cuatro activistas de la organización abahlali basemjondolo asesinados en un año
Sudáfrica, un largo camino hacia la libertad

La matanza de los mineros de Marikana en 2012 o los asesinatos políticos contra activistas por el derecho a la vivienda alejan a Sudáfrica de ser el “país del arcoíris”.

, Wiriko / Madrid
19/11/14 · 8:00
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UNFREEDOMDAY. Abahlali baseMjondolo se manifiesta cada 27de abril recordando las primeras elecciones no raciales en Sudáfrica. / Shachaf Polakow/activestills.org

“Remember Marikana”; así recuerdan, a golpe de espray, los muros y fachadas de varias ciudades sudafricanas aquel trágico 16 de agosto de 2012. La masacre de Marikana, cuando 36 mineros fueron asesinados por la policía durante una protesta por un salario digno, pone en evidencia a un país que presume de haber superado el régimen racista del apartheid. Pero Marikana no es un caso aislado. El pasado 29 de septiembre, Thuli Ndlovu, líder del movimiento comunitario Abahlali base­Mjondolo, fue asesinada a tiros en su propia casa de KwaNdengezi, una zona rural de Durban en la provincia de KwaZulu Natal. Ndlovu lideraba la lucha contra un proyecto de construcción de viviendas impuesta por las autoridades locales sin consulta previa y en detrimento de los vecinos de la comunidad rural de Kwa­Ndengezi. Por ello había sido amenazada en varias ocasiones por las autoridades locales. Amenazas que finalmente se cumplieron.

La represión que sufren los movimientos sociales y los activistas alejan a pasos agigantados a Sudáfrica de ser el “país del arcoíris” con el que Mandela soñaba tras siglos de opresión. Los problemas actuales auguran un largo camino para llegar a tan ansiado escenario de justicia social. Con una población de unos 50 millones de habitantes, según las estadísticas oficiales (2011) casi 20 millones de personas viven en townships. Esas grandes extensiones de tierra donde se erige un sinfín de chabolas –y donde habitualmente no hay acceso a agua potable, electricidad, higiene, saneamiento ni transporte– fueron creadas durante el apartheid bajo la ley de Group Areas Act de 1950. La ley obligaba a la población que no fuese blanca a vivir fuera de los centros urbanos más desarrollados, confinándola a los townships y obligándola a utilizar unos pases para moverse por los centros urbanos. La existencia de estos townships 20 años después de la llegada de la democracia muestra que la planificación urbana es aún herencia del régimen. Hoy la desigualdad social sigue determinada por la etnia: de los tres millones de personas que viven en asentamientos informales dentro de los townships, el 97% es población negra. Marikana hoy simboliza la reemergencia del apartheid, paradójicamente ahora en manos del CNA

Habitantes de las chabolas

En respuesta a esta realidad social y política surgen movimientos como Abahlali baseMjondolo (“habitantes de las chabolas” en lengua zulú), crea­do en 2005 en Durban. Es el movimiento postapartheid que aglutina más comunidades pobres en el país y también el que más represión sufre por parte de las autoridades locales y estatales. Su activismo vela por la mejora de las condiciones de vida de la población pobre que vive en chabolas, presionando al Gobierno para que la comunidad tenga una vivienda digna, formal y con acceso a los servicios básicos. Pero su trabajo se centra sobre todo en la ocupación de terrenos vacíos para proporcionar un techo a los miembros de la comunidad “exigiendo el valor social por encima del valor comercial de los terrenos urbanos”, así como en la resistencia a los desalojos forzados de los asentamientos.

La criminalización de las ocupaciones de terrenos vacíos es constante. “El Gobierno por lo general argumenta que las personas están ocupando las tierras ilegalmente y los presenta como delincuentes cuando se resisten a los desalojos. De hecho, en términos legales las ocupaciones de tierras son un delito leve y los de­sa­lojos son un delito penal”, afirma para Diagonal Richard Pithouse, profesor de la Univer­sidad de Rodhes y activista. Pit­house asegura que “el problema principal es la falta de bienestar político, ya que existe un programa de vivienda, pero es insuficiente y lo han capturado las élites políticas locales en su propio interés”.

Un cuerpo policial presente en varias provincias está a cargo de estos desalojos. La Unidad Antiinvasión de Tierras (Anti-Land Invasion Unit) tiene como objetivo “contener a la gente que trata de ocupar tierras ilegalmente”. Estos desalojos son ilegales: “La Constitución (artículo 26) dice que nadie puede ser desalojado de su casa sin una orden del tribunal y que éste no puede dar una orden de este tipo sin tener en cuenta diversos factores, como la obligación de proveer un alojamiento alternativo. Se aprobó una ley que se llama ‘Ley de Prevención del Desalojo’ para evitar esta situación y convierte todos los desalojos sin orden judicial en delito. Sin embargo, los desalojos sin órdenes judiciales son una rutina”, explica Pithouse. A pesar de su ilegalidad, el modus operandi de la Unidad es la utilización de la violencia ante la resistencia de familias que, tras años en lista de espera sin respuesta para tener un lugar donde vivir, ven cómo sus casas, sus pertenencias y sus vidas se convierten en un montón de escombros.Abahlali baseMjondolo (“habitantes de las chabolas”) es el movimiento que más represión está sufriendo

Represión

Movimientos sociales como Abahlali base­Mjon­dolo, Unión de Trabaja­dores del Metal (NUMSA), Ses’kho­na Peoples Rights Movement o Anti-Eviction Campaign, entre otros, que denuncian estas situaciones habituales y la corrupción del Gobierno en varios puntos del país, sufren una represión sin igual. Amenazas, intimidación, detenciones, torturas e incluso asesinatos políticos están a la orden del día. De hecho, ya son 450 los asesinatos políticos durante el post­apartheid, según afirma David Bruce en su artículo “Political Killings in South Africa”, siendo la mayoría de éstos en la provincia de KwaZulu-Natal.

Marikana hoy simboliza la reemergencia del apartheid, paradójicamente ahora en manos del histórico Congreso Nacional Africano (CNA), partido con el que Mandela llegó al poder. También representa cada uno de estos asesinatos, que permanecen impunes. Dos años después de una masacre que apareció en los medios de comunicación de medio planeta, no ha habido detenciones ni procesamientos y nadie ha sido llevado ante la justicia. Impunes quedan también los asesinatos de Thembinkose Qumbelo, Nkululeko Gwala, Nqobile Nzuza y Thuli Ndlo­vu, que participaban en la lucha por tierras y casas en Durban. O de tantos otros activistas.

21 de noviembre, día de solidaridad con Abahlali

La Red de Campaña de Solidaridad con Abahlali baseMjon­dolo de Reino Unido y la organización War on Want, tras el último asesinato, el 29 de septiembre, de una activista de Abahlali baseMjondolo, hacen un llamamiento a la solidaridad y apoyo de activistas y colectivos para presionar al Gobierno sudafricano con la finalidad de que se deje de perseguir y reprimir a los activistas por el derecho a la vivienda de Abahlali y de otros movimientos. Han lanzado una campaña de recogida de firmas de una declaración de apoyo. El 21 de noviembre, fecha en que se ha convocado un día de solidaridad con Abahlali baseMjondolo, la organización War on Want ha solicitado el apoyo a través de acciones o acudiendo a la Embajada de Sudáfrica en Londres.

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