En los últimos años, y de la mano de la crisis, algunas empresas, en su mayoría canadienses, han posado sus ojos en las escasas reservas auríferas que guarda España. Tan­to es así que si uno busca en el catastro minero del Ministerio de Indus­tria, Energía y Turismo encontrará 150 peticiones de concesión para extraer este metal precioso. La zona norte de España es la más jugosa para estos nuevos buscadores de oro, con 43 peticiones en Castilla y León, 30 en As­turias y 35 en Galicia.

Si bien es cierto que la mayoría de estos proyectos se encuentran en fase de investigación y una veintena de ellos están caducados, en nuestro país ya tenemos dos buenos ejemplos de megaminería, ambos en Asturias: la mina de Carlés (Sa­las) y la de El Valle-Boinás (Belmon­te de Miranda). Las dos están gestionadas por la empresa Kinbauri, filial de la canadiense Orvana, que reanudó la explotación de oro en España en agosto de 2011.
“Cuando el país está en crisis, el territorio está en liquidación”, expresa Ramón Varela, periodista ambiental y portavoz de Salvemos Cabana, una plataforma ciudadana que se opuso al proyecto de Corco­esto, en Galicia. “Nos están tratando como una colonia. Estamos ante el neocolonialismo y el neoextractivismo”, sentencia Varela.

"Quieren poner una mina a 50 metros de una granja ecológica, de un productor de leche, de los mariscadores del percebe... una locura"
Estos neorastreadores han seguido los pasos de las antiguas explotaciones romanas para intentar exprimir los restos del metal que dejaron estas civilizaciones. “El oro era fácil de extraer en las culturas antiguas. Los romanos obtenían seis toneladas y media de metal al año en estas zonas”, explica el portavoz de Salvemos Cabana. Según los datos del Instituto Geológico y Minero recogidos en el Panorama Minero 2013, durante todo el año 2011 se obtuvieron apenas 529 kg del metal. Aun así, y gracias al contexto de crisis y el alza del precio del oro, las empresas veían rentables estas explotaciones. “Se desató una burbuja bestial, pero son proyectos con un horizonte temporal muy escaso, que rondan los 10 o 15 años y que dejan un gran rastro de residuos. En el proyecto de Corcoesto, para conseguir 1,77 gramos de oro tienen que procesar una tonelada de roca”, sentencia.

En pie contra la minería

Al mismo tiempo que la fiebre del oro iba en aumento, en torno a los nuevos proyectos han surgido plataformas ciudadanas que se han opuesto de manera enérgica a este tipo de megaminería. Oro No, en Tapia de Casariego (Asturias), es la más veterana en la lucha. “Llevamos diez años oponiéndonos a la mina que se planea en Salave. En este tiempo han pasado ya tres empresas intentando hacerse con la explotación y ninguna lo ha conseguido”, explica Daniel Cando, miembro de esta plataforma que ahora se encuentra en un momento decisivo. El Gobierno de Asturias emitirá en breve la Declaración de Impacto Am­bien­tal del proyecto que ahora lidera la empresa canadiense Astur­gold, a través de su filial Exploraciones Mineras del Cantá­brico SL. “Esta­mos en el punto más delicado y todo parece indicar que el informe será favorable”, asegura Cando.

El portavoz de Oro No explica que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que ha emitido informes en contra del proyecto, apunta a que el Principado está vulnerando la ley de tramitación ambiental. El primer proyecto presentado por Astur­gold, además de un túnel subterráneo, incluía una planta de tratamiento de oro en superficie, en la que se utilizaría cianuro, un potente contaminante, así como unas balsas de lodo que ocuparían 53 hectáreas. Tras la primera declaración de impacto, la empresa volvió a la carga suprimiendo el tratamiento con cianuro. “No nos lo creemos. Si se aprueba cualquier proyecto nadie nos asegura que dentro de cuatro años la empresa no construya la planta de tratamiento”, asegura Cando.
Mientras tanto, Asturgold asegura 500 puestos de empleo “directo e indirecto” en su página web y promete “dar una alternativa a los jóvenes de la zona” con un proyecto de una vida “superior a 13 años”. “Están ofreciendo puestos temporales mientras destruyen empleo local y sostenible. Quieren poner una mina a 50 metros de una granja ecológica, cerca de un productor de leche, de los mariscadores que viven del percebe, un animal muy susceptible a los cambios en el agua... una locura”, concluye.

Galicia dice no

En la frontera gallega, esta historia se repite. En el verano de 2012 la multinacional canadiense Edge­wa­ter Exploration posó sus ojos sobre la comarca de Bergantiños (A Co­ruña) para darle vida a la antigua mina de Corcoesto, ubicada en una zona de alto valor ambiental que forma parte de la Red Natura 2000. Para ello creó la filial gallega Mi­neira de Corcoesto SA. Acto seguido, la empresa presentó un estudio de impacto ambiental para la construcción de una mina a cielo abierto con dos balsas para depositar los residuos de 650.000 metros cuadrados. Ofrecía 271 puestos de trabajo, 133 a través de subcontratas. A finales de 2012 la Xunta sacó una declaración de impacto ambiental favorable. Es entonces cuando arrancó la movilización social.

“Fue un tema acumulativo. Mu­cha gente paralizó su vida en defensa de nuestro territorio. Y además fue un hecho histórico porque es la primera vez que la sociedad gallega echó atrás una catástrofe de manera preventiva”, asegura Ra­món Varela mientras añade que la mina podría dejar 800.000 toneladas de residuos cianurados. Esta causa cobró gran protagonismo en redes sociales gracias a la petición de firmas de change.org, que recogió 250.000 apoyos.

Todo esto además impulsado por la experiencia acumulada de los vecinos asturianos. “Contábamos con la experiencia de los asturianos, les pedimos auxilio y conseguimos oponernos al proyecto desde el primer momento”, cuentan Nela Abella y Nacho Jorganes, activistas de la plataforma ContraMINAcción. “El 2 de junio de 2013 hubo una gran movilización y la Xunta empezó a coger miedo. Luego, profesores universitarios redactaron un informe en el que se detallaban las nefastas consecuencias de la movilización del arsénico, proceso que ocurriría en la mina. Este informe hizo mucho daño en la Xunta”, asegura Abella.

Finalmente, en julio de 2013 la Xunta rechazó el proyecto y solicitó a la empresa mayores garantías técnicas y financieras, decisión que ratificó el 15 de octubre de ese año. La compañía recurrió la decisión y llegó hasta a negociar con la empresa española Sacyr-Valleher­moso para conseguir la solvencia económica que le pide el Gobierno gallego. “La empresa está totalmente descapitalizada, pero vemos el peligro de que venga otra empresa ya que la Xunta ha paralizado el proyecto por requisitos financieros, no ambientales”, explican desde ContraMINAcción. “Pero ahora la gente sabe lo que hay y el poblado está organizado. Somos como As­térix y Obélix. Se lo vamos a poner difícil”, concluyen.