La Diputación de Guipúzcoa aprobó el 20 de noviembre la interposición de una querella criminal por delito de falsedad documental, así como por malversación de fondos públicos contra tres ex responsables de Bidegi y empresas, extremo que ha sido confirmado por la oficina de comunicación de la Diputación, que ha declinado ofrecer más información hasta la publicación de una nota de prensa que explica que "según los análisis realizados por Bidegi, se pagaron 3,4 millones no ejecutados y se les imputan los delitos de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos". La querella va a ser presentada a última hora de la mañana de hoy, 21 de noviembre y, según ha podido saber Diagonal, apunta a la malversación de al menos tres millones de euros de tres créditos distintos de dos millones de euros, 900.000 y 500.000 euros, que se liquidaron con posterioridad al cambio de color en la Diputación por el Gobierno saliente de Markel Olano (PNV).

El Gobierno actual, de Martín Garitano (Bildu) ha publicado hoy una nota de prensa en la que explica el contenido de la querella. En el centro de la misma, según ha podido saber Diagonal, está la gestión por parte del equipo del exdirector general de Bidegi, Borja Jáuregi, fallecido en julio de 2014. También las empresas de Laureana, unión temporal de empresas (UTE) formada por Dragados, la constructora Moyua, Obras Subterráneas, Geotunnel, responsables de la construcción de los viaductos de Basagoiti. La nota se refiere a "antiguos responsable de Bidegi [dirigida por el PNV durante ese periodo], dirección de obra y empresa contratista" contra los que se presentan indicios de delitos de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos. Entre ellos, según ha podido saber Diagonal, estaría Agustín Zugasti, director del Departamento Técnico, de quien Bildu ya señaló su contrato blindado al frente de Bidegi, resultado de la "nefasta gestión" del PNV en esta sociedad pública.

La investigación que ha derivado en la querella apunta a tres posibles irregularidades: la primera, en referencia al vertedero de Basagoiti-2, en el que se justificaron medio millón de euros en concepto de tierras procedentes de las obras de la carretera GI-632 que nunca llegaron al vertedero: se facturaron 2.228.500 m3, pero al vertedero llegan la mitad. La segunda, de ese mismo vertedero, por una partida de tierras de expropiaciones fuera de proyecto inicial, derrumbes e imprevistos de obra. se facturaron 1.000.000 de euros por llevar estas tierras a otro vertedero justificando que el de Basagoiti estaba lleno, cuando no era así. La tercera, en 2011 se alteró la dimensión de las excavaciones en una zona concreta, en 2014 Bidegi encarga a empresas especializadas el análisis topográfico de las zonas para evaluar dichas excavaciones. Los analisis revelaron que se han facturado 2.000.000 de euros en concepto de excavaciones no realizadas. Diagonal se ha puesto en contacto con Bidegi pero, hasta el momento no han querido hacer declaraciones. Preguntados sobre si la querella está relacionada con la gestión de las autopistas en la Comunidad Autónoma Vasca, desde Bidegi han dicho a Diagonal que “es posible”.

Deuda de 800 millones

La responsable actual de Bidegi, Larraitz Ugarte, compareció el 13 de noviembre ante las Juntas Generales para explicar cómo su departamento planea estructurar la deuda de la sociedad pública, habida cuenta de que el tránsito en las autopistas está un 30% por debajo de lo estimado en el momento de la solicitud de un crédito extraordinario de 395 millones de euros. En 2015, explicó Ugarte, Bidegi debe abonar más de 74 millones de euros en concepto de obligaciones financieras y devolución de créditos. El presupuesto de Bidegi contempla actualmente una deuda de 812 millones de euros.

Una de las vías bajo sospecha, señalada por el Tribunal de Cuentas en 2012 es la AP-1, en el tramo entre Éibar y Gasteiz, y está gestionada por una Laureana, una unión temporal de empresas (UTE) formada por Dragados, la constructora Moyua, Obras Subterráneas, Geotunnel. El pasado 17 de noviembre, según informó El País en su edición del País Vasco, EH Bildu remitió a la Fiscalía de Álava la documentación de un contrato suscrito en enero de 2011 con la empresa Bidelan para el mantenimiento de la autopista AP-1 y que "supone un sobrecoste de tres millones de euros".

Borja Jáuregi, Markel Olano y el exdiputado foral de infraestructuras, Eneko Goia, fueron señalados por EH Bildu a raíz de un informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) en 2012 por el sobrecoste de varios proyectos viarios. En informaciones publicadas en febrero y noviembre de ese año, se señalaba que el TVCP había detectado “una mala gestión que se refleja, no solo en la deuda o en los desfases, sino también en ciertas anomalías en el proceso de adjudicación de algunas de sus obras”.