Crímenes de lesa humanidad: estrategias de lo legal ordinario
La justicia que exige México

Las autoras relacionan los asesinatos y desapariciones con las políticas aplicadas desde la firma del Plan Mérida entre México y Estados Unidos en 2008.

, Son investigadoras del Departamento de Antropología Social e investigadora del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid.
28/10/14 · 16:30

Las seis personas asesinadas, los 17 heridos, uno en estado grave y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, por presuntos sicarios con la complicidad de policías municipales, son parte de una cadena de actos inhumanos graves contra la población civil mexicana que ha venido aumentando desenfrenadamente desde hace casi una década. La participación de agentes del Estado en estos actos generalizados y sistemáticos contra personas que no están armadas, posiblemente tengan un vínculo con el Plan Mérida que es un tratado internacional de "seguridad" entre el gobierno de los Estados Unidos en acuerdo con el Estado mexicano. Se estiman entre 47.000 y 70.000 las personas muertas en conexión con la violencia durante los últimos seis años, a los que se suman miles de desapariciones.

La Carta de este acuerdo fue firmada en diciembre de 2008 durante el mandato de George Bush y de Felipe Calderón para combatir "el crimen organizado que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera". La iniciativa Mérida sigue actualmente en vigencia en los gobiernos presididos por Obama y Peña Nieto. Esta iniciativa ha sido denunciada por organizaciones internacionales, como Witness for Peace, como una política que encubre operaciones que facilitan el suministro de armas a grupos con carácter irregular en México; estos grupos van desde narcotraficantes a paramilitares. Tal como ha pasado en el caso de Iguala, las unidades de la policía mexicana han demostrado tener enlaces ilegales con los grupos antes mencionados.

Desde hace varios años se vienen adoptando nuevas estrategias más allá de los sistemas legales punitivos

El Estatuto de la Corte Penal Internacional ha establecido que la tortura, los asesinatos, la desaparición forzada y la privación grave de la libertad, entre otros, son considerados crímenes de lesa humanidad cuando son cometidos en el marco de un plan o política preconcebida y el Plan Mérida podría ser el marco legal que demuestra que estos actos no han sido cometidos al azar y que han incurrido contra la población con ciertas características de clase, género, sexualidad y etnicidad. En México los crímenes de lesa humanidad no están tipificados en el ordenamiento interno. No obstante, existe una posibilidad de hacer que la Corte Penal Internacional admita el caso para enjuiciar y sancionar a los responsables. 

Para ello es necesario romper con el discurso institucional de que el problema del país es el narcotráfico, a sabiendas de que el Estado Mexicano tiene nexos claros con esta actividad. Existe una complicidad casi indivisible entre el gobierno mexicano y el crimen organizado. "La condición de Reconfiguración cooptada de Estado en algunas localidades dificulta esclarecer las fronteras hacia la prevención, persecución y procuración de justicia en tanto que la imparcialidad puede limitarse por la corrupción que ya hace en los sistemas encargados de ejercerla. Esta limitante de acceso a la justicia es uno de los principios que contempla el Estatuto de Roma para atraer investigaciones desde la Corte Penal Internacional". De manera ilustrativa podríamos decir que el Estado mexicano y el narcotráfico son como dos grandes árboles que, vistos desde la superficie, parecen diferentes y separados pero si hiciéramos una radiografía a la tierra veríamos que sus raíces se enzarzan de tal manera que se dificulta la distinción entre unas y otras. 

La “justicia” a través de la vía legal ordinaria es una de las muchas maneras de hacer presión contra un gobierno cooptado por el crimen organizado. Ante un drama nacional como el que enfrenta la sociedad mexicana, la justicia ordinaria se convierte en un método sumamente simbólico, tal como ha sido para la sociedad guatemalteca y, principalmente, para las mujeres ixiles testigos en el enjuiciamiento de Rios Montt y la histórica sentencia por genocidio. Sin embargo, el ejercicio de acción penal para los responsables de un crimen de competencia de la Corte no es la única salida y tal vez en estos tiempos, en vista del racismo y la violencia del sistema punitivo criminal a la hora de perseguir y castigar a los responsables, no sea el único modo con sentido.  

