Siete organizaciones ecologistas, la Coordinadora Central Salinas, la Asociación Naturalistas Palentinos, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, La Braña, Ecologistas en Acción de Palencia y FAPAS, han remitido una nota de prensa saliendo al paso del Permiso de Investigación Minera en el Parque Natural de la Montaña Palentina, otorgado por la Junta de Castilla y León y que ha posibilitado que la empresa SIEMCAL S.A. haya realizado ya catas de prospección en diversos puntos de dicho Parque Natural, en los términos municipales de Cervera de Pisuerga, Polentinos y San Cebrián de Mudá.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitió con fecha 18 de octubre un informe favorable a esta actividad minera, informe que, según las citadas organizaciones ecologistas, presenta evidentes contradicciones, pues el propio informe reconoce que afecta a zonas “sumamente frágiles ante cualquier actividad”, para a continuación indicar que las tomas de muestras, catas y sondeos a realizar en ellas no causarán perjuicios ni afecciones en el terreno y que son compatibles.

Estas organizaciones alertan, por el contrario, del efecto negativo que estas prácticas tienen sobre una de las áreas más sensibles y valiosas del Parque Natural. También critican el secretismo que envuelve todo el proceso, ya que la tramitación comenzó hace más de medio año sin que aún haya sido comunicado a los miembros de la Junta Rectora del Parque.

Se da la circunstancia, según la nota de prensa remitida por estos colectivos, de que la Junta de Castilla y León es socia de la empresa SIEMCAL S.A., siendo otro de los socios la empresa Minas de Almadén, lo que hace que las organizaciones firmantes estimen que la Junta de Castilla y León “es juez y parte” en este tema, teniendo intereses en él y dependiendo a la vez de ella la autorización.

Estas organizaciones indican que, precisamente cuando está en trámite toda una normativa tendente a consolidar la conservación del patrimonio natural de la comunidad (Ley de Patrimonio Natural, Plan Director de la Red Natura 2000, Cartas de Turismo, Planes de Gestión y Conservación de los Hábitats, etc.), esta actividad ahora autorizada puede dejar sin efectos toda esa normativa. Por ello añaden que la Junta de Castilla y León debe decir claramente si apuesta por la conservación o por la explotación e los recursos mineros del subsuelo con la consecuencias negativas que implican.