechos de todos los trabajadores”, explicaba Torres a esta publicación horas antes de la reunión final que se tradujo en la paralización de la huelga. “No tiene sentido que el servicio de recogida de basuras tenga diferentes convenios laborales y diferentes salarios”, añadía.

Pero las mejoras no serán inmediatas y serán progresivas. La equiparación de las condiciones sociales con el otro sector se efectuará una vez se ratifique el nuevo convenio colectivo, lo que podría producirse a mediados de este mismo año; mientras que las mejoras de condiciones de jornada y retribuciones, así como el resto del convenio colectivo, se aplicarán una vez haya pasado un año desde el inicio de los futuros contratos de recogida y transporte y sin carácter retroactivo, previsiblemente dentro de tres o cuatro años. De este modo, las empresas adjudicatarias se salvan de una nueva ola de críticas que arrastran desde el pasado año y que se ha traducido en los últimos meses en un deficiente servicio de la limpieza de las calles de la capital, algunas de las cuales resultaron abandonadas sin recogerse la basura.

Guerra de basuras

El germen de esta discrepancia entre adjudicatarias y empleados se iniciaba a finales del recién acabado año 2014, cuando el Ayuntamiento de Madrid adjudicaba un nuevo contrato para la recogida y el transporte de basura en la capital, que entraba en vigor el pasado 1 de noviembre. Entonces, el Consistorio madrileño adjudicaba a la UTE formada al 50% por Urbaser (filial de ACS) y Cespa (filial de Ferrovial) la contrata del servicio de recogida de residuos no orgánicos de la periferia de la capital, sustituyendo de esta manera a FCC, empresa que llevaba varias décadas realizando tal labor y que vio de repente limitado su servicio a los siete distritos centrales del municipio. En el contrato, la UTE se comprometía a no reducir la plantilla. Pero la decisión del concurso estuvo envuelta en polémica después de que el Consistorio aceptara la oferta de la UTE de 55 millones de euros por realizar el servicio, lo que suponía una bajada del 10,7% respecto a los pliegos de licitación. Desde UGT ya se advirtió entonces que con ese reducido presupuesto resultaría inviable mantener el servicio de calidad prestado hasta entonces y que se traduciría en un deterioro del mismo, así como de las condiciones laborales de los trabajadores.

Desde entonces, el conflicto entre FCC y la UTE de ACS y Ferrovial ha ido in crescendo. Ambas se han echado estos meses la culpa del mal servicio prestado. FCC, de la familia Koplowitz, era acusada por la UTE de cederles equipamientos y vehículos deficientes, por lo que éstas se vieron obligadas a alquilar una flota de 62 camiones diésel, algo prohibido en los pliegos por motivos contaminantes y aun así permitido por el Consistorio de Ana Botella. FCC estaba obligada a devolver la flota de 240 camiones de propiedad municipal al término de su contrato, pero el Área de Medio Ambiente y Movilidad certificó en su momento que sólo la mitad de esos vehículos estaba en correctas condiciones de uso. Asimismo, al no contar con surtidores propios, las nuevas concesionarias se vieron obligadas a usar surtidores públicos, lo que se tradujo en una demora del servicio y la acumulación de basura. Los críticos coinciden en que la limitada propuesta económica de la UTE resultaba insuficiente para ofrecer un servicio de calidad. Moisés Torres, de UGT, lamentaba que el sector de residuos no orgánicos haya reducido desde 2010 su nivel de contratación entre un 12-13%, debido a la estrategia de las concesionarias de no sustituir las bajas ni reforzar la plantilla, que lleva un año con la nómina congelada. Dentro de año y medio se prevé que el Ayuntamiento licite ambas contratas en un único concurso público, por lo que los expertos vaticinan nuevos enfrentamientos entre estos gigantes empresariales.