Desde el 25 de septiembre, el Producto Interior Bruto (PIB) estimado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) estará “dopado”, al incluir actividades ilegales como el tráfico de drogas, la prostitución o el contrabando. Por orden de Bruselas, la nueva Contabilidad Nacional infla artificialmente la riqueza, enmascara los datos de déficit y deuda, y permite endeudarse más. Pero de poco sirve, porque los datos de actividades clandestinas ni reflejan la realidad, ni ofrecen ninguna fiabilidad. Así lo defiende Joan Bertomeu i Castelló, abogado y criminólogo, para quien la medida “concede mayor poder económico en relación a la capacidad de endeudarse, que es el dato que parece que le interesaba al Tribunal de Cuentas Europeo cuando exigió a la Comisión que obligara a los Estados a publicar estos datos”.

Para Bertomeu, podría ser más interesante una estimación a partir del comercio en el sector del cannabis

Sin embargo, “en el caso del Estado español ciertamente las estimaciones de una actividad como la producción y venta de drogas, mientras continúe siendo susceptible de sanción administrativa o penal cualquier conducta –ya sea la producción, el transporte o el consumo finalista–, aboca a estas actividades a la clandestinidad”, asegura Bertomeu i Castelló, quien explica que, por tanto, el control o la obtención de datos al respecto de estas actividades no es en absoluto fiable “y puede llevar a equívocos”, o simplemente es útil para vender una mejor situación económica, “cuando esta actividad no repercute o no debería repercutir en modo alguno en la economía estatal, mientras sea reprimible y sancionable en todo su desarrollo”, asegura.

Bertomeu explica que el método recomendado desde Bruselas y que utiliza el INE obliga a estimar las rentas obtenidas por esta actividad a través de los datos policiales relativos a las incautaciones que se producen durante el año, y a la valoración policial de los precios de la sustancia en el mercado negro que se determina a partir de unas tablas estándar elaboradas por el Instituto Nacional de Toxicología. Pero estas tablas no pueden considerarse indicadores económicos fiables, porque no tienen en cuenta variables como son la calidad y pureza de la sustancia, los costes de producción o transporte o simplemente la zona geográfica en que se ha producido la incautación y su volumen de mercado, y menos todavía si se considera que se incauta un 10% o 15% del volumen total del mercado. Hay que tener en cuenta además que, “en teoría, las sustancias incautadas se deben destruir por prescripción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no entendemos qué valor como activo económico se le puede dar a algo que, una vez cualificado, es destruido”.

A juicio de este abogado y criminólogo, “en ningún caso puede considerarse un indicador de la riqueza del Estado, en tanto que el interés que parece tener el actual Gobierno y los anteriores en dichas actividades va más encaminado a la recaudación mediante sanciones y al sostenimiento de una industria represiva y carcelaria basada en las actual política de guerra contra las drogas, que en tratar de dar una viabilidad legal y económica a dicha actividad, pudiendo de esta manera repercutir en el erario público”. Para Bertomeu, una estimación que podría ser más interesante podría realizarse a partir de comprobar el volumen económico de ciertas actividades del sector del cannabis, como son los ingresos y la facturación por venta de semillas o materiales de cultivo en ‘growshops’.

Este criminalista cree que las estadísticas que pueda realizar el INE “nunca van a reflejar la realidad del volumen de actividad económica que generan las drogas desde su producción hasta su consumo”. En conclusión, para Bertomeu i Castelló, “lejos de estimar las consecuencias que podría tener para el erario público un proceso de regulación o legalización, simplemente parece que sirven para vender falsamente una mejor posición económica del Estado español (y del resto de Estados prohibicionistas) para asumir deuda pública con Bruselas, cuando en principio el Estado no recauda absolutamente nada de esta actividad”.

Trampas al solitario

En la misma línea, el economista crítico Carlos Sánchez Mato considera que el cambio estadístico implantado por el INE en el cálculo del Producto Interior Bruto, “no deja de ser una infantil actuación de ‘hacerse trampas al solitario’, que únicamente pretende generar mensajes de desinformación con el objetivo puesto en las elecciones generales”. Sin embargo este tipo de falsedades tienen un corto recorrido y revelarán muy pronto su incapacidad de explicar la actual situación”.

"El estancamiento nos acompañará durante un par de años, y luego España volverá a la caída del PIB"

Sánchez Mato recuerda que con estas modificaciones contables, la economía española se ha encontrado “de la noche a la mañana” con 26.193 millones de euros de riqueza adicional en 2013. Por tanto, el PIB nominal de este año alcanzó los 1.049 billones frente a los 1.023 billones que figuraban hasta ahora en las cuentas oficiales. Eso supone que los cálculos que se realizan en relación con el PIB podrán ser superiores. En definitiva, el Gobierno dispondrá de un colchón de gasto adicional de unos 2.000 millones de euros para cumplir el déficit, ya que el objetivo no es nominal sino que está en relación a la medición del PIB (5,5% para 2015).

“Ahora bien, esto no supone ninguna creación de riqueza, sino un cambio estadístico –advierte Sánchez Mato–. Esta modificación tiene efecto también en la consideración de la importancia de la deuda pública para la economía española ya que, igual que ocurre con el déficit, al incrementarse el PIB nominal por esta discutible actuación artificial para un mismo importe de deuda pública, ésta representará un porcentaje inferior del PIB”. De hecho, según explica este economista, la deuda pública del segundo trimestre de 2014 no varía (1,012 billones de euros), pero sí su ratio sobre el PIB, que baja al 96,4% frente al 98,9%”.

Deuda privada hecha pública

Y sin embargo, a pesar del dopaje de las cuentas, la deuda pública sigue creciendo. El economista y sociólogo Daniel Albarracín señala el por qué: “La deuda sigue creciendo porque la política de conversión de las deudas privadas en públicas, prosigue”. Y señala “el firme compromiso de hacer frente al pago de una deuda que, aunque se cuenta con bajas primas de riesgo y tipos de interés ínfimos, rebaña una parte amplia de los recursos públicos”. Ello en unos presupuestos que se realizan “en una situación donde se ha pasado de la recesión al estancamiento”.

Por mucho que se maquille la Contabilidad Nacional, Albarracín augura que “el estancamiento nos acompañará durante un par de años, y luego España volverá a la caída del PIB, sin tener política alguna de desarrollo propio y endógeno”. Se apoya en los datos: “La tasa de paro cae sobre todo por la caída de la población activa, y la creación de empleo, el último año, de unos 240.000 empleos, ha sido especialmente temporal, a tiempo parcial y estacional. No hay locomotoras para la economía española”.