Las impugnaciones contra la consulta catalana son el reflejo de la limitada concepción de democracia que tienen el Gobierno y sus instituciones.

En los balcones de Barcelona y del resto de Cataluña lucen desde hace meses senyeras, esteladas y carteles con una frase que llama la atención por su simpleza: “9-N. Votar es normal”. Una idea –la de votar- que de manera automática asociamos a lo que entendemos por democracia y a cómo ésta se ejerce. En el último lustro convulso de movilizaciones en el que estamos inmersos, una de las grandes reivindicaciones que se ha escuchado desde las calles y las plazas es el deseo de la gente por participar más en la política, por consensuar entre todos y todas las decisiones que nos afectan. Sin embargo, la respuesta de aquellos a quienes van dirigidos esos gritos ha resultado decepcionante: utilizar las leyes para defender una idea autoritaria y muy limitada de democracia.
El próximo domingo se había de celebrar una consulta en Cataluña sobre el futuro político de este territorio. Una iniciativa que, según las encuestas de opinión, apoya tres cuartas partes de la población catalana y que ha sido impulsada, negociada y aprobada por una mayoría similar en el parlamento autonómico. A pesar del ruido y la escenificación generada, hay que aclarar que no se trataba de una votación vinculante –es decir, con implicaciones legales inmediatas- sino de dos preguntas que pretendían tomar el pulso sobre el sentimiento soberanista entre los catalanes y catalanas. La primera de ellas interrogaba sobre la posibilidad de que Cataluña se convirtiese en un nuevo Estado y, en caso de respuesta afirmativa, si éste debía de ser o no independiente.
La Constitución, redactada y aprobada en 1978, está pensada para que los
El 29 de Septiembre pasado el gobierno español recurrió la consulta catalana ante el Tribunal Constitucional (TC). En apenas unas horas este organismo decidía admitir a trámite el recurso y, consiguientemente, suspendía la votación convocada para el 9 de Noviembre. Tras varios días de incertidumbres y calculados silencios, el gobierno de Artur Mas anunció que en la fecha señalada, en vez de una votación con las garantías electorales previstas, se celebraría una consulta similar a las que ya se habían realizado en Cataluña desde el 2009 a nivel municipal –la primera de ellas, y más simbólica, fue la de Arenys de Munt-, pero en esta ocasión en todo el territorio. Un cambio que poco importó al ejecutivo de Mariano Rajoy: el pasado viernes 31 de Octubre, a poco más de una semana para el 9-N, el gobierno del Partido Popular recurría también la nueva pseudo-consulta ante el TC.
El bloqueo institucional
El profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, Gerardo Pisarello, explica que las impugnaciones hechas desde Madrid se han basado en un doble argumento: por un lado, negar a la Generalitat las competencias para convocar una consulta de este tipo y, por el otro, interpretar que la votación vulneraba el principio de la unidad de España. “Se está haciendo una interpretación restrictiva de la legalidad constitucional e internacional y un uso espurio de los órganos jurídicos”, comenta Pisarello. ¿Se puede amenazar la unidad del Estado por el simple hecho de preguntar a los ciudadanos? ¿No es la propia Constitución, en su artículo 9, la que insta a los poderes públicos –y, por tanto, también a las autonomías- a promover la participación política de los individuos?
A pesar de que el ruido mediático es incomparablemente menor, durante los últimos meses en las islas Canarias se ha vivido un proceso que presenta algunas similitudes con el catalán. La oposición a unas prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago llevó al gobierno autonómico a convocar una consulta para conocer la opinión de los canarios sobre el modelo medioambiental y turístico de las islas. Poco después de este anuncio, el ministro de Industria, José Manuel Soria, advertía al ejecutivo isleño de su falta de competencias para organizar una votación que, de nuevo, acabaría siendo impugnada. Otro caso de participación ciudadana –en este caso, impulsado desde los movimientos sociales- prohibido fue el Multi-referéndum celebrado en Cataluña en la misma fecha que las últimas elecciones europeas, y en el que se preguntaba a la ciudadanía sobre cuestiones como la deuda ilegítima, el control público de los recursos naturales o la posibilidad de establecer referéndums vinculantes a partir de las ILP (Iniciativas Legislativas Populares).
“Hay una especie de impugnación preventiva a cualquier mecanismo de participación que no se ajuste a los intereses del gobierno”, comenta Pisarello. Y, en el caso específico del conflicto catalán, “una utilización de la idea de unidad como arma arrojadiza contra la libertad de expresión y el derecho de participación”, opina este jurista. Más allá de las interpretaciones de los textos legales, parece claro que hay un problema de fondo que subyace en este asunto. La Constitución española, redactada y aprobada en 1978 –en un momento en el que la cuestión territorial parecía que podía llegar a romper el consenso entre las élites de la Transición-, está pensada para que los referéndums autonómicos sólo se puedan hacer bajo el tutelaje del gobierno central.
Un cerrojo que sin embargo, en opinión de Pisarello, no impediría la celebración de consultas como la catalana “si se hiciese una interpretación abierta de la legalidad constitucional. (…) Una postura que no defiende ni el gobierno, ni el PSOE, ni el Tribunal Constitucional…y que hace que nos encontremos ante un bloqueo institucional”. Por su parte, Joan Subirats, politólogo y colaborador en diversos medios de comunicación, considera que este autoritarismo del gobierno refleja “una mirada muy circunscrita a la parte procedimental de la democracia. Que deja de lado otros aspectos más basados en valores como la libertad, la justicia, etc.”, comenta.
En los últimos días la consulta catalana ha sido defendida también desde el extranjero por personalidades de renombre, como el arzobispo sudafricano Desmond Tutu o el activista argentino por los derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel –ambos galardonados con el Nobel de la Paz- a través de una carta en la que aseguran que "impedir que los catalanes voten parece contradecir los principios que inspiran las sociedades democráticas". Esta es una reflexión que se escucha con frecuencia en Cataluña, en boca tanto de personas a favor de la independencia como de otros con nulas aspiraciones soberanistas. Otra reflexión interesante es la que escribía en un blog de opinión el periodista Antonio Baños, el mismo día que Mas anunciaba la convocatoria del segundo -y rebajado- intento de consulta: “Siempre he sostenido que en un caso evidente de imposibilidad legal como esta, la importancia, la tremenda importancia radica en el puro gesto político del voto. La gramática internacional de la urna”.
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