La rectificación por parte del Gobierno se conoció tras la reunión que el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, mantuvo el 4 de septiembre con los sindicatos CC OO y UGT, además de representantes de las patronales CEOE y Cepyme. La decisión ha estado marcada por la movilización en redes sociales y, a lo largo del mes de agosto, de las personas afectadas por el decreto con el que se empeoraba el acceso a la jubilación anticipada de miles de personas. Esta medida, que ha aplicado de forma provisional el Gobierno, afectaba a las personas que, habiendo perdido su trabajo antes del 1 de abril de 2013, no formaron parte de un despido colectivo y mantenían convenios individuales con la Seguridad Social. Finalmente, este colectivo podrá acogerse a la jubilación anticipada con 61 años en las mismas condiciones que estaban vigentes antes de las últimas reformas de las pensiones de 2011 y 2012. En total, durante el tiempo que la Seguridad Social había modificado su criterio, unas 1.500 personas se han visto perjudicadas por esta medida, y se les ha denegado parte o incluso el total de su pensión. Tomás Burgos ha defendido que, tras comprobar que los convenios suscritos por los interesados “estaban funcionando correctamente y no eran mecanismos para aprovecharse del sistema”, la modificación pretendida se desestima porque “no era totalmente acorde al espíritu de la norma”.

Con la medida, podrían haberse visto implicadas como mínimo 35.000 personas

El conflicto venía dado por el hecho de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había decidido alterar su propia norma, excluyendo de la jubilación anticipada a las personas que tenían suscrito un convenio especial con la Seguridad Social. Estos convenios los puede abonar un trabajador o trabajadora directamente al INSS, manteniendo de esta manera la cotización anterior a pesar de no trabajar. Tras la reforma, se consideraba que abonar este convenio suponía incluirse en alguno de los regímenes del sistema de Seguridad Social. En otras palabras, si se había cotizado por jubilación a partir del 1 de abril de 2013, incluyendo el abono de un convenio especial de cualquier tipo, no sería posible, aplicando la antigua ley, reconocer la pensión de jubilación. Esto suponía una “evidente ilegalidad”, según ha desarrollado en su blog personal el abogado Miguel Arenas, experto en Derecho Laboral.

El objetivo de esta nueva interpretación de la norma es económico, al intentar privar del derecho a la jubilación anticipada, o reducir de forma significativa el importe de sus pensiones, a personas que legalmente tienen reconocido su derecho de acceder de modo prematuro a su jubilación. El nuevo criterio también padecía de una llamativa falta de sensibilidad social, ya que iba dirigida a personas pertenecientes a colectivos vulnerables, incluyendo trabajadoras y trabajadores que habían agotado su prestación por desempleo y decidían pagar el convenio especial para asegurarse una cotización mínima en el tramo final de su vida profesional. Se calcula que, de haber seguido adelante con la medida, podrían haberse visto implicadas como mínimo 35.000 trabajadores y trabajadoras.

Alerta ante cambios futuros

Este intento del Gobierno de recortar de nuevo derechos ha servido a los sindicatos para estar alerta ante posibles cambios futuros en la normativa sobre acceso y cuantía de pensiones. Los sindicatos UGT y CC OO han mostrado su satisfacción por la rectificación del Gobierno, pero aclaran que hay que mantener la cautela de cara al futuro. Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) de Catalunya ha declarado que “el ejecutivo español y la dirección del INSS han demostrado otra vez estar al servicio de la patronal (que cada vez reclama cotizar menos) a costa de los intereses de la gran mayoría, la clase trabajadora, que cada vez trabaja más años para conseguir pensiones más bajas”. Además, hacen hincapié en que las distintas comparecencias de los miembros del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados durante el mes de agosto en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, mostraron posturas de reafirmación en la primera decisión de modificar el acceso a la jubilación anticipada, y no parecen ofrecer ninguna garantía de que en el futuro no vuelvan a intentar reinterpretar, cuando no modificar, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

Los sindicatos también han destacado la actitud militante de cientos de personas informando y organizándose en internet y en las redes sociales. Fruto de esa actividad, varios juristas publicaron en agosto el “Manual de Primeros Auxilios” para las personas a las que les fuera denegada o no obtuvieran respuesta a su solicitud de jubilación anticipada al haber suscrito un convenio con la Seguridad Social. El abogado Miguel Arenas también recuerda que los cambios de criterio del INSS, cuando han causado perjuicio a personas solicitantes de diversas prestaciones, han sido anulados en sede judicial en numerosas ocasiones, reconociendo jubilaciones anticipadas, complementos de gran invalidez, enfermedades profesionales y compatibilidad de pensiones entre diferentes regímenes de Seguridad Social, lo que ofrece una vía de esperanza a las personas afectadas por reformas en el sistema de pensiones.