Ciberutopía, activación y empleo juvenil

Todos los esfuerzos desplegados por el Gobierno hasta este momento, basados en el voluntarismo de las fuerzas del mercado y la actuación sobre el sujeto han tenido un efecto discreto, considerando los recursos presupuestarios destinados.

, es investigador social.
05/11/14 · 7:00

Las sucesivas fases de la crisis han permitido aflorar gran parte de las mitologías, al decir de Barthes, que son parte consustancial y constituyente de ese corpus axiomático que algunos autores de la literatura sociológica habían venido denominando economía tecno-informacional, y en otros textos encontramos bajo el anglicismo new economy o la denominación turbocapitalismo digital-financiero, y otras voces de difícil comprensión, por indefinidas y ampulosas. A la imposición acrítica de una versión de las causas que motivaron el crash bursátil, esto es el exceso de intervención pública, el despilfarro neokeynesiano y la insuficiente desregulación de los mercados laborales, unido a cierta tendencia cultural, presente en el ethos de la población española, a solicitar crédito para satisfacer deseos suntuarios, como nos ha venido recordando el dictum managerial, hay que sumar ahora las oportunidades que ofrece el hipersector de las tecnologías de la infocomunicación para corregir las inadmisibles cifras de desempleo –todo lo que amenaza, junto con la corrupción generalizada o transversal, la legitimación del sistema de representación parlamentaria nacida del 78–, una propuesta de orientación de las políticas públicas que no casa bien con el proyecto Eurovegas, ni con la última EPA, que subraya el excesivo peso de la contratación temporal y la hostelería en la reciente, y estacional, expansión del empleo durante el período estival, regularidad –bien conocida por la profesión económica– que forma parte del modelo productivo español desde hace más de cinco décadas, y que ha sido criticada en muy distintos foros.

Efectivamente, alertada por el creciente desempleo juvenil, especialmente en España y Grecia, la Comisión Europea impulsó políticas que buscaban promover la movilidad laboral y distintas iniciativas comunitarias a partir de los primeros meses de 2013: Iniciativa de Empleo Juvenil, Recomendación sobre la Garantía Juvenil, Startup Europe (dirigida a ciberemprendedores y emprendedores TIC), EaSI (Employment and Social Innovation) y Crowfunding. En el Work Programme de la estrategia Horizon 2020 (Europe in a changing world), se declaran objetivos de primer orden la inseguridad laboral, el desempleo juvenil y las sociedades inclusivas. Conforme a sus socios europeos, el Gobierno, durante el último año, ha aprobado la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (EEJ) y el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, que busca proporcionar formación profesional o un contrato en prácticas a este colectivo, al objeto de reducir el porcentaje de NEET (not in employment, education or training) o ni-nis, en la peyorativa traducción al castellano, próxima semánticamente a adjetivos opuestos a la citada idea de esfuerzo.En el Work Programme de la estrategia Horizon 2020, se declaran objetivos de primer orden la inseguridad laboral, el desempleo juvenil y las sociedades inclusivas

El principal problema que plantea la puesta en marcha de estas iniciativas es, precisamente, que hay que entenderlas desde la conocida como noción de activación, esto es, la introducción de mecanismos de intermediación que persiguen actuar sobre el sujeto de la relación salarial o el emprendedor –categoría esta, de una profunda carga ideológica, alineada con el ideal meritocrático y el culto al esfuerzo característicos del credo desregulador–, dejando la actuación sobre la demanda al capricho del mercado, que lamentablemente en España, como ya ha puesto de manifiesto algunos trabajos basados en análisis de redes de gobernanza empresarial y de directorios entrelazados (interlocking directorates), está modulado por la actuación de una red relacionada de poco más de 130 empresas del mercado continuo y 1.300 administradores y 675 accionistas.

La ramificación de la Gran Coalición en España (Pledge of Spanish Grand Coalition for a Digital Jobs), una suerte de corporación público-privada que cuenta con la participación de la monumental Telefónica, persigue mejorar las competencias digitales, y contribuir la generación, como señala la Comisión Europea, de unos 900.000 puestos de trabajo en el conjunto de la UE. Este sector se ha comportado, de acuerdo con las últimas estimaciones, de un modo más o menos estable desde 2008, cuando estalla la crisis, de modo que ha conseguido incrementar en unos pocos de miles los 300.000 empleos con que contaba al inicio de la crisis, es decir, una cifra anecdótica considerando solamente el número de parados y paradas con edad inferior a 25 años (684.000), o de 25 a 29 (665.400), y más si analizamos por cohortes de edad la composición del desempleo y del empleo tecnológico, incluso por nivel de cualificación. Cantos de sirena que bien pueden encuadrare en las ensoñaciones ciberutópicas que con acierto apostilla César Rendueles cuando escribe sobre el discurso de la razón tecnófila. La obsesión por el desempleo juvenil sólo puede explicarla la preocupación por la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Los planes anuales de la política de empleo (PAPE´s) de 2012 y 2013 prestaron especial atención a los menores de 25 años, situándolo como objetivo prioritario, aun cuando reconocían otros problemas como el paro de larga duración, segmento de la población activa, junto con los mayores de 55 años y los beneficiarios del Plan PREPARA, que no pasan a un plano destacado, y en términos de “favorecer su empleabilidad” –asumiendo de nuevo la retórica huera de la activación–, hasta el plan aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 5 de septiembre y publicado en el BOE el 16 del mismo mes. La atención prestada por el Ejecutivo a estos otros colectivos ha sido residual, sino ha consistido en ignorar, aferrándose al dogma –parafraseando a Stiglitz– de la austeridad zombi, los procesos de movilidad social descendente, exclusión social, empobrecimiento de las clases trabajadoras (por cuenta ajena y por cuenta propia) y precarización generalizada del empleo.

Todos los esfuerzos desplegados por el Gobierno hasta este momento, basados en el voluntarismo de las fuerzas del mercado y la actuación sobre el sujeto (la capciosa idea de corresponsabilidad) han tenido un efecto discreto, considerando los recursos presupuestarios destinados: la tasa de desempleo juvenil –que ha venido experimentado, es cierto, un descenso suave, con picos de incremento durante los primeros trimestres, de acuerdo con el carácter estacional de la actividad económica española– se sitúa en un preocupante 49,54%, mientras que el empleo generado sigue siendo intensivo en mano de obra. Si la teoría es incapaz de explicar la realidad, cambiemos la realidad, u ocultémosla con construcciones significantes vacías o eufemismos, como el celebrado sintagma “movilidad exterior”. El interrogante principal reside en saber si la especialización continental que impuso la entrada de la UEM –el sueño liberal de restringir la política económica a política monetaria–, y ha apuntalado los programas de consolidación fiscal, va a permitir crear un sistema de relaciones sociales de producción que sea capaz de revertir esta tendencia a la precariedad y la polarización social, presente ya durante el ciclo expansivo –los famosos mileuristas–, no en el corto ni en el medio, sino en el largo plazo, todo lo que amenaza, al lado de la corrupción, con la legitimación, como decíamos al principio, del sistema de representación parlamentaria, un pequeño detalle que no suelen considerar los economistas, al quedar exenta esta variable del cálculo econométrico.

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