La Comisión de Observación de Derechos Humanos presenta su informe sobre Melilla

El trabajo analiza la violencia institucional y las ilegalidades en la valla; el CETI; el asilo, refugio y otras figuras de protección; la situación de los menores no acompañados y la exclusión sanitaria.

10/10/14 · 17:31

La Comisión de Observación de Derechos Humanos (CODH), compuesta por miembros de la Campaña Estatal por el cierre de los CIE, de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del Grupo de Acción Comunitaria, y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, presentaron ayer, 9 de octubre, en el Colegio de Abogados de Madrid, el Informe "Vulneraciones de Derechos Humanos en la frontera Sur-Melilla" que llevaron a cabo la primera semana del pasado mes de julio. El trabajo analiza la situación de los Derechos Humanos en relación con las cinco cuestiones que la CODH considera claves en la ciudad fronteriza: la violencia institucional y las ilegalidades en la valla; el Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI); el asilo, refugio y otras figuras de protección; la situación de los menores no acompañados y la exclusión sanitaria.

Sonia Gumpert, presidenta del mencionado Colegio de Abogados, ha calificado Informe de "serio, objetivo y riguroso" y ha destacado de él el hecho de que "esté basado en un trabajo de campo planteado desde la perspectiva legal, jurídica y humana". El objetivo es, según ha explicado Ana Fornés, portavoz de la Plataforma CIE no, "hacer un seguimiento de todo el ciclo represivo, para valorar y denunciar la situación", ya que consideraban que "la violencia que se produce en la valla está sobrerrepresentada en los medios de comunicación", y no es la única que debe ser tenida en cuenta, a pesar de que se esté dando "por parte de las fuerzas marroquíes, las españolas, y un doble vallado -uno en territorio español, otro en el marroquí, financiado con fondos de la Unión Europea- con concertinas". 

El sociólogo Christian Orgaz, especialista en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), y miembro de la campaña estatal por el cierre de los CIE, ha denunciado que, durante la realización del trabajo de campo en Melilla, vieron "falta de protocolos de actuación, improvisación y peligrosidad en el CETI, y abandono en los alrededores del mismo por parte de las instituciones locales". Ha señalado, por ejemplo, el hecho de que no haya un "servicio de traducción adecuado" en los servicios médicos del centro. Asimismo, Orgaz ha mencionado al colectivo LGTB como grupo de especial vulnerabilidad, que "sufre insultos, vejaciones y agresiones, y cuya permanencia en el CETI no garantiza su integridad física ni psicológica".

Irene Ruano, miembro del Grupo de Acción Comunitaria, ha señalado, por su parte, el hecho de que "España sea el país con el índice de asilo más bajo de toda la Unión Europea", así como la circunstancia de que los migrantes residentes en el CETI de Melilla "renuncian a su derecho de asilo por la lentitud del proceso burocrático, que les hace retrasar su traslado a la península". Esto es un problema, en opinión de Ruano, "porque genera dependencia del CETI, y se tienen que quedar en Melilla sin posibilidades de inserción laboral ni de utilizar redes de apoyo que puedan tener o tejer en la península".

En cuanto al tratamiento de los menores no acompañados, Patricia Orejudo, miembro de la campaña estatal por el cierre de los CIE, ha denunciado, por su parte, que, si bien "la legislación internacional y nacional protegen los derechos del menor y hace prevalecer su condición de menor sobre la de extranjero, en Melilla, se están produciendo irregularidades en este sentido". Orejudo ha explicado también que, como se recoje en el informe, en la ciudad autónoma se está dando una "inasistencia flagrante" en el sistema de salud que va más allá del Real Decreto 16/2012, que niega la tarjeta sanitaria a los migrantes. "Ni siquiera se está cumpliendo ese Real Decreto. Se niega la asistencia o se condiciona a la firma previa del compromiso de pago", asegura la activista.

El Informe ha sido elevado al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y al Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), con el objetivo de "instar a estos organismos internacionales a tomar las medidas pertinentes para que se cumpla la legislación vigente". Asimismo, el Informe fue presentado en Bruselas el pasado mes de septiembre en el Encuentro de parlamentarios europeos "¿Hay alternativas?" y será presentado ante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, a principios del próximo mes de diciembre.

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