El Gobierno usó datos falsos sobre el parque de viviendas de protección oficial traspasadas a la Sareb para argumentar ante el Tribunal Constitucional la inviabilidad de la Ley antidesahucios andaluza, que preveía multar a las entidades financieras por mantener pisos vacíos y expropiar el uso de estos pisos en beneficio de personas en situación de desahucio. Así lo ha hecho público hoy la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), al comunicar una resolución por la que sanciona al conocido como 'banco malo' con 120.000 euros por “obstruir las medidas de la Administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas”.

Uno de los argumentos del Gobierno para reclamar la inconstitucionalidad de la ley de Función Social de la Vivienda fue su posible impacto sobre la viabilidad del plan de negocio de la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como 'banco malo'. Así, incluyó en su recurso al Tribunal Constitucional un informe de esta entidad en la que cifraba en 911 los pisos procedentes de promociones de Protección Oficial que Sareb había ido acumulando en Andalucía. Una cifra 10 veces superior a las 98 viviendas de este origen que finalmente ha reconocido tener Sareb, según ha señalado la Junta. Además de los primeros 120.000 euros, el banco malo se expone a una sanción de otros 11,7 millones de euros si no pone estos pisos vacíos a disposición de los Ayuntyamientos, encargados en esta comunidad de gestionar las listas de demandantes de vivienda pública y social.

“El Gobierno recurrió la Ley, que actualmente está parcialmente suspendida de forma cautelar a la espera de sentencia, argumentando que dañaba los intereses de la Sareb en función de un número de viviendas diez veces superior al real. Es decir, el Gobierno engañó al Constitucional para forzar la suspensión cautelar de la Ley”, ha declarado Cortés. La ley andaluza obligaba a las entidades financieras, incluida la Sareb, a entregar una relación completa de las viviendas vacías en sus manos.

Según ha explicado a Diagonal una portavoz de Sareb, los datos incluidos por el Gobierno en su informe se basan en “una extrapolación interna”, y en ningún momento la entidad envió esta información al ministerio de Economía. La portavoz de la entidad destaca que Sareb sí envío la información al Ejecutivo autonómico andaluz, si bien admite que el envio no se hizo en el plazo estimado, y ha informado de que el banco malo recurrirá la resolución de la Junta.