Otras formas de ejercer la justicia

Las voces de las madres y de los familiares de los desaparecidos indígenas y campesinos y de los muertos de Ayotzinapa se convierten en el eco del dolor de mucha gente que reclama justicia y reconocimiento de su sufrimiento; el eco de las muertas de Juárez, de las desaparecidas, violadas y mutiladas en todo el país, de los niños y niñas migrantes centroamericanos que atraviesan México para cruzar la frontera y que están encarcelados en centros de menores en Estados Unidos así como de todas las personas violentadas de las luchas sociales y sindicatos de trabajadores. Los mitos del sistema de "justicia" y de la policía que "protege y da seguridad" han sido ya muchas veces señalados como una mentira racista, clasista y sexista de las élites de poder político y de la oligarquía económica mexicana. 

La necesidad de exigir justicia en muchos casos viene acompañada de un constante riesgo de desaparecer en cualquier momento

En un país donde el Estado que "administra" la justicia se organiza criminalmente y tiene como "ejercito" a los cárteles, se ponen de manifiesto las carencias del sistema judicial, prometiendo eternamente el ejercicio y la aplicación de las leyes. Por esta razón, desde hace varios años se vienen adoptando nuevas estrategias más allá de los sistemas legales punitivos para la búsqueda de los desaparecidos/as, la protección de los testigos/as y la batalla contra la criminalización de las luchas sociales. 

En el caso de Ayotzinapa, el primer  ejercicio de justicia es el que están realizando estudiantes, ciudadanos y ciudadanas, madres y padres de familia, en todo el territorio nacional saliendo a las calles para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Las madres de las personas desaparecidas en todo el país han realizado manifestaciones y no dejan de movilizarse para exigir justicia y que aparezcan sus hijos. Las madres son las mayormente organizadas y cuya lucha no decae, tal como las madres de migrantes desaparecidos que participan en las caravanas. Otro caso reciente y simbólico de constante lucha fue el de una mujer, cuyo hijo también desapareció. Ella estaba enferma y antes de morir pidió que su propio féretro fuera velado frente a Gobernación (oficinas de la administración pública en D.F.) para recordarle al gobierno su incansable lucha por encontrar a su hijo.

También existen nuevas formas de pensar en conjunto y de hacer un trabajo en red de difusión virtual para proteger a las familias de los desaparecidos y a los testigos. Otro de los trabajos diarios que se están realizando frente a la violencia de las armas y de cara al miedo es el respaldo mutuo de redes solidarias, de cuidado y autodefensa comunitaria.

Sin embargo, la necesidad de exigir justicia en muchos casos viene acompañada de un constante riesgo de desaparecer en cualquier momento. Es necesario activar protocolos de protección de identidad virtual y física, indispensables para evitar casos como el de la twittera asesinada recientemente. 

Nosotras podríamos ser Ayotzinapa

No todas las personas están en igualdad de condiciones de reivindicar sus derechos en el espacio público. La violencia armada, militarista, misógina y racista no afecta a todos de la misma manera y es evidente que no todas somos Ayotzinapa, pero podríamos serlo. No obstante, observamos que a la par del aumento de las torturas, desapariciones forzadas y del desbordamiento de las fosas comunes, la violencia en contra de las mujeres se ha incrementado terriblemente en el país y este es un momento coyuntural para reivindicar justicia por el asesinato de miles de mujeres que se han dado desde hace años por el sexismo y la discriminación. De acuerdo a los datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio entre 2006 y 2012 los feminicidios en México "aumentaron 40% y en estados como Chihuahua, el número de asesinatos contra mujeres es 15 veces más alto que el promedio mundial". Estos datos no incluyen el daño a las esposas y las madres de los desaparecidos, aquellas que tienen que cuidar y luchar por sus vivos y armar el eterno rompecabezas de encontrar a los ausentes.

Es imprescindible que recordemos que el modelo neoliberal y patriarcal no nos afecta a todos de la misma forma y que la manera en que las mujeres han sido violadas, humilladas, torturas y masacradas así como la vejación a las madres y esposas de desaparecidos/as tiene relación con un aparato de muerte que es misógino, racista y sexista.

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