El pasado 18 de septiembre, un grupo de 89 personas, la mayoría de ellas de origen camerunés, partieron desde Melilla hacia la Península. Es lo que las que viven en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) llaman “salida”. Un pequeño paso más hacia el objetivo que persiguen, muchas veces, desde hace años. Una vida (mejor) en Europa desde donde, también, poder ayudar económicamente a sus familias y comunidades de origen. Ya consiguieron cruzar la frontera, por tierra, mar y aire, saltando la valla, o como ellas dicen luchándola (fight the fence). Llegar a Europa, penetrar su fortaleza.

Cada salida, entre las personas que viven en el CETI, se vive poco menos que como una fiesta. Motivo de alegría, de esperanza, de oportunidad de oro. Cada persona que vive en el centro espera el día en que se les comunique que son las elegidas para el siguiente embarque, desde el puerto hasta la Península. Pero, ¿qué hay detrás de cada salida? ¿Una oportunidad de dar un paso más al otro lado del Mediterráneo o un callejón sin salida?

El 19 de septiembre, en la edición de un periódico local, el Faro de Melilla, aparecía una noticia sobre el embarque del día anterior. El titular hacia referencia a las declaraciones que uno de los chicos le hizo a la periodista: “No sabemos lo que nos espera en el CIE”.

Por lo general, cuando se dan este tipo de traslados a la Península, hay dos posibilidades. La primera, como sucedió el día 18, es que las personas sean trasladadas directamente a un CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros, tristemente conocidos por ser las cárceles de los “sin papeles”, y por haber sido denunciados, en numerosas ocasiones, por situaciones de malos tratos y vejaciones a los internos, y por no cumplir las mínimas garantías del respeto a los derechos más elementales en su interior. Allí, se les incoará un procedimiento de expulsión y, muy probablemente, serán deportados a sus países de origen, a través de vuelos comerciales o de macrovuelos de deportación, fletados específicamente con este fin por España o por la UE a través de Frontex, la agencia europea de vigilancia y control de fronteras. Si en 60 días no son deportados, quedarán en libertad, en situación irregular y con un procedimiento de expulsión abierto, o bien con la orden de devolución o expulsión vigente.

La segunda posibilidad es que sean trasladados a la Península con una autorización para permanecer en ella por uno o dos meses de manera regular. Pero las posibilidades de regularizarse en este período de tiempo son prácticamente nulas, lo que supone un callejón sin salida para miles de personas que, finalizada la “autorización”, quedarán en situación irregular.

En definitiva, los traslados desde el CETI a la Península responden a la estrategia del Gobierno de descongestionar el CETI debido a su saturación. Hace pocos meses, en mayo, vivían en él 2.400 personas, cuando su capacidad oficial es de 480. Ninguna intención por parte del gobierno de ofrecer una oportunidad a las migrantes en su Europa Fortaleza.

Pero cada movimiento, cada cambio, cada nueva situación, no deja de ser una oportunidad para las que, de momento, se alimentan de sus sueños e ilusiones.