Una quincena de organizaciones de la sociedad civil han exigido hoy a los grupos parlamentarios que impugnen la deuda ilegítima del proyecto Castor. El 3 de octubre, el Gobierno aprobó mediante un RDL una indemnización de 1.350 millones de euros para la compañía Escal UGS (participada en un 66,6% por ACS, grupo de Florentino Pérez), propietaria hasta julio del almacén de gas submarino que se encuentra frente a las costas de Castellón y Tarragona. Escal UGS renunció al proyecto después de que el Gobierno paralizara la inyección de gas una vez que varios informes técnicos constataron que los más de 500 terremotos que se han producido en la zona están directamente relacionados con la inyección de gas en el depósito submarino, al haber provocado la rotura de una falla.

El pasado 3 de octubre, el Gobierno publicó un Real Decreto-Ley por el que, además de aceptar la retirada de Escal UGS y nombrar como nuevo gestor a Enagás, valora en 1.350 millones de euros la inversión realizada por Escal UGS y determina su devolución con dinero público. Además, establecía un plazo de 35 días, hasta mañana 14 de noviembre, para pagar a la compañía, “una celeridad sorprendente para un momento de crisis como el actual”, denuncian las organizaciones. Este dinero será repercutido en la factura de gas de los consumidores a lo largo de los próximos 30 años.

Pero las entidades denunciantes aseguran que el coste total será de más de 4.700 millones de euros, debido a los intereses, más unos 100 millones anuales por el mantenimiento de las instalaciones. Además, según explica Mónica Guiteras, analista del Observatorio de la Deuda en la Globalización y miembro de la Alianza contra la Pobreza Energética, “a todo esto se pueden sumar los costes que Enagás pueda decir que ha tenido por administrar la instalación desde la aprobación del real decreto-ley”. “En un momento de especial fragilidad por el aumento del paro y de los recortes sociales, cuando la pobreza energética afecta al 17% de la población, la ciudadanía verá cómo sus facturas se incrementan todavía más. Si la indemnización del Castor se incluye en la factura del gas y aumenta todavía más su importe, ¿en qué situación se dejará a las familias?”, denuncian.

Debido a todo esto, varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, la Alianza contra la Pobreza Energética o Ecologistas en Acción, no sólo se pronuncian contra el pago, sino que han interpelado a los distintos grupos parlamentarios para que, a través de 50 diputados o 50 senadores, interpongan un recurso de inconstitucionalidad contra este real decreto-ley ante el Tribunal Constitucional antes de que finalice el plazo para hacerlo, el 3 de enero de 2015.
Estas organizaciones rechazan que la ciudadanía se haga cargo de una deuda considerada ilegítima, ya que varias organizaciones locales alertaron desde el principio, ya en el año 2007, "de la opacidad del proceso, de los peligros asociados, como el demostrado riesgo sísmico, o de las irregularidades administrativas”. Además, estas organizaciones hacen un llamamiento a que las instalaciones del Castor no sólo queden en hibernación, como se encuentran actualmente y como se contempla en el real decreto-ley, con la posibilidad de que en cualquier momento pueden volver a ponerse en marcha, sino que exigen que éstas sean definitivamente desmanteladas.

Mónica Guiteras añade que “creemos que hay responsables en las Administraciones que han tomado parte en los diferentes momentos de desarrollo del Castor, y también responsabilidad del actor privado, UGS. Otro actor público es el Banco Europeo de Inversiones. Pedimos el no pago, pero también exigimos responsabilidades”. Esta activista dice que, además de la vía institucional, “seguiremos explorando otras vías, como la penal y las movilizaciones en la calle”. De momento, han lanzado a través de la plataforma Avaaz una recogida de firmas para apoyar sus dos peticiones principales: el no pago de la deuda ilegítima y el desmantelamiento de las instalaciones.