América Latina
Las desapariciones políticas en México apuntan a las autoridades

La muerte de seis estudiantes y la desaparición de otros 43 confirma el pacto entre autoridades y crimen organizado.

24/10/14 · 8:00
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El 8 de octubre hubo manifestaciones en las principales ciudades del país. / Marlen Mondragón

En las calles de México cada año se conmemora el 2 de octubre. Ese día varias marchas recuerdan la masacre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, en la que cientos de jóvenes fueron asesinados durante una protesta estudiantil. Este año la sociedad mexicana no sólo recordó el suceso sino que tuvo que revivir la crueldad, la violencia y la impunidad.

El 26 y 27 de septiembre eran asesinadas seis personas, dos de ellas estudiantes normalistas –lo que en España equivale a estudiantes de magisterio– de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Iguala (Guerrero). Al mismo tiempo, otros 43 normalistas resultaban desaparecidos. Ambos ataques, según apuntan las primeras investigaciones, fueron llevados a cabo por policías municipales y sicarios vinculados con el crimen organizado. Según el procurador de Gue­rrero, Inaky Blanco, policías de Iguala habrían entregado al menos a 17 normalistas al cártel que domina la zona, los Guerreros Unidos.
La búsqueda de los normalistas desaparecidos continúa. A pesar del hallazgo en la zona de una decena de fosas comunes clandestinas, por el momento nada se sabe sobre la identidad de las víctimas. Poco o nada se sabe sobre las razones de la masacre. Sin embargo, la fuga del presidente municipal de Iguala y de su secretario de Segu­ridad permite deducir su responsabilidad en los acontecimientos. Ade­más, la detención de 22 policías municipales hace evidente, una vez más, la conexión entre las instituciones mexicanas y el crimen organizado.

“Semilla de revolucionarios”

A pesar de lo cotidiano de la violencia en México, los ataques contra los normalistas en Iguala han conmocionado al país. Han sido numerosas las movilizaciones dentro y fuera del país. Una de las más concurridas fue la que el pasado 8 de octubre recorrió Chil­pan­cingo, capital del Estado de Guerrero, a la que acudió gran número de estudiantes normalistas y familiares. Durante la marcha los convocantes denunciaron la represión que sufre la Escuela Normal de Ayotzinapa, que el gobierno califica de “semilla de revolucionarios”. De esta escuela salieron algunos de los principales líderes guerrilleros, como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, que en la década de los 60 y 70 consiguieron poner en jaque al Gobierno.

Este episodio no es el primero. En cuatro años ya van cinco normalistas de esta escuela asesinados. Los alumnos y sus familiares denuncian una estrategia gubernamental basada en el miedo y la intimidación para anular la “única escuela en Guerrero que en verdad cobija a los hijos de campesinos y a la gente pobre”.

El carácter político de los asesinatos

El carácter político de la violencia en México quedaba otra vez en evidencia el 11 de octubre. Ese día, el líder campesino Atiliano Román fue asesinado cuando participaba en un programa de radio en el puerto de Mazatlán, en el Estado de Sinaloa. Román se había destacado en las protestas de los desplazados por la construcción de la presa Picachos, inaugurada en 2012. En todo México 167.000 personas han sido desplazadas por la construcción de estas infraestructuras, según la ONG International Rivers.

 

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