El 3 de diciembre los accionistas de Canal Isabel II Gestión S.A. están convocados a una Junta Ge­neral extraordinaria. En ella darán un paso clave hacia la futura privatización de una de las empresas más im­portantes de la Co­munidad de Madrid: el establecimiento de un programa de emisión de valores negociables de renta fija y la aprobación de su primera emisión.

El Gobierno del PP lleva ocho años preparando la muerte y despiece de uno de los servicios públicos que mejor valoración tiene entre la ciudadanía. La elección de esa vía de financiación podría suponer una estocada final. Así lo entienden desde la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, que advierte que los posibles compradores de este tipo de deuda –los fondos de inversión– “son los mismos que luego podrían comprar las acciones del Canal”.

Desde 2011, los beneficios del Canal crecieron un 43% y sus accionistas se repartieron 280 millones

Resulta curioso que mientras Canal Gestión S.A. busca formas para disminuir una deuda acumulada de 1.168 millones de euros, sus beneficios han aumentado un 43% desde 2011. Menos curioso y más preocupante es saber que de los 368,9 millones que representan esos beneficios, 280 millones se han repartido como dividendos entre los accionistas. Aquí entran en juego numerosas variables, pero todas siguen la lógica mercantilizadora del PP, ya aplicada a otros sectores: atraer inversores privados interesados en recibir esos dividendos millonarios y justificar la privatización de la sociedad usando como pretexto su deuda. La deuda no implica que se trate de una empresa deficitaria. De hecho Canal Gestión ha aumentado su cifra de negocio en un 3,7% en 2012 y 2013. Buena parte del endeudamiento viene de que la Co­mu­nidad de Madrid obligara al Canal a adquirir en 2006, por 1.223 millones de euros, los derechos del saneamiento, depuración y reutilización de aguas depuradas, servicios que, hasta ese momento, dependían al Ayuntamiento.

Respuesta ciudadana

Frente a los intentos de privatización, el colectivo Marea Azul, surgido del 15-M, y la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II proponen un modelo de gestión democrática del servicio de agua que suponga una remunicipalización del mismo.

Liliana Pineda, abogada, escritora y miembro de esta plataforma, no duda en asegurar que “estamos pagando los agujeros del ladrillo con nuestra agua, poniéndola en peligro”. Desde su colectivo también han elaborado un informe sobre la evolución del Canal entre 2004 y 2013, que pone de relieve las peligrosas tendencias que se siguen desde que se constituyó la sociedad anónima.

En primer lugar, se ha producido una caída de las inversiones de entre el 15% y el 35%. Los beneficios llegan a los accionistas en vez de destinarse a “profundizar en todas las tecnologías de depuración, ahorro y reutilización del agua, e impedir que se pierda en las canalizaciones”, denuncia Pineda.

La degradación del servicio también se ve en la política de reducción de los costes laborales, unos recortes “que ya comienzan a incidir en el funcionamiento de la sociedad y a corto plazo repercutirá negativamente en la calidad del agua”. La firma de contratos temporales y en prácticas, la congelación de salarios –ya de por sí precarios– junto a la pérdida de derechos laborales y la externalización de servicios son la primera consecuencia de la reducción en gastos de personal del 12,5% en los dos últimos ejercicios.

Un proceso oscuro

El descenso de las inversiones en infraestructuras y personal suponen “comprometer el futuro del Canal y degradar el servicio”, en palabras de Pineda, que también desmonta una de las razones del PP para su privatización. La Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas permitía la creación de una sociedad anónima cuyo 49% pertenecería a capital privado, aunque por el momento el 100% pertenece a entidades públicas. Así, Canal Isabel II Gestión se constituyó de forma opaca y se escuda en el derecho privado por su naturaleza mercantil para blindar sus decisiones. Además, es el Go­bier­no de la Co­mu­nidad quien nombra el Consejo de Adminis­tra­ción, a espaldas del resto de fuerzas políticas, ciudadanía y trabajadores.

Desde 2008 son repetidas las veces que Ignacio González ha justificado su creación como fuente de ingresos innegociable para poder hacer frente a la inversión en nuevas infraestructuras y equipamiento tecnológico requeridos, entre los que destacan dos nuevos embalses y otras instalaciones para el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, Ecologistas en Acción mantiene que Madrid no requiere la construcción de nuevos embalses para el abastecimiento actual y futuro de la población ya que con los recursos actuales se podría abastecer a diez millones de habitantes.