La plataforma de afectados denuncia la modificación "a hurtadillas" de la ley hipotecaria después de que el TJUE la declarara ilegal y solicita a los jueces que anulen todos los procedimientos de ejecución hipotecaria realizados al amparo de la ley 1/2013.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentaba ayer, durante una acción frente a los juzgados de Capitán Haya, en Madrid, un "kit de emergencia 2.0" que pueda servir a las personas afectadas y a sus abogados de oficio ante las últimas modificaciones –"a hurtadillas", según denuncia la PAH– de la ley por parte del Gobierno.
El pasado sábado 6 de septiembre, dos meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara por segunda vez ilegal la legislación hipotecaria española, se publicaba en el BOE el Real Decreto-Ley 11/2014, que incluye una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que afecta directamente a las personas hipotecadas que hayan denunciado al banco por la existencia de cláusulas abusivas. Esta modificación da un mes, hasta el 8 de octubre, a las personas a las que anteriormente se les denegó su derecho a recurrir las cláusulas abusivas para que presenten un recurso.
"¿Por qué un gobierno promulga una ley que sigue dejando en indefensión a sus ciudadanos frente a los bancos? ¿Por qué un gobierno limita a un mes la posibilidad de recurrir a los estafados por cláusulas abusivas reconocidas como tales por la UE?", se pregunta la PAH en un comunicado. Por ello, además de denunciar este hecho, el comité jurídico de la PAH ha presentado de urgencia esta herramienta, que han publicado en su página web, para que las personas afectadas "puedan entregarlo a sus abogados de oficio para facilitar esta labor en este plazo de emergencia", explica el abogado Rafa Mayoral. Además, continúa, "no se puede poner el plazo de un mes para subsanar una violación de derecho fundamental realizada por un Estado contra sus ciudadanos".
Por este motivo, la PAH insta al Gobierno a "que se elimine el plazo de apelación a los afectados por las cláusulas abusivas y se declaren nulas las resoluciones que negaron el derecho a recurrir", además de exigir que de forma urgente se retomen las reivindicaciones de la Iniciativa Legislativa Popular (dación en pago retroactiva, paralización de los desahucios y alquiler social) que el PP no sólo se negó a aprobar en 2013, sino que sustituyó por la ley 1/2013, que ahora ha sido declarada ilegal por la UE.
Junto a la presentación del kit de emergencia, decenas de personas presentes en la acción han presentado un documento dirigido a los jueces decanos. "Les hemos facilitado una lista de sentencias del TJUE, entre ellas la que dice que cuando un juez vea que la normativa interna es contraria a la europea, puede aplicar directamente la europea", explica Mayoral, quien añade que "estamos pidiendo que anulen todos los procedimientos de ejecución hipotecaria realizados al amparo de la ley 1/2013, o por lo menos que los suspendan todos y que planteen cuestiones prejudiciales ante el TJUE, pero que no apliquen una ley que es abiertamente ilegal, viola los derechos humanos y les invita a prevaricar". Esta acción volverá a repetirse en juzgados de todo el Estado el próximo día 23 de septiembre.
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