La Audiencia Provincial de Baleares ha imputado a la Infanta Cristina por dos delitos de fraude fiscal en el marco del caso Nóos. El tribunal finalmente ha decidido levantar la imputación de la hermana del rey por delitos de blanqueo de capitales, a diferencia del resto de personas imputadas en el caso Nóos. Sin embargo, ha mantenido la imputación por delitos fiscales.

Ayer, la Fiscalía anunció que, en el caso de que la Audiencia Provincial decidiera archivar la imputación de la infanta en la causa, la propondría como testigo en el caso Nóos y pediría para ella una fianza de 500.000 euros, junto a su marido, como responsabilidad civil por el supuesto fraude fiscal que el matrimonio habría cometido a través de su sociedad inmobiliaria Aizoon, de la que ambos son socios al 50%. Finalmente, la Infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados.

La cantidad defraudada, a través de Aizoon, asciende a los 337.138 euros, en relación a las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 de las retribuciones que Iñaki Urgandarín facturó a través de esta sociedad a varias empresas por su papel de consejero asesor para tributar menos en la declaración de la renta.

En el auto, al que ha tenido acceso Diagonal, se señala también que la sala ha estimado los recursos presentados por Manos Limpias y el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia, por lo que imputa al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, por su papel en la contratación del proyecto Valencia Summit, organizado por el Instituto Nóos en Valencia y que supuso un gasto de más de un millón de euros por dos días de debate por edición.

El auto también añade el delito de blanqueo a las imputaciones que coleccionan Iñaki Urgandarín, Diego Torres y Ana María Tejeiro por haber construido sociedades con las que habrían podido transferir dinero al extranjero.