Tras la sentencia que anula Meseta Ski
Políticos de PP y PSOE de Valladolid deben 15 millones, según Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción pide que un centener de altos cargos socialistas, populares y leonesistas que apoyaron Meseta Ski repongan de su bolsillo 150.000 euros cada uno para compensar el "despilfarro" de recursos.

, Valladolid
17/10/14 · 10:00
Las obras continuaron a pesar de contar con 13 sentencias en su contra.

Tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló de forma definitiva el proyecto conocido como Meseta Ski, Ecologistas en Acción (EA) ha solicitado que los cargos públicos que lo aprobaron paguen con su patrimonio particular los 15 millones de euros de dinero público "despilfarrados".

En 1999, un incendio arrasó una masa forestal en Villavieja del Cerro, una pedanía de Tordesillas (Valladolid). Pese a que la Ley de Montes, en su artículo 50, obliga a las Comunidades Autónomas a garantizar la restauración de los terrenos incendiados y prohíbe cambiar su uso forestal al menos en los 30 años siguientes para evitar tentaciones de incendios intencionados por intereses económicos derivados de la urbanización de las superficies calcinadas, en 2006 la Diputación Provincial de Valladolid (comandada por el PP), aprobó un proyecto para instalar un área recreativa con estación de esquí de nieve artificial, denominado Meseta Ski, con la colaboración del Ayuntamiento de Tordesillas (regido por Emilio Álvarez Villazán, del PSOE). El 4 de octubre de ese año, el alcalde otorgó autorización de uso excepcional en suelo rústico y así se iniciaron las obras de urbanización de la zona quemada.

Ecologistas en Acción interpuso una denuncia por vulneración de la Ley de Montes. Una primera sentencia judicial les dio la razón, anulando la licencia dos años después de iniciadas las obras. La organización ecologista solicitó la demolición de las infraestructuras ya construidas.

Diputación y Ayuntamiento recurrieron, pero sucesivas sentencias desestiman todos los recursos, por lo que en un intento de imponer el proyecto en mayo de 2010 las Cortes de Castilla y León promulgan una Ley declarando Meseta Ski como un proyecto de Interés Regional, para que así no se le pudiera aplicar la Ley de Montes.

Castilla y León declaró Meseta Ski como proyecto de Interés Regional, para que se le pudiera aplicar la Ley de Montes

Ecologista en Acción, el juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid e incluso el Consejo de Ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acudieron al TC contra esta Ley Regional, y este Tribunal admitió a trámite la cuestión y paralizó el proyecto de forma cautelar.

Una vez analizado el fondo de la cuestión, la sentencia definitiva del TC indica que la ley por la que se declaró el proyecto como de Interés Regional es contraria a la Constitución, al no respetar la Ley de Montes, por lo que definitivamente el proyecto Meseta Ski no verá la luz y las obras realizadas deberán ser desmontadas, aunque la Diputación vallisoletana tratará de salvar la parte construida en suelo rústico no forestal.

Ecologistas en Acción ha mostrado su satisfacción por la sentencia del TC, aunque lamenta el tiempo transcurrido, el que hayan sido necesarias hasta 13 sentencias judiciales para parar el proyecto y el despilfarro económico producido, por lo que solicitará no solo la demolición de lo construido y la reforestación y restauración de los terrenos a su estado original, sino también que el centenar de procuradores, diputados y concejales que aprobaron el proyecto sufraguen con cargo a su patrimonio los 15 millones de euros de dinero público despilfarrado.

Ecologistas en Acción lamenta que hayan sido necesarias 13 sentencias judiciales para parar el proyecto

En el apartado de responsabilidades, Ecologistas en Acción critica a la entonces Defensora del Pueblo y exdiputada del PP María Luisa Cava de Llano (se negó a admitir las quejas presentadas), y “deplora la arbitrariedad e ilegalidad de las actuaciones emprendidas por la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Tordesillas, la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios popular, socialista y leonesista de las Cortes regionales, que por unanimidad y entre aplausos, aprobaron a sabiendas una Ley inconstitucional”.

Los ecologistas también recuerdan que “la Diputación de Valladolid, presidida por el actual Delegado del Gobierno, Ramiro Ruiz Medrano, y con el vicepresidente de la Diputación y entonces presidente de SODEVA, Alfonso Centeno, como responsable directo, inició en 2006 las obras de la pista de esquí sin licencias municipales, sin declaración de impacto ambiental y sin permiso para el cambio del uso forestal de los terrenos; que el entonces Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aprobó meses más tarde la declaración de impacto ambiental, aun sabiendo por sus propios técnicos que el monte había sufrido un incendio; que el entonces Alcalde de Tordesillas y hoy senador, Emilio Álvarez Villazán, otorgó después las licencias municipales; que el entonces Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, el corrupto Jesús García Galván (hay sentencia), proporcionó ya avanzadas las obras la autorización de cambio del uso forestal de los terrenos; y que de nuevo Carlos Fernández Carriedo, ahora como portavoz parlamentario popular en las Cortes de Castilla y León, promovió y consiguió la aprobación del proyecto como Ley para pasar por encima de trece resoluciones judiciales que señalaban la ilegalidad del mismo, con el concurso de los portavoces parlamentarios socialista Ana Redondo y leonesista Joaquín Otero”.

Los ecologistas consideran “gravísimo que todas las autoridades y representantes políticos regionales que han intervenido a favor del proyecto hayan sacrificado el principio de legalidad, la división de poderes del Estado y los derechos fundamentales amparados por la Constitución para satisfacer los intereses espurios de unos políticos locales lamentables cuyas ocurrencias van a costarnos una vez se restaure el monte más de 15 millones de euros de todos, dilapidados en un dislate imposible”.

Para sacar adelante el proyecto se han sacrificado el principio de legalidad, la división de poderes del Estado y los derechos constitucionales, según EA

Por ello, “para que la prevaricación y el despilfarro de dinero público no salgan gratis una vez más a nuestros políticos profesionales, Ecologistas en Acción propone que el centenar de procuradores regionales, diputados provinciales y concejales del Ayuntamiento de Tordesillas que aprobaron en sus diversas fases el proyecto, sufraguen con cargo a su patrimonio privado todo el dinero público despilfarrado, a 150.000 euros por cada responsable político. Y de paso, que dimitan de sus actuales cargos públicos, por su ineptitud y su manifiesto desprecio por los derechos ciudadanos, la legalidad y el interés general al que se deben”.

EA continua diciendo en su nota que “la prohibición de recalificar terrenos forestales incendiados es una conquista histórica del movimiento ecologista que de esta manera se ve preservada del ataque de las instituciones de Castilla y León. Éstas deberían explicar su interés por los negocios privados de determinadas empresas constructoras como las promotoras o concesionarias de Meseta Ski, la Ciudad del Medio Ambiente (Soria), los vertederos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), Gomecello (Salamanca) y Fresno de la Ribera (Zamora), o la estación de esquí de San Glorio (León), todos aprobados por Ley para pasar por encima de resoluciones judiciales que los declaran ilegales. En los tres primeros casos, esas leyes han sido declaradas inconstitucionales, situándose así Castilla y León en la cabeza de las Comunidades Autónomas que más legisla contra la Constitución”.

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