El ministerio de Ana Pastor va cumpliendo los pasos fijados por el Gobierno el pasado verano para que la mayor empresa pública del Estado pase a manos privadas. Siguiendo el nuevo marco de regulación aeroportuaria aprobado por Real Decreto Ley del 4 de julio, el 49% dejará de ser propiedad de todos los ciudadanos. De este porcentaje, el 21% se ha repartido esta semana entre los únicos tres inversores de referencia propuestos, pese a que el Gobierno planeó que se debatiera entre siete u ocho candidaturas. El 28% restante saldrá a bolsa próximamente y si todo marcha bien para los planes liberales del Partido Popular, el proceso se consumará a mediados de noviembre, aunque la fecha concreta no está clara por el momento.

La Corporación Financiera Alba (Grupo March) adquiere así el 8% del capital social de AENA, gestionado ahora a través de la entidad pública empresarial Enaire. Faerco (Grupo Ferrovial) se hace con el 6,5%. Ambas ofrecen una prima por acción sobre el precio que resulte en la mencionada Oferta Pública de Venta de noviembre, lo que facilita que se hagan con un porcentaje aún mayor de la compañía. El tercer inversor de referencia, el británico The Children's Investment Fund, también cuenta con un 6,5%.

Por otra parte, acaba de configurarse el nuevo consejo de administración de AENA, que pone en tela de juicio la supuesta independencia de sus cuatro consejeros “independientes”: Fernando Abril Martorell, Simón Pedro Barceló, Juan Ignacio Acha-Orbea y Eduardo Fernández-Cuesta. Abril Martorell, por ejemplo, acaba de salir de su puesto como consejero en Banca March para poder formar parte de este nuevo consejo.

Cuestión social y laboral

Como en cualquiera de las habituales privatizaciones, el interés general del servicio se verá supeditado a los intereses privados de la oligarquía. No debemos olvidar que AENA representa el 7% del PIB del Estado español y es clave para el turismo, sector terciario fundamental en la economía del país. Se trata de una empresa que a pesar de tener unos beneficios superiores a los 700 millones de euros se autofinancia gracias a las tasas y los ingresos comerciales, por lo que no percibe ni un sólo euro de los presupuestos generales del estado. Además, su estructura en forma de red permite que incluso los aeropuertos con pérdidas puedan cumplir su labor social gracias a los beneficios de aquellos con mayores rendimientos.

Con la privatización, el sindicato CC OO advierte que aquellas instalaciones que no cumplan con los requisitos económicos marcados por los inversores serán brutalmente precarizados como ya ha sucedido en otros escenarios. No sólo eso, sino que seguramente las Comunidades Autónomas a las que pertenezcan tendrán que invertir para impedir que el servicio desaparezca. Una vez más, se acabará destinando dinero de los ciudadanos a bolsillos privados para mantener un derecho que pertenece a toda la ciudadanía, como es el derecho a la movilidad.

El clima entre los trabajadores parece difícil y rodeado de incertidumbre. Es la primera vez que se ha roto la unidad de acción sindical, ya que UGT y USO han pactado la paz social con la empresa a cambio de mantener un convenio firmado en 2011. Eso no ha impedido la movilización de muchos trabajadores a través de la recogida de firmas o las acciones puntuales en los puestos de trabajo.

AENA cuenta con unos 9.000 trabajadores aproximadamente según datos de este sindicato y después de que hace tres años se despidiera a 2000 compañeros, pero son muchos más los que se verían afectados. Se estima que sólo el aeropuerto de Barajas da trabajo de forma directa o indirecta a miles de personas, cuyo ambiente laboral podrá volverse más conflictivo debido a la crudeza que marcarán las nuevas directrices económicas.

Una privatización que dura años

No es la primera vez que la clase política intenta privatizar este servicio público. Sin contar con la aproximación del gobierno del PP en el año 2000, el antecedente más claro podemos encontrarlo en 2008. La entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció que el 30% del capital social de AENA pasaría a manos privadas. En este momento se tasó dicho porcentaje en 9.000 millones de euros, lo que supone que se calculaba el valor total de la empresa en unos 30.000 millones. La tasación actual es mucho menor, y supone todo un fraude para el interés público, ya que permite que los compradores obtengan mayores beneficios: se pretende vender el 49% de AENA por menos de 3.000 millones. El precio total, sorprendentemente, lo determinará el mercado.

El gobierno socialista creó el marco legal en el que opera el PP actualmente a través de un decreto ley en 2010. Sin embargo, los socialistas parecen haber cambiado su estrategia. Ahora apoyan de forma abierta a CC OO en las movilizaciones y han presentado mociones en el parlamento. Como augura el sindicato, es necesario crear un frente político y social fuerte que impida lo que parece que sucederá con toda probabilidad en noviembre.

Políticamente, Izquierda Plural y el Grupo Mixto han solicitado una comisión de investigación a instancia de CC OO. Todos los grupos de la oposición se posicionan en contra de la privatización. Algunos partidos como Izquierda Unida llevan tiempo trabajando en esa línea e incluso instituciones como el Gobierno Canario han manifestado su rechazo. A ello se suma el importante respaldo social, que ha influido en la política del PSOE. Pero el tiempo apremia y como denuncian desde el sindicato, si no se consigue crear una fuerte frente común a nivel institucional y social en la calle, el proceso será imparable.