Después de la cosecha, salen los rebusqueros. No se trata, esta vez, de Los Espigadores y la Espigadora, la película de Agnés Varda, una película que trató de la vieja labor de recoger aquella parte de la cosecha que se cae y se descarta en el propio campo, si no de la labor del rebusco, que se lleva realizando en Extremadura y que consiste en exactamente lo mismo. Miles de familias salen estos días a los campos de labranza a recoger la uva que ha quedado sobre la tierra. Posteriormente, la venden a los bodegueros, que la utilizan para fabricar vino o vinagre. Miles de familias de más de una decena de localidades de la Tierra de Barrios obtienen una renta de esa recogida, a la que se suma, más adelante la de la oliva. A ella se dedican jornaleros, parados y personas mayores. Según las Asociaciones y Organizaciones de apoyo a los rebusqueros, la actividad genera en torno a 18 millones de euros anuales.

En un acto en Fuente del Maestre, uno de los pueblos de la recogida, Monago prometió que no se iba a acabar con el rebusco

La historia, que se lleva repitiendo desde hace siglos, hubiera pasado desapercibida entre todo el ruido mediático si no fuera porque el Gobierno de la Junta de Extremadura ha abierto una batalla contra rebusqueros y rebusqueras. El 14 de octubre, los Campamentos Dignidad de Extremadura, la Asociación de Defensa de lo Público y representantes de los bodegueros y otros compradores de rebusco, se reunieron para plantar cara al presidente de la Junta, José Antonio Monago. El motivo, la persecución de la Inspección de Sanidad y la Guardia Civil a los compradores de esta vid. En la reunión, tanto rebusqueros como compradores aportaron sus soluciones para los problemas denunciados por la Junta. Uno de los asistentes, Juan Viera, ha atendido la llamada de Diagonal esta mañana. Viera explica algunas de las soluciones que proponen los distintos actores del sector, que pasan porque se siga la “trazabilidad” de la uva –igual, explica Viera, que se hace con la caza--, que la uva se recoja en depósitos específicos y que se paguen los impuestos en función de ese registro.

Pero Monago ha ido más allá de pedir soluciones a problemas que los tienen, si no que, en sus declaraciones ha “criminalizado” a los rebusqueros. Así lo entienden los Campamentos Dignidad y lo explica Viera, quien recuerda que en un acto en Fuente del Maestre, uno de los pueblos de la recogida, Monago prometió que no se iba a acabar con el rebusco. El presidente de la Junta, sin embargo, declaró ante la prensa que la Junta controlará “el rebusco y protegeremos a los 50.000 agricultores del olivar y viñedo de quienes lo roban y lo venden igualmente”. Viera reconoce que hay una minoría “muy pequeña” de personas que causan daño en las fincas, pero cree que detrás del empeño de la Junta en acabar con el rebusco no está proteger a quien en cualquier caso tiene derecho de denunciar si se producen daños, sino echar abajo los salarios de la campaña de la oliva, que comienza estos días en miles de localidades españolas.

Para Viera, la presión del sindicato agrario Asaja, que agrupa en Extremadura a los principales terratenientes de la Comunidad, es la clave del acoso de Monago a los compradores de uva de rebusco, una vez que, por problemas de competencia, la Junta retiró su proyecto de Decreto para perseguir la propia acción de la recogida en el campo. “Según parece es Asaja la que hace presión”, explica Viera, quien subraya que se trata de un problema de carácter político, ya que “se trata de que haya mucha gente en el desempleo”. De este modo, la patronal busca pagar menos a las personas que trabajen en la campaña de la aceituna, porque no han tenido opción de obtener una renta del rebusco.

Almendralejo, Villafranca de los Barros, Fuente del Maestre, Solana, Santa Marta, son algunas de las localidades donde el rebusco es una forma de sortear el rigor de los bajos sueldos y los precios altos. La economía en torno a esta labor ayuda a sobrevivir a cientos de hogares. Según dicen las organizaciones que lo defienden, sólo la semana del 13 al 19 de octubre se recogieron 300.000 kilos de uva, “que a diez céntimos el kilo suponen 30.000 euros que los jornaleros han dejado de percibir”. Pero es que estos límites impuestos desde la Junta, se suman a la batalla por el reconocimiento del derecho a una renta mínima, una lucha que se ha desatado a raíz del anuncio por parte del Gobierno popular de reducir el número de personas con derecho a percibir la llamada Renta Básica extremeña. Así, como señalan desde el Campamento Dignidad, la economía que se genera en torno al rebusco es equivalente a los 20 millones que el Gobierno destina para pagar las solicitudes de renta básica que ha aprobado. Y es que, como bien supo Agnés Varda, la riqueza está por todas partes y a veces sólo basta mirar al suelo para comprenderlo.