Un millón de personas formaba una inmensa “V” el 11 de septiembre y el “efecto Pujol”, con el que el Gobierno pretendía neutralizar a Convergència Democràtica de Ca­ta­lunya, se mostraba insuficiente para detener un proceso que no parece tener marcha atrás. Como han explicado Antoni Domènech, Gus­­tavo Buster y Da­niel Raventós en Sin Per­miso, ha sido la movilización popular, Diada tras Diada, “la que ha determinado el impulso político institucional del Parlament y la Gene­ralitat, y no al revés”.

Poco después, el 18 de septiembre, el mismo día en el que se daba a conocer la permanencia de Esco­cia en el Reino Unido, el Parla­ment de Catalunya aprobaba la Ley de Consultas, con el apoyo de tres cuartas partes de la cámara y la sola oposición de PP y Ciutadans.
Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha jugado con los tiempos políticos para regatear el más que probable bloqueo del Tribunal Constitucional. Al cierre de esta edición, martes 23 de septiembre a las 19h, durante la tormenta desatada por la renuncia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la Ley de Consultas, aldabonazo de la la consulta del 9 de noviembre, no había sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca­talunya. Es el paso previo a la firma del decreto de convocatoria de la consulta para el día 9. El plan de festejos seguirá con la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario y la firma de un recurso de impugnación realizado por la Abogacía del Estado, que se presentará en el Tribunal Constitucional, recurso que está preparado, según dijo Gallardón en la comparecencia en la que anunció su salida.

El alto tribunal será el brazo ejecutor del “no” a la autodeterminación. Aunque el dictamen del Cons­titucional, formado por 12 jueces afines a PP y PSOE, tardará cinco meses en hacerse efectivo, la consulta estará técnicamente suspendida. En ese caso, CiU deberá decidir si sigue adelante con la votación o se aferra a la legalidad del Régi­men del 78.

En caso de insumisión, el escenario puede hacerse más hostil si el Gobierno del PP plantea la retirada de competencias a la Generalitat o si la Fiscalía interviene ante una even­tual de­sobediencia de Artur Mas, escenario que exige abiertamente ERC, socia de Gobierno de CiU, pero que rechaza completamente una de las dos patas del partido de Artur Mas, Unió. Como apunta el jurista Ge­rardo Pisarello en el blog Contra­poder de Eldiario.es, en el Estado español “lo que ha dominado es la amenazadora ‘razón de Estado’, empeñada en utilizar la Constitución, el Tribunal Constitu­cional, la Fis­calía General o el Código Penal si hiciera falta para acallar lo que en el Reino Unido o Canadá se ha aceptado como una consecuencia lógica del principio democrático”.

En el seno de CiU ya se han producido varias declaraciones que invitan al repliegue y a la asunción del “imperio de la ley” establecido por el Régimen del 78. Así, Josep Antoni Duran Lleida ha pedido que no haya precipitación ante los acontecimientos que se desarrollen a partir de la publicación de la Ley de Con­sultas, y reclama una “tercera vía” como la ofrecida por David Ca­me­ron durante la campaña del “no” a la independencia de Escocia. Las Can­di­daturas de Unidad Popu­lar (CUP) y el Procés Constituent, de Teresa Forcades y Arcadi Oli­veres, han pedido asimismo la de­sobediencia al Constitucional en el caso de que éste detenga la convocatoria del 9 de noviembre, y han recordado que el 80% de la población de Catalunya se muestra favorable a la consulta.

Sí o sí, el régimen pierde

Pero, como apuntan Domènech, Buster y Raventós, si Mas acepta “el imperio de la ley” planteado por el Gobierno español, el panorama sería igual de peligroso para los representantes del Régimen del 78: “La salida política prevista en caso de suspensión de la consulta el 9N –la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas– no sería, entonces, sino un paso más en ese proceso de acumulación de legitimidad constituyente”.

“Otro segundo paso importante, y acaso más decisivo –apuntan los editores de Sin Per­miso– será la elección de ayuntamientos con mayoría soberanista capaces de institucionalizar localmente la nueva correlación de fuerzas en la disputa entre legi­timidades”. En el blog Contra­poder, Pisarello plantea que el vacío simbólico de la posible suspensión de la consulta del 9-N “no sería una decisión cualquiera, representaría un golpe duro a una democracia menguada y vaciada de contenido. No sólo en Cataluña, sino también en el conjunto de España”